Parecía que la burbuja inmobiliaria iba a hacer reflexionar sobre la vivienda. Algunos pensamos que llevaría a las administraciones, especialmente las municipales, a estructurar un nuevo modelo para ser menos dependientes de la necesidad de la venta de su patrimonio de suelo, puesto que no resuelve ninguno de los problemas, ni el de su financiación ni el de las personas que necesitan una vivienda.
Se sigue pensando que hacer más viviendas resuelve el problema social, lo que pone de manifiesto que no se ve que los grupos con necesidad de vivienda no siempre tienen capacidad de compra y que no es razonable que las plusvalías generadas con actuaciones públicas terminen en las manos privadas de aquellos que recibieron ayudas cuando tenían necesidad.
¿OTRA BURBUJA INMOBILIARIA?
Parece que nos acercamos a un ritmo acelerado a una nueva burbuja inmobiliaria. Así se dice en el informe realizado por el banco UBS para 2018, aunque “existe un menor riesgo de contagio económico” ya que el proceso actual está concentrado en las grandes ciudades. El coste de la vivienda está aumentando en todas las grandes capitales del mundo. Nos enfrentamos a una mayor distancia entre los ingresos personales y el precio que del alojamiento. La medida más interesante que propone dicho informe es una mayor REGULACIÓN por parte de los poderes públicos.
Hay cifras que ponen de manifiesto la necesidad de nuevos criterios político a la hora de abordar la política de vivienda. Los precios del alquiler, en los últimos cinco años se han incrementado un 47% en Barcelona y un 38% en Madrid. El INE pone de manifiesto que en 2018 la compraventa ha aumentado por encima del 10%, y, a todo esto, vemos que las ayudas a la vivienda en 2018 en España representan un 0,04% del PIB, que sumando las ventajas fiscales alcanzaría el 0,22% del PIB, muy lejos del promedio europeo que está en el 0,6% del PIB de la UE. El INE calcula que en 2017 un 24% de los ingresos de las familias se utilizaron para pagar el alquiler, un 26,5% en Madrid. Si desagregamos por edades nos vamos a unas cifras alarmantes para los jóvenes entre 24 y 34 años, pues su coste de “emancipación” significa pagar por su casa un 57% de sus ingresos en el caso del alquiler. Un 40% de los menores de 30 años no pueden ni comprar ni alquilar. Son datos que ponen de manifiesto que, con la política de recalificación masiva de suelo en Madrid, lejos de conseguir que los jóvenes encontraran su alojamiento en la capital, se sigue produciendo su salida hacia la periferia como en la década de los 80.
ES NECESARIO UN PACTO POR LA VIVIENDA
Nadie parece querer asumir una estrategia de vivienda a largo plazo. La solución del problema que afecta cada vez a más ciudadanos, precisa de un acuerdo entre los grupos políticos a largo plazo, que permita estabilizar unos criterios y asienten una política que lo resuelva realmente.
Es fundamental acometer, a largo plazo, una política pública de vivienda que incremente, de forma sustancial, la actual “raquítica” participación de las administraciones públicas en el desarrollo de un parque inmobiliario público que influya de verdad en la solución de un arraigado desequilibrio entre alquiler y propiedad. Por ejemplo, sería bueno que una importante proporción de las viviendas en manos de la SAREB, que son públicas, pasaran ser gestionadas por aquellos municipios que tengan capacidad, ofreciendo alternativas de alquiler en función de los recursos de aquellos que las necesitan. Resulta muy cuesta arriba entender que el Ministerio de Fomento quiera construir 20.000 viviendas de nueva edificación, teniendo un patrimonio improductivo en manos de la SAREB. Se hace cada vez más necesario dejar de poner parches a la política de vivienda y que se produzca un cambio radical en la legislación.
Para fortalecer una política de vivienda largo plazo, debería impedirse que cualquier administración venda su patrimonio de suelo o su parque de vivienda.
Para que se produzca un cambio profundo es necesario mejorar la información sobre vivienda, que como ya advertíamos hace más de 10 años (El fenómeno de las viviendas desocupadas, 2008, pp. 101-105), debe materializarse con la creación de un registro estatal de viviendas, de licencias de primera ocupación, obtención de flujos de hogares de los padrones municipales, integrar la información del catastro y el padrón, etc. José María de la Riva
Secretaria General de Vivienda en el Ministerio de Fomento. Es licenciada en Derecho Público, por la Universidad de Valencia. Máster en Derecho Público y Organización Administrativa por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Máster en Estudios Urbanos y Regionales, por la London School of Economics and Political Science. Es funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional desde el año 2001. 
Economista, especialista en mercado y políticas de vivienda. Ha colaborado con diversas universidades organizando y participando en cursos y másteres en estas materias y ha redactado artículos para revistas especializadas sobre la incidencia de las políticas de vivienda en la demanda y necesidades de la sociedad. Entre el 2004 y el 2011 ocupó los cargos de directora general de Vivienda, y de Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña. Impulsó, entre otras normas, la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda y el “Pacto Nacional para la Vivienda, 2007-2016”, firmado con 36 organizaciones públicas y privadas, el octubre del 2007. Actualmente preside la Fundación Hàbitat3 Tercer Sector Social de Cataluña Preside el “Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona”, impulsado por las cuatro administraciones públicas competentes en este territorio.
BEATRIZ TORIBIO
