sábado, 16 de marzo de 2013

ENLACES DE INTERÉS: ¿QUÉ VA A PASAR CON LOS GRANDES DESARROLLOS DEL PG97?

Proponemos algunos documentos y enlaces en relación con el tema a tratar en la sexta sesión: 

¿Qué va a pasar con los grandes desarrollos del PG97?

Documentos de referencia:

Seguimiento de la gestión en los nuevos desarrollos urbanísticos. Situación a 28 de febrero de 2013. Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Brandis García, D. (2012): “Los grandes desarrollos residenciales de la periferia de Madrid: de la burbuja a la crisis inmobiliaria”, en Delgado, C. et al. (ed.): Ciudades y paisajes en el siglo XXI, Santander, Estudio, (241-261), ISBN: 978-84-932036-1.

Noticias:


PONENTES DE LA SEXTA SESIÓN

En esta ocasión, la sesión se dedicará a preguntar cuál es la evaluación y cuáles son las propuestas de la Revisión del Plan General sobre los grandes desarrollos urbanísticos del Plan General del 97, para ello contaremos con la participación de:


Julio Vinuesa Angulo, Doctor en Geografía. Catedrático de Geografía Humana en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor del Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible del mismo Departamento y en otros varios másteres y cursos de posgrado. Es autor de más de 80 libros y artículos en revistas científicas y profesionales sobre dinámica demográfica, desarrollo urbano y demanda de vivienda. Tiene una extensa experiencia como consultor de entidades públicas y privadas. Ha colaborado en numerosos Planes Urbanísticos y de Ordenación del Territorio en la elaboración del diagnóstico sobre la dinámica demográfica y la determinación de las necesidades de vivienda y de suelo residencial.


Beatriz Lobón Cerviá, Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana en el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Secretaria de Administración Local con Habilitación Nacional y Técnico del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en la Administración Pública: 

En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

- Jefa de la Oficina Provincial de la Administración Local 
- Jefa del Servicio Jurídico en la Dirección General de Administración Local.

En el Ministerio de Administraciones Públicas: 

- Jefa de Área de Seguimiento Normativo Local en la Dirección General de Régimen Jurídico. 

En la Comunidad de Madrid: 

- Jefa del Servicio de Inspección Urbanística en la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial 
- Jefa del Servicio de Normativa y Régimen Jurídico de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
- Coordinadora del Área de Urbanismo en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

En el Ayuntamiento de Madrid desde 2004: 

- Directora Gerente de la Oficina del Centro, dependiente de la Concejalía de Economía y Participación Ciudadana. 
- Gerente Municipal de Urbanismo hasta la desaparición de este órgano. 
- Directora General de Gestión Urbanística. 
- Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Madrid en el Área de Urbanismo y Vivienda. 

Ha participado como docente en cursos relacionados con el urbanismo en las siguientes universidades. Complutense, Politécnica, Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria. Además ha colaborado en diversas publicaciones relacionadas con el derecho urbanístico.


Enrique Bardají Álvarez, Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (1976). 

De 1980 a 1982 fue Jefe del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Entre 1982 y 1987 fue Gerente de Urbanismo y desde 1985 a 1987 fue Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. 

En el año 1987 funda el estudio E. Bardají & Asociados. Arquitectos S.L. del cual es Director General. 

Es Catedrático de Diseño Urbano en la Facultad de Arquitectura de Dortmund, Alemania (1992) (en excedencia) y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1998. 

Ha sido distinguido con los siguientes premios: Europeo de Planeamiento Local (2000), Arturo Soria y Mata de Planeamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid (2001), Carlos María de Castro de Planeamiento Medioambiental de la Comunidad Autónoma de Madrid (2002), Mención de los Premios de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, Distinción a la obra de arquitectura Bien Hecha del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (2003) y Premio ASPRIMA a la Rehabilitación Residencial (2007).

¿QUÉ VA A PASAR CON LOS GRANDES DESARROLLOS DEL PG97?

Jueves, 21 de marzo. 19:00 h.

Sexta Sesión:

¿Qué va a pasar con los grandes desarrollos del PG97?

Modera: 

- Julio Vinuesa Angulo. Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ponentes: 

- Beatriz Lobón Cerviá. Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Madrid.
- Enrique Bardají Álvarez. Arquitecto urbanista.

¿Cuáles son las propuestas de la Revisión del Plan General con respecto a los grandes desarrollos programados en el Plan de 1997?

Al finalizar la intervención tendrá lugar un debate con el público asistente.

domingo, 10 de marzo de 2013

RESEÑA DE LA SESIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2013

Quinta Sesión del Curso 

“¿Cómo afronta el Plan General la recuperación de la ciudad existente?” ha sido el tema de la quinta sesión del curso: “La revisión del Plan General: ¿una oportunidad para participar en el futuro de Madrid?”.

Esta sesión debatió acerca del diagnóstico que hace el Plan sobre el estado de la ciudad existente, así como las distintas acciones que propone para la rehabilitación de las áreas degradadas. Por otra parte, se buscaron alternativas para poner en valor el capital social, económico e histórico del patrimonio edificado existente. 

Participaron Carlos Lasheras Merino, Arquitecto, Subdirector General de Ordenación y Patrimonio Protegido del Ayuntamiento de Madrid y María Roces González, activista del movimiento vecinal, representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Luis Moya González, Arquitecto, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, moderó la sesión.


¿Cómo afronta el Plan General la recuperación de la ciudad existente? 

El moderador inició la sesión con una reflexión acerca de la importancia de recuperar la ciudad como nuestro territorio, el espacio identitario que compartimos los ciudadanos. Abandonar edificios, dejar los barrios a su suerte, son ejemplos de acciones que le hacen bastante daño a la ciudad y que requieren una intervención sistemática. 

Como primer punto, a partir de algunos antecedentes históricos, planteó la definición de patrimonio, como todo lo que está construido pero que además contenga otros valores, uno compositivo, un estado físico de conservación suficiente y una habitabilidad (tres elementos vitruvianos). Conservar o no conservar también tiene mucho que ver con la economía, no con la expectativa comercial de lo que puede llegar a ser un solar, sino lo que puede valer o no la reconstrucción de una edificación, si es realmente viable la recuperación. 

Como segundo tema, cuando se habla de proteger, de conservar, se está hablando del contenido. Un barrio es lo que es por los vecinos, hacer limpieza de ese contenido es desdecir su identidad. 

En tercer lugar, el mantenimiento de las cosas es una cultura muy arraigada en los países del norte. A diferencia de ellos los países mediterráneos se centran en construir, inaugurar y luego, que las cosas se mantengan por si solas. 

En Madrid se mantuvo la demolición del patrimonio hasta 1976, cuando se realiza un pre-catálogo realizado por Juan López Jaén. Dicho pre-catálogo se quiso convertir en un Plan denominado el ‘Plan del Madrid Construido’, finalmente no aprobado, sino que se aprueba el ‘Plan de la Villa de Madrid’ que sí reconoce en gran parte los contenidos de este pre-catálogo. 

En la ciudad de Madrid se ha hecho muy poca recuperación. Si se ha hecho una gran operación de recuperación tirando barrios estupendos ligados al franquismo. Luego han venido los ARIS bastante descafeinados con lo que tiene que ver con la regeneración integral de un barrio. No es solamente poner ascensores, aislar fachadas y cubrir los tendederos, son mucho más cosas las que deben ser tomadas en consideración. 

Carlos Lasheras Merino, centró su presentación en dos aspectos: ¿qué diagnóstico hace el Plan en el documento de preavence sobre la recuperación de la ciudad existente? y un segundo aspecto ligado a las propuestas, en torno a ¿qué tipo de actuaciones o determinaciones se plantean para mejorar su recuperación? 

Al hablar de la ciudad existente, no sólo se habla en el Plan de recuperar un espacio determinado, sino que el Plan tiene como objetivo recuperar la totalidad de la ciudad, no solamente un barrio o una urbanización. 

Por situar con algunas cifras a la ciudad, Madrid como ciudad compleja cuenta en 2012 con 3.269.830 habitantes (el 50 % de la Comunidad de Madrid); posee además 1.747.397 empleos (el 62 % de la Comunidad de Madrid); un PIB de 122.586 m € (14,7 % del PIB nacional); y 26.852 has de suelo urbano, equivalentes al 44% del término municipal.

El suelo urbano (residencial, industrial o terciario), que ya tiene urbanización terminada o que se está urbanizando y que por lo tanto en un período corto de tiempo estaría en situación de admitir nueva edificación, presenta las siguientes magnitudes:

 

Por tanto, si miramos la ciudad existente, cabe concluir que Madrid no necesita más suelo para nueva edificación. Esto, hablando de suelo que está ya listo para ser edificado, sin tomar en cuenta otros suelos en proceso de planeamiento o que todavía no han comenzado su transformación física. 

Pero, siguiendo con la ciudad existente, otro tipo de usos son los denominados espacios dotacionales y zonas verdes, usos al servicio de las viviendas y espacios de trabajo. Cabe decir que, con carácter general, Madrid cuenta con suficiente suelo para dotaciones. Se debe aclarar que se habla de suelo, no de dotaciones reales.


Los problemas empiezan cuando se estudia el territorio fraccionadamente, la distribución no es homogénea en Madrid, no es equilibrada ni en usos lucrativos ni dotacionales. A nivel de distrito, al cuantificar los usos en todo el territorio aparecen disparidades importantes, en rojo aparece la proporción residencial, en color naranja la actividad económica inserta en los bajos o primeras plantas de uso residencial, mientras que el morado es actividad económica exclusiva.


En algunos distritos esta distribución de usos no pareciera ser muy sostenible, ya que es muy marcada la especialización residencial o industrial. En los distritos periféricos los desequilibrios son mayores. 

Tampoco es homogénea la distribución de zonas verdes por distritos. 

El siguiente gráfico permite comparar la distribución de usos y edificabilidades del distrito Centro y Moratalaz. Lo más llamativo es que el espacio libre total en el distrito Centro alcanza el 40%, mientras que en Moratalaz es de 70%, en éste además del suelo libre público hay que incorporar los suelos libres de titularidad incierta, que constituyen los espacios interbloques.


Se ha hecho un sistema de análisis de la ciudad a través de indicadores que, por áreas geográficas diferenciadas, permitan tener una pauta de cómo se comporta la ciudad existente. La ciudad presenta desequilibrios entre el norte y el sur, el exterior de la M-30 o el interior, diferencias que tienen que ver con lo físico y con lo social. En la siguiente imagen se pueden ver las áreas temáticas y las ventajas de contar con este tipo de sistemas. 


Como propuestas, desde la óptica de la revisión del PGOU lo que se intenta es crear instrumentos de regulación normativa que puedan facilitar las políticas de regeneración y de intervención de la ciudad existente en el momento en que se quieran poner en marcha.

Desde un punto de vista técnico, al analizar los instrumentos del Plan del 97, se observa que en determinados temas el Plan no resultaba operativo. Además es importante tener en cuenta los límites a los que se ve sometido el Plan; por ejemplo, el marco legislativo español presenta una carácter desarrollista, está más pensado para la nueva ciudad y que para la regeneración de la ciudad existente, no vincula inversiones públicas a la planificación general, además la inversión privada tampoco está programada y finalmente el objetivo básico del Plan General se termina centrando en la regulación de usos y la edificabilidad. 

El modelo del plan general que se aborda desde el equipo redactor, avalado políticamente, es hacer un plan con carácter estructurante. El Ayuntamiento de Madrid desea adquirir el máximo control de competencias que le permita la legislación urbanística, sin caer en un plan determinista y controlador, sino más bien flexible ante situaciones diversas. 

Para la ciudad existente, se está abordando como uno de los problemas básicos, la creación de un sistema de implantación de usos y utilización de instrumentos que permitan la intervención en áreas de vulnerabilidad urbana, para poder proceder a su renovación y también crear instrumentos normativos que faciliten la habitabilidad del patrimonio edificado. 

Respecto al sistema de regulación de usos, se intenta crear documentación con información actualizada de cómo funciona la ciudad. Se delimitan áreas funcionales que presentan una determinada mezcla de usos con distintos umbrales y gradientes de porcentajes. Lo que se busca como un objetivo general es la mezcla de usos con unos máximos y unos mínimos. En cada zona se crean objetivos en donde las situaciones sociales y de mercado posibiliten el que se den estos cambios. El plan no puede obligar a que las cosas sucedan, pero si intentar inducir hacia determinados cambios. 

Respecto a la generación de instrumentos en áreas vulnerables, el Plan desarrolla una serie de indicadores que van a permitir determinar donde están esas áreas para poder intervenir sobre ellas, pero está claro que para ello serán necesarios presupuestos con los que sustentar las actuaciones.


La idea es crear Planes Integrales de Renovación Urbana, sin delimitar un área específica, son ámbitos residenciales de vulnerabilidad o ámbitos de actividad económica obsoleta. Como son integrales se debe actuar sobre la edificación, el espacio público y las condiciones socioeconómicas, con participación ciudadana y desarrollados mediante planes de iniciativa pública. Tienen que ser ámbitos en los que sea posible incorporar incrementos de edificabilidad y cambios de uso que permitan mejorar la sostenibilidad económica de la intervención y con posibilidad de definir su gestión. 

Otro elemento del que adolecía el Plan de 97, es el concepto de infravivienda y edificio inadecuado al uso residencial. 


Finalmente, el otro problema básico a abordar desde el avance del PGOU es la incorporación de una posibilidad de adecuar el patrimonio actual protegido y no protegido, histórico y no histórico a los requerimientos actuales básicos de accesibilidad, seguridad, habitabilidad, funcionalidad y sostenibilidad. Esto se tiene que traducir en que la incorporación de estos elementos vaya acompañada de una normativa que facilite el uso de los edificios. 

María Roses González, comienza señalando que las Asociaciones de Vecinos aplauden muchas de las iniciativas planteadas en los documentos de diagnóstico de la Revisión del PGOU, ya que muchas de sus alegaciones al Plan del 97 son recogidas en estos nuevos documentos. 

Es necesario continuar la batalla de la recuperación y remodelación de barrios, aunque se haya estigmatizado el concepto por significar intervención pública y una importante participación ciudadana. 

Cuando se abandonan las políticas públicas de vivienda, las Asociaciones de Vecinos de la ciudad de Madrid se insertan en un programa de cooperativismo de Vivienda Protegida. 

Coincidiendo con el Plan del 97, se desarrolló un proceso de declaración sistemática de ruinas, y hubo que montar comisiones que luchan contra esas declaraciones. 

El Plan del 97 plantea un crecimiento al límite de la capacidad y en el 98 la Ley del Suelo intenta colonizar absolutamente todo el territorio, por ello las asociaciones siguen luchando en defensa de la ciudad existente y los barrios populares (cuna del asociacionismo popular). El ‘Plan Villa de Madrid’ hace que se consigan las primeras delimitaciones de áreas de rehabilitación, aunque sin una programación temporal ni económica. 

Aunque en ese momento está en boga los crecimientos desmesurados, con los PAU’s, en los Planes Estatales de Vivienda y en el Primer Plan Regional se consiguieron algunas pocas áreas de rehabilitación, lo que generó ayudas a las comunidades de vecinos para la regeneración privada en algunos barrios. Las Asociaciones de Vecinos han intentado defender los barrios, pero sobre todo buscar ayudas para su rehabilitación, ya que no han existido planes dirigidos exclusivamente a este tema.


El problema de la planificación no está en las elaboraciones técnicas sino en las posteriores decisiones y políticas; del mismo Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Fomento, que en la mayoría de los casos desoyen las propuestas de los técnicos. 

Respecto a las áreas de rehabilitación, a la pregunta ¿Qué propone el Plan para la rehabilitación de las áreas degradadas? Desde el 2003 al 2011 hay un impulso en la ciudad de Madrid con 15.000 viviendas rehabilitadas, con ejemplos en el Centro Histórico y barrios periféricos como La Elipa, San Cristóbal de los Ángeles o Ciudad de los Ángeles. Pero no fue el planeamiento el que delimitó estas áreas, eso si, en su financiación participaron las tres administraciones. 

En enero del 2011, 30 asociaciones de vecinos de la ciudad de Madrid estaban impulsando 35 áreas o zonas de rehabilitación, con 68.000 actuaciones compartidas por las tres administraciones, el caso de Lavapiés es emblemático con unas 7.000 viviendas rehabilitadas. Sin embargo, al día de hoy la situación es dramática, sólo quedan 5 asociaciones de vecinos y los objetivos son unas 1.400 viviendas. La Comunidad de Madrid se ha dedicado a liquidar las actuaciones en las áreas de rehabilitación al dejarlas sin presupuesto, bases reguladoras y facilidades informáticas para su desarrollo. El Ayuntamiento de Madrid tampoco tiene ayudas en este momento para la rehabilitación. 

El problema desde los barrios, son las políticas desde las tres administraciones que se encargan de desmantelar toda la experiencia acumulada hasta ahora. El nuevo Plan Estatal 2013–2016 es un plan sin dinero por lo que el panorama se ve bastante negro en el futuro. 

El detalle de las propuestas ha sido entregado recientemente por la FRAVM al Ayuntamiento. Respecto a la propuesta global lo que se busca es que haya un plan de rehabilitación de la ciudad de Madrid dentro de la Revisión, para terminar las áreas que están inacabadas y desde luego el Centro Histórico. Además de eliminar algunas zonas de infravivienda en Lavapiés y Tetuán. Se coincide con los planteamientos actuales de la revisión del PGOU, pero el principal problema son las políticas de financiación. 

DEBATE CON EL PÚBLICO ASISTENTE 

Luis Moya (moderador): reflexionó sobre algunas de las ideas ya expresadas. Destacó la idea de ‘plan estructurante’, con el fin de crear una estructura sobre la que desarrollar planes más específicos. Otra idea a destacar es la importancia que se le da a la mezcla de usos, evitando con ello ciudades inhóspitas. También se pregunta ¿hasta qué punto protegemos? ¿se logra hacer más habitables los edificios, las plazas? ¿Se pueden establecer comisiones de seguimiento de recuperación como las que existen actualmente en Holanda? 

Respecto a las intervenciones de María Roces, subrayó lo dicho sobre Lavapiés, como una experiencia en donde confluyó la participación de las tres administraciones, con los vecinos detrás. Además realizó algunas preguntas para los ponentes: 

¿Cómo un plan, que desde el punto de vista técnico pareciera intachable, va a realizar su gestión? 

¿Qué expectativas hay de que la Comisión de Patrimonio pudiera ser una única oficina para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento? ya que también se debe tener una visión territorial para patrimonio, como en muchos otros temas mencionados en las anteriores sesiones. 

En el caso de las asociaciones de vecinos, la principal cuestión es la crisis, pero ¿se están pensando en acciones de autogestión desde las asociaciones para integrarse a los programas de rehabilitación? Desde los años 40, se ha dado una perversión al pensar los bienes inmuebles como un negocio, pero ¿se pueden montar desde las asociaciones de vecinos sociedades sin afán de lucro? 

María Roces: Sobre la gestión y las competencias urbanísticas, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local va a ser un problema para gestionar el plan en materia de rehabilitación. Madrid tiene una buena experiencia con la Empresa Pública de la Vivienda, pero esta institución está amenazada de muerte, tanto por la mala situación económica del Ayuntamiento como por la pérdida de competencias. La gestión del Plan no la va a realizar la Dirección General del Plan General de Madrid, ésta simplemente interpretará y dará la norma, pero posteriormente esta pérdida de competencias va a ser un problema. 

Durante la elaboración del Plan las asociaciones de vecinos están participando en todas las mesas, en el Plan anterior no hubo participación 

¿Cómo se participa después del Plan? Hemos participado con el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, con los instrumentos de gestión en la rehabilitación de los barrios, además hemos trabajado en temas como el equilibrio territorial. Nosotros creemos en la ciudad compacta, por ello nos parece una barbaridad la eliminación del suelo industrial en el centro (zonas como Villaverde y Méndez Álvaro) que ahora estamos pagando, hecho que ya ha reconocido la evaluación el Plan del 97 como un error debido a que supuso una enorme recalificación a suelo residencial. 

Las Asociaciones de Vecinos hicimos unos planes para conseguir dotaciones para distritos periféricos. En el caso los PAUS, además de tener serias deficiencias en el diseño, el principal problema es la ausencia de equipamientos, por eso peleamos por la dotaciones que en el Plan Parcial aparecen pintadas, pero que en la realidad no existen. También ocurre que los Planes Parciales sufren modificaciones y que los estándares del planeamiento desaparecen. 

Si hay una administración que da oportunidad de participación, entonces lo hacemos, en este Plan estamos participando desde la Comisión de Urbanismo, alegando y luchando por los intereses comunes, como por ejemplo el polideportivo de la Cebada. El problema es cuando no se permite participar. Las AAVV hicimos unas cooperativas autogestionarias porque había concursos de suelo, teníamos la demanda estructurada y con el apoyo vecinal logramos hacer las viviendas más baratas de Madrid. Pero luego los concursos de suelo desaparecieron y fueron otros agentes los que tomaron partida de ello. 

Como asociación, al igual que muchos otros movimientos sociales que trabajan activamente en Madrid, tenemos la mejor disposición de colaborar en la cogestión de muchos proyectos, pero es necesario abrir los cauces. En nuestra participación en el Plan aportamos, alegamos y hacemos propuestas. 

Carlos Lasheras: Respecto a la participación y los modelos más anglosajones en el norte de Europa, considero que la participación no se gana por decreto, es decir el PGOU difícilmente sería el instrumento donde se pueda formalizar esto. Hay cogestión y participación, no obstante dado el régimen que tenemos, las decisiones al final son tomadas por el Pleno Municipal y el equipo del gobierno municipal, ambos entes autónomos. En otros países, puede que la participación tenga mucho más peso histórica y jurídicamente en la toma de decisiones, pero creo que en este sentido una transformación de los instrumentos con que contamos escapa a las posibilidades del Plan. 

Jorge Martín: A propósito de los indicadores, me parece que es un inicio interesante de cambio de postura a la hora de regular, dejando de lado la estaticidad de los planes y permitiendo que se vayan adaptando al tiempo. 

No obstante, considero que tiene un problema de fondo pues se presenta como una postura objetiva de análisis de la realidad pero puede leerse en el futuro, por parte de los gobiernos desde una ideología política. Por ejemplo el hecho de decidir que la compacidad es positiva o negativa es una decisión ideológica, pues se dan niveles o valores que son buenos o malos. 

Las preguntas que deseo plantear son: ¿cómo se han tomado las decisiones de si esos indicadores son buenos o malos?, ¿cuentan estos indicadores con una ideología política o podría a posteriori interpretarse por gobiernos futuros de diferentes manera?, ¿en qué medida se cruzan los indicadores para llevar a visiones más complejas de la realidad urbana?, ¿podría puntualizar en la forma en que se evalúan o diagnostican las dotaciones? 

Respecto a la evaluación de dotaciones se ha dicho que estas se evalúan en m2/ habitantes. Considero que ante esto vale la pena una vuelta de tuerca, porque por ejemplo no es lo mismo 1 m2 de polideportivo que 1m2 de centro social, por tanto, se deberían analizar por nivel de actividad que presta o nivel de dotación real que presta al ciudadano más que por m2, y eso ligado a un análisis socioeconómico que pueda derivarse de los indicadores. 

Carlos Lasheras: sobre los indicares, todo sistema implica una ideología en alguna medida, no obstante los indicadores en sí son datos objetivos, otra cosa es cómo se utilizan. Los indicadores constituyen un instrumento que puede incorporar elementos que permitan elaborar estrategias con un conocimiento de causa más profundo, que la mera intuición o la decisión discrecional. 

En cuanto al análisis dotacional, es cierto que en el plan está referido a suelo y metros cuadrados, no obstante en el Diagnostico también se habla de la calidad y la cualidad. Lo cierto es que lo básico de este Plan y su competencia neta son la regulación del suelo y la intensidad edificatoria. Es cierto que un estándar de suelo no significa más que un dato, además no necesariamente está vinculada con una mayor o menor trascendencia de las dotaciones, o con la existencia de la instalación y el servicio. Desde el punto de vista urbanístico, la necesidad de una dotación es el suelo la materia prima, aunque eso claramente no resuelve el problema. 

Con el instrumento que estamos elaborando, no se acaba la construcción de la ciudad sino que en todo caso comienzan muy incipientemente algunos cambios, quedarán pendientes cosas mucho más importantes que las determinaciones del Plan General. 

José María de la Riva: El diagnóstico mostrado es tremendamente preciso y es de agradecer que este trabajo sea sincero en detectar los problemas encontrados derivados del Plan General del 97. 

Hay una parte, que considero complicada, y que va más allá de las posibilidades inmediatas, pero que creo que debe dársele cobertura. Estamos hablando de rehabilitación, de recuperar espacios deteriorados, por lo cual mi cuestionamiento pueda ser contradictorio, no obstante quisiera saber ¿cómo vamos a recuperar los espacios descompensados que tiene el Plan General a partir de las propuestas de los PAUS del 97?, ¿cómo va a resolver esta situación la revisión del Plan General? 

Estos espacios descompensados constituyen una parte de la ciudad que no tiene posibilidad de compatibilizarse con el entorno ni con el conjunto de los parámetros que se determinan para el resto de la ciudad. Por tanto, si bien no es una estrategia encaminada a la rehabilitación, el Plan General debe resolver cómo compensar estos espacios que han quedado fuera del conjunto de la ciudad. 

Carlos Lasheras: Respecto a la ciudad consolidada reciente y los PAUS, si bien coincido con que el producto espacial creado es deficiente, son ámbitos muy recientemente urbanizados y hasta que sea razonablemente revisar esa urbanización van a pasar años, pues es ilógico hacer alteraciones en estas zonas donde se han hecho altas inversiones económicas que apenas y se han estrenado. Deberá ser un tema que probablemente sea abordado por los próximos Planes Generales. Este Plan General se centra en resolver los problemas de la ciudad existente. 

Carlos Fernández Salgado: Se agradece la exposición exhaustiva cuantitiva, tal vez han quedado datos sueltos, pero se entiende que se ha querido diagnosticar que hay una sobredotación de suelo para equipamientos y zonas verdes que permite un aumento de densidad, sobre todo en la periferia. 

Si vemos cómo son las piezas de Madrid, hay un gran peso de periferia en bloque abierto, lo más actual de 3 y 5 pisos, en los cuales se intuye que se permitiría un aumento de densidad, en la propuesta de que el suelo debe tender a la complejidad funcional, frente a una visión más morfologista del Plan del 97. 

Mis preguntas son: ¿no ve un problema con el actual marco regulador, la ley estatal, en las demás actuaciones de dotaciones, al respecto de que los aumentos de aprovechamiento están pensados que deben producir más presiones todavía? Por otra parte, no hay una estrategia clara para aumentar densidad, esto tiene que ver con la pregunta anterior en cuanto a la periferia reciente, entonces ¿cuál es la estrategia ahí, aumento de densidad?, ¿no se podría tratar esos aumentos de densidad con una des-densificación del centro?, aunque es claro que las operaciones asociadas siempre son complejas. 

Carlos Lasheras: Respecto al bloque abierto y la posibilidad de densificar, no se puede generalizar pero creo que si es posible en áreas de bloques abiertos, siempre y cuando esto signifique una mejora de esas áreas urbanas. Hay zonas de bloque abierto, que funcionan perfectamente, especialmente cuando hay presupuesto para su mantenimiento, pero hay otras donde la situación es totalmente opuesta, pues son zonas que no pueden mantener ni los vecinos ni el Ayuntamiento. En estos casos hay que buscar un acuerdo que posibilite que estos espacios se adecuen. 

En un punto de vista abstracto, hay zonas donde las densidades adolecen de problema, esto se da mucho más en la ciudad de bloque abierto que en la ciudad histórica. Dentro de la ciudad histórica, hay áreas que están sobredensificadas y lo que hay que hacer es bajar esta presión. Sin embargo es mucho más difícil bajar la densidad que incrementarla, pues en muchos casos (pondría como ejemplo Lavapiés) implicaría una solución socialmente inabordable e incluso inaceptable. Lamentablemente, cuando se producen ciertos errores en la ciudad es difícil revertirlos. 

María Roces: En relación con la densidad, quitar densidad es complicado. Pienso por ejemplo en Lavapiés cuando se trató de eliminar infraviviendas en los edificios, eliminando en algunos casos 20 de las 40 viviendas que existía, pero tratando de mantener la edificabilidad conjunta de la manzana. Ninguno de experimentos realizado que contaban con apoyo del sector privado y ayudas a la rehabilitación funcionaron. Sólo ha funcionado la des-densificación cuando el problema lo abordó la Empresa Pública de la Vivienda. 

Entre los principales problemas que enfrenta este tipo de acciones es dónde se va a realojar a las personas. Se exige al Ayuntamiento una respuesta clara y efectiva, pues debe evitarse dejar desprotegidos a los vecinos. 

Otro ejemplo: en San Cristóbal de los Ángeles se realizaron realojos en edificaciones con condiciones inadecuadas, lo que provocó una serie conflictos, con alegaciones y actuaciones por parte de las asociaciones de vecinos. 

Gestionar este tipo de proyectos, por más participación que haya, resulta complicado y eso se demuestra en los casos comentados. El problema es que desde el Ayuntamiento, no se dan las opciones para el realojo previo, Sacar primero a los vecinos les produce la sensación de que Ayuntamiento los despoja de sus viviendas. 

Fermín Álvarez Errondosoro: Respecto al plan que se está modificando, las ideas que se han planteado suenan bien pero hay que verlos en un programa integrador que resuelva los asuntos de financiación pública o privada. 

¿Qué significan realmente los planes integrados? La participación es clave, aunque es este momento la participación en los movimientos es ridícula. Se debe regresar a la participación de la sociedad civil. 

En el Plan del 97 se hizo un estudio fabuloso del Centro Histórico, por siete equipos durante más de 2 años, con análisis y propuestas integradas. Sin embargo al pasar a la normativa tanta información se dejaron de lado muchos de los detalles perdiendo su riqueza. 

En Lavapiés, es la primera vez que en Madrid se plantea un Plan de Desarrollo Integrado, financiado por Europa, sin embargo al ejecutarlo en las Administraciones se fragmenta su gestión, todo separado. El Plan de Rehabilitación de la Infravivienda, ha contado con la voluntad en algunos momentos, sin embargo ha faltado la concreción de instrumentos como el de expropiación. 

Hay mucha práctica, mucha experiencia que aprovechar, pero se debe analizar donde están los fallos ¿en la política?, ¿en la técnica? Se debe recoger lo bueno, para que dentro de unos años no se tenga que empezar de nuevo, desde cero. 

Luis Moya: como continuación a las palabras expresadas por Fermín Álvarez, quisiera agregar que los planes europeos de apoyo a los barrios siempre iban acompañados de un programa social de enseñanza, de trabajo. Se concibe que la regeneración de un barrio tiene una parte física y una parte social. 

La gestión es otro aspecto importante, se ha hablado de la modificación del Plan del 97 con más de 4.000 modificaciones, lo cual demuestra su fracaso, incluso con cambios como las 4 torres o la M-30. Si no se combinan todas las variables, y el Ayuntamiento está fragmentado, se vuelve imprevisible el futuro del Plan. 

Carlos Lasheras: No es imposible hablar de una gestión coordinada, pero estamos hablando de un problema administrativo del Ayuntamiento de Madrid alejado del Plan. Estamos de acuerdo con lo dicho con Fermín, por ello desde el Plan General se intenta generar un instrumento que permita tener esa integralidad, que no sólo toque el tema del ladrillo sino las variables en torno a las personas que viven ahí. 

Las operaciones que se pensaron para el Centro Histórico han estado bien planteadas, lo que ha fallado es el planteamiento del escenario presupuestado, por ello desde la revisión del PGOU se promueve el instrumento pero no se definen las áreas físicas donde se va a intervenir. 

Jorge Menéndez: En el suelo urbano consolidado ¿cómo se tiene previsto la introducción de los usos distintos al residencial en relación con el sistema de usos admisibles que establece el plan general actual? ¿Se van a aumentar los usos alternativos o los Planes Especiales de Control Urbanístico de Usos? ¿Se va a revisar el Catálogo de Edificios Protegidos reduciéndolo y revisando el concepto de la restauración obligatoria? 

Carlos Lasheras: En cuanto a la compatibilidad de usos residenciales, el régimen de usos alternativos del actual plan en realidad va a ser sustituido por esta asignación de usos concretos parcela a parcela de actividad económica o residencial. Luego habrá un régimen de usos compatibles de usos residenciales ampliando lo que tiene el Plan del 97, brindando una ubicación territorial diferenciada. 

El catálogo es cierto que se va a revisar, con el objetivo de analizar que lo que está haya sido bien catalogado. El régimen de obra de los edificios protegidos debe permitir hacer mejoras al régimen de habitabilidad de esos edificios. 

Javier Esquillón: A mí me parece revelador en que ambos bandos estén de acuerdo en casi todo, se puede pensar que lo que hay es bueno, pero me parece que se nos están escapando algunas cosas. Se escapa la dimensión global, no se explica ese Madrid como ciudad global. El gran reto es conectar lo global con lo local. El reto sería coordinar los indicadores locales a escala global para tener una coherencia en la forma de abordar la planificación es cómo podríamos tener más respuestas. 

Carlos Lasheras: Los indicadores permitirán ser testigo de lo que está pasando realmente. Madrid es una ciudad con un gran potencial económico que necesita tener una visión de lo que pasa a nivel general pero también a nivel sectorial. 

María Roces: En este momento no hay “dos bandos”, se está hablando de conceptos y literatura, es cuando se toman las decisiones políticas cuando entra en problemas la rehabilitación y surgen los conflictos.

jueves, 7 de marzo de 2013

¿POR QUÉ NO EXISTE UNA INFORMACIÓN FIABLE, DETALLADA, ACTUALIZADA Y ADECUADA SOBRE LA VIVIENDA?

Por: Julio Vinuesa Angulo.

Frecuentemente aparecen en la prensa informaciones contradictorias sobre el número de viviendas vacías, pisos sin vender, las viviendas vendidas, precios…. Y, sólo a veces, en los medios se manifiesta cierta extrañeza por las discrepancias entre los datos de organismos públicos (INE, Ministerio de Fomento…) y de entidades privadas varias, que la mayor parte de los casos los publican sin que pueda saberse cómo han sido obtenidos. 

No es ésta la primera vez que insistimos en que buena parte de los problemas que padece nuestra sociedad, la economía y el territorio, por culpa del modelo de desarrollo urbano imperante y del mercado de vivienda que tenemos, son favorecidos por la falta de conocimiento, que es una consecuencia inevitable de la ausencia de información sobre la realidad física del parque y sobre su situación funcional. 

Hemos reclamado en numerosas publicaciones a las administraciones públicas que elaboren estadísticas fiables, detalladas, actualizadas y adecuadas sobre el parque de viviendas y el uso que de él se hace. En el panorama de la vivienda en España predominan las incertidumbres sobre las certezas, y algunas de las supuestas realidades a través de los datos que se manejan en los medios, no son sino versiones sesgadas por intereses de los agentes económicos o de las instituciones públicas. 





Es sencillamente escandaloso que en un país con el nivel de desarrollo de España, con la importancia de los sectores inmobiliario y de la construcción en la economía, con las dificultades que un importante segmento de la población tiene para disponer de una vivienda digna, ni los ayuntamientos, ni las administraciones regionales, ni la administración estatal sean capaces de contestar a preguntas como ¿cuántas y qué viviendas se necesitan? ¿cuántas viviendas hay? ¿cuál es su uso? ¿qué características tienen? ¿cuál es su precio? ¿cuántas se están construyendo?

Ante esta situación cabe hacerse una pregunta: ¿por qué no existe la información necesaria? Y la única respuesta posible es: porque no interesa que exista. La opacidad juega a favor de los intereses especulativos. La dura y escandalosa realidad (millones de viviendas vacías, millones de viviendas que se han construido sin que fuesen necesarias como alojamiento) compromete a los poderes públicos responsables. 

Con más información y más conocimiento no sería tan fácil respaldar con el Planeamiento Urbanístico crecimientos urbanos que sólo persiguen la apropiación para unos pocos de grandes plusvalías generadas por unos desarrollos urbanos contrarios al interés general . 

Con más información y más conocimiento, los poderes públicos tendrían que tomar medidas, contrarias a intereses poderosos y probablemente impopulares, para ponerle las bridas al modelo del ladrillo y corregir el despilfarro que supone millones de viviendas sin utilizar. 

Ahora que cada vez se habla mas de “transparencia”, para que este derecho no se convierta también en un concepto vacío es imprescindible que cuanto antes los poderes públicos se comprometan a generar y difundir toda la información necesaria para que la opacidad reinante no siga perjudicando los intereses generales que ampara la Constitución en relación con el desarrollo urbano y el derecho a la vivienda.

jueves, 21 de febrero de 2013

ENLACES DE INTERÉS: ¿CÓMO AFRONTA EL PG LA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE?

Proponemos algunos documentos y enlaces en relación con el tema a tratar en la quinta sesión: 

¿Cómo afronta el Plan General la recuperación de la ciudad existente? 

Documentos de referencia:

Documento de partida para la intervención de María Roces González. Representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. 

Entrevista a María Roces en el Inmobiliario de El País (20-10-1996) en la que se pone de manifiesto su persistencia en la defensa de determinados valores urbanísticos y sociales que siguen necesitando el esfuerzo de personas como María Roces comprometidas con los intereses generales y competentes. El paso del tiempo viene a confirmar la necesidad de una correcta definición del modelo de crecimiento para Madrid y de un eficaz tratamiento del fenómeno de las viviendas vacías. Si en el año 95 se hubiera tenido en cuenta opiniones como las que se expresan en esta entrevista, Madrid tendría que hacer frente a algunos de los gravísimos problemas que hoy nos afectan. 


Libro:

Moya González, L. (coord.) (2011). La práctica del urbanismo. Madrid: Ed. Síntesis.

Ver: Capítulo 10: "Planes de Reforma Interior y Estudios de Detalle".


"Este libro contribuye a la mejora de la formación de los técnicos que trabajan en el amplio campo del urbanismo. Está dirigido fundamentalmente a los estudiantes universitarios y de postgrado de diferentes áreas de conocimiento. También resultará de utilidad como apoyo a los técnicos de las distintas administraciones con responsabilidades urbanísticas porque, aunque no es un manual de legislación urbana, contribuye a suministrar técnicas y métodos de trabajo. Así, además de las figuras de planeamiento a diferentes escalas, contiene temas centrales de la ordenación urbana y territorial como son: sostenibilidad y participación ciudadana, búsqueda de diversidad y de la ciudad compleja, consideración del paisaje y un nuevo concepto de patrimonio, la nueva estructura territorial y las grandes infraestructuras, o la producción inmobiliaria cuantitativa y la demanda cualitativa de vivienda. Se intenta con todo ello aportar lógica a la aplicación de los procedimientos que permitan hacer coherente la ordenación espacial con la gestión posible".

Tomado de: http://www.sintesis.com/.

Artículos: 

Moya González, L. & Díez de Pablo, A. (2012). La intervención en la ciudad construida: acepciones terminológicas. Revista Urban. NS04, pág. 113-122.


Resumen: "La necesidad de regenerar fragmentos de ciudad de cada vez más reciente construcción, que no responden ya al modelo de la ciudad histórica, ha llevado a que se multipliquen exponencialmente las políticas y experiencias de intervención urbana, pero no han ido acompañada de un desarrollo equivalente de los criterios de identificación, conservación y rehabilitación del patrimonio urbano del siglo XX. Para evitar las interpretaciones contradictorias derivadas, en último término, de esta indeterminación conceptual y metodológica, se propone una definición clara y unívoca de los términos vinculados a la intervención en la ciudad existente. Esta definición se propone en el presente artículo partiendo del uso más extendido, pero sin pretensión jurídica exhaustiva, y aportando los términos equivalentes o más aproximados en inglés, francés y alemán, distinguiendo entre acciones centradas en la escala edificatoria o urbana restringida y procesos referidos a la escala urbana".

Moya González, L.; Fernández Salgado, C. & López de Munain Manzanos, E. (2012). La planificación dinámica de la complejidad organizada. La regeneración urbana de Madrid en el nuevo Plan General. Comunicación presentada en Equiciudad 2012. Ciudad, Arquitectura, Equidad por el Grupo de Investigación Vivienda Social, Habitabilidad Básica y Patrimonio Urbano. UPM.


Resumen: "La falta de regulación urbana no es garantía de complejidad y puede llegar a suponer degradación. El Plan aparece así como un instrumento necesario, pero se enfrenta al reto de hacerse dinámico y servir para la mejora de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la ciudad se tecnifica, en una búsqueda de su funcionamiento como máquina. Sin embargo, ésta es algo más que eso, por lo que su control debe combinar lo cuantitativo y lo cualitativo. La racionalidad y la crisis hacen virar al urbanismo hacia la regeneración y el mantenimiento de lo construido. Los nuevos Planes Generales tienen como reto incorporar estos principios".

Noticias:

El Madrid de los vecinos: sin tráfico, más parques y reformas en barrios. Tomado de: Periódico 20 Minutos. Pág. 2. 20-02-13.

PONENTES DE LA QUINTA SESIÓN

En esta ocasión, la sesión se dedicará a preguntar a la Revisión del Plan cuáles son las propuestas para recuperar la ciudad existente, para ello contaremos con la participación de: 


Luis Moya González, Doctor Arquitecto, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid desde 1985 y Valladolid desde 1983, Graduado en Altos Estudios Europeos del Colegio de Europa en Bruges (Bélgica). Especialidades: Rehabilitación de Centros Históricos y Restauración de Monumentos, y Vivienda Social. Actividad docente e investigadora en Universidades europeas (Turín, Roma 3, Palermo, París XII, Lisboa y Cracovia) y americanas (Harward, Córdoba Argentina y México DF). 

Actividad profesional en su estudio privado de Urbanismo y Arquitectura donde ha redactado planeamiento en todas las escalas, así como proyectos de edificios nuevos y restauración de antiguos; también proyectos de jardinería y espacios públicos, algunos de los cuales han sido premiados (Premio Churriguera, Comunidad de Madrid). Codirector del equipo ganador de los catálogos para la Revisión del Plan General de Madrid.

Cuenta con numerosas publicaciones de artículos sobre las líneas de su investigación y trabajo tanto en revistas españolas como extranjeras, así mismo, es autor, coautor y coordinador de varios libros. Responsable del Grupo de Investigación de la UPM "Vivienda Social, Habitabilidad Básica y Patrimonio Urbano". También ha asumido responsabilidades en la organización académica y cultural.



María Roces González, Activista del movimiento vecinal madrileño desde 1978, se incorpora a la comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en 1989 —procedente de la asociación vecinal La Unidad de Arganzuela — para dirigir la lucha contra la declaración de fincas en ruina y en defensa del patrimonio inmobiliario residencial. Como responsable y dirigente de la FRAVM en materia de Urbanismo y Vivienda representa a las asociaciones vecinales en las comisiones informativas, primero, y en las comisiones del Pleno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, después, desde el año 1992, formando asimismo parte, como representante vecinal, de numerosas comisiones, mesas y órganos de participación relativos a urbanismo, vivienda y rehabilitación urbana. Organiza la participación de las asociaciones vecinales federadas en los procesos de revisión de los planeamientos generales (y específicamente en el de la ciudad de Madrid entre 1992 y 1997) y abandera la lucha vecinal por la delimitación y declaración de áreas de rehabilitación integral en la ciudad de Madrid y en otros municipios de la región. En 2012 representa a la FRAVM en cuatro de las mesas técnicas del proceso de revisión del planeamiento general —fase de Preavance— promovidas por el área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. 



Juan Carlos Lasheras Merino, Arquitecto Superior, especialidad de Urbanismo, por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid (1983). Del período 1986-1989 participó en la Redacción de Normas Subsidiarias de Planeamiento y Planeamiento de Desarrollo. Funcionario en el Ayuntamiento de Madrid desde 1989, desarrollando diversas funciones: 

- (1989 – 1992). Redacción y Supervisión de Planeamiento de Iniciativa Pública en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1985. 
- (1992 – 1997). Responsable del Departamento de Ordenación de la Oficina Municipal para la Redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997. 
- (1997 – 2000). Redacción y Supervisión de Planeamiento de Desarrollo de iniciativa Pública y Privada en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997. 
- (2000 – 2004). Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión de la Empresa Municipal del Suelo S.A. del Ayuntamiento de Madrid.
- (2004 – 2008). Subdirector General de Desarrollo Urbano del Área de Urbanismo.
- (2008 – 2012). Subdirector General de Planificación y Revitalización del Centro Urbano del Área de Urbanismo.
- (2012 – Actualidad). Subdirector General de Ordenación y Patrimonio Protegido para la Revisión del Plan General de Madrid del Área de Urbanismo. 

Cuenta además con experiencia docente como Profesor de Urbanismo en la Universidad Europea de Madrid (2000-2004), e investigadora como Miembro del Seminario de Planeamiento y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1982 – 1984).

¿CÓMO AFRONTA EL PLAN GENERAL LA RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE?

Jueves, 28 de febrero de 2013. 19:00 h.

Quinta Sesión: 

¿Cómo afronta el Plan General la recuperación de la ciudad existente?

Modera:

- Luis Moya González. Arquitecto. Catedrático de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ponentes:

- Carlos Lasheras Merino. Subdirector General de Ordenación y Patrimonio Protegido del Ayuntamiento de Madrid.
- María Roces González. Representante de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

¿Qué propone el Plan para la rehabilitación de las áreas degradadas? ¿Cómo se puede poner en valor el capital social, económico, histórico del patrimonio edificado existente?

Al finalizar la intervención tendrá lugar un debate con el público asistente.

martes, 19 de febrero de 2013

EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE URBANISMO: ¿EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA?

Por Blanca Martín Cortés, Geógrafa. Consultora en Planificación Territorial.

Transparencia Internacional España (http://www.transparencia.org.es), organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, acaba de publicar los resultados completos del ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS (ITA) 2012. Este índice trata de medir el nivel de transparencia en la información que los Ayuntamientos facilitan a sus ciudadanos, a través de un conjunto integrado de 80 indicadores, relativos a seis Áreas de transparencia: a) Información sobre la corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las contrataciones de servicios; e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas; f) Nueva Ley de Transparencia (en tramitación parlamentaria). 

Con la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores, cada Ayuntamiento obtiene una puntuación individual, de forma que surge un Ranking o clasificación del nivel de transparencia de Ayuntamientos. 

El método de evaluación que propone Transparencia Internacional consiste en un cuestionario pre-cumplimentado con indicadores agrupados por las seis áreas temáticas. En cada indicador, y a modo de respuesta, se incluye un enlace a la página Web de la corporación local evaluada donde se encuentra la información correspondiente a ese indicador, que debe ser comprobada por la Administración correspondiente. Si la información está publicada, el indicador obtiene un 1 y si está incompleta, un 0.Por información incompleta se entiende aquella que no está actualizada, cumple en parte el indicador o bien no se encuentra o no se observa en la web. 

Otro objetivo del ITA, además de la evaluación del nivel de transparencia, es fomentar la cultura informativa de las propios Ayuntamientos, ya que se les ofrece la posibilidad, durante un plazo determinado, de que incorporen en sus respectivas Webs la información solicitada por Transparencia Internacional España, lo cual contribuye, aparte de mejorar sus respectivas puntuaciones en el ITA, a lograr un aumento del nivel de la información útil e importante que estas corporaciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad. 

El planeamiento urbanístico es una actividad sometida por ley a exposición pública desde la primera Ley del suelo del 56. El Art. 116.1 del Reglamento de Planeamiento de la Ley de Suelo de 1978 recogía ya la posibilidad de la apertura por parte de la Administración urbanística —antes de acordar la elaboración de cualquiera de los instrumentos de planeamiento municipales— de un periodo de información pública con la finalidad de recoger sugerencias u observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la ordenación futura. 

En la actualidad, el acceso a la información urbanística y la posibilidad de acceder al conocimiento de las decisiones en esta materia y a participar efectivamente en los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos urbanísticos por parte de los ciudadanos, es un derecho recogido en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008), y en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Se recoge también en el deber impuesto a la Administración, en relación al procedimiento de tramitación del planeamiento en general, y de forma específica a través de las diferentes normas urbanísticas, de someter los trámites y fases del planeamiento urbanístico a exposición pública exigiendo garantizar el acceso a la información con seguridad jurídica, así como a ejercer sus derechos por vía electrónica o telemática. 

Sin embargo, en España, los acontecimientos de corrupción ligados al urbanismo de los últimos años, hacen cuestionarse la fiabilidad y efectividad de estos procedimientos. ¿Es un problema de método? ¿Es un problema de interés por parte de la administración? ¿O es la población la que no muestra interés en participar en la toma de decisiones? 

Entre los varios interrogantes que podemos plantearnos ante los elevados índices de corrupción urbanística, la aprobación de grandes proyectos urbanísticos sin una justificación más allá del interés económico, la escasa participación en los procesos de participación pública generalizada en el planeamiento, etc. Se detecta un conjunto de factores que han contribuido a agravar la situación, coincidiendo todos ellos en un menoscabo o falta de transparencia efectiva en los procesos de formación del planeamiento urbanístico y de ordenación territorial, en una ausencia de protocolos de control y fiscalización y en una carencia de funcionarios independientes para ejercer el control y seguimiento de los procesos administrativos (Delgado, 2007). 

A esta efectividad en la transparencia a la que queremos referirnos. Los Indicadores planteados por Transparencia Internacional en el Área de Urbanismo y Obras Públicas (Área E) http://www.transparencia.org.es/ITA_2012/Cuadro_General_%C3%81reas_ITA_2012.pdf suponen un paso importante en la facilitación de la información a la población. Pero ¿es esta la transparencia que requiere la actividad urbanística? 

El acceso a la información urbanística, al Plan General de Ordenación Urbana, a sus modificaciones, a los Convenios Urbanísticos, a los Planes Parciales, a la normativa vigente, a la información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones y a la relativa al seguimiento y control de la ejecución de obras (indicadores de Transparencia Internacional-España) , contribuyen a la apertura de la administración al ciudadano, dando a conocer los documentos administrativos ya aprobados que rigen un determinado territorio, pero no a la transparencia en los procesos urbanísticos. 

La transparencia en materia de urbanismo, debería estar dominada por el conocimiento y la participación efectiva de la ciudadanía y todos los agentes interesados en la toma de decisiones del planeamiento desde las fases iniciales de su elaboración y durante todo el proceso y vigencia. Decidir sobre la necesidad de revisar un plan general, sobre el modelo de ciudad a perseguir, sobre los criterios y objetivos que deberían regir ese modelo, contribuiría a mejorar la transparencia de un ayuntamiento, haciendo a los ciudadanos corresponsables de la toma de decisiones y capacitándoles para su evaluación. Facilitar el conocimiento sobre la gestión del planeamiento, sobre la justificación y toma de las decisiones, no sólo contribuiría a mejorar la percepción de la administración pública, sino de la clase política y del planeamiento como herramienta efectiva al servicio de los ciudadanos. 

Esta apertura de la información urbanística contribuiría a minimizar el tráfico de influencias, el acceso a la información privilegiada, la especulación, etc. y consecuentemente de la corrupción urbanística. Para ello, habría que incidir en recuperar el rigor del urbanismo, convertido en la actualidad, en una práctica rígida, poco transparente y depreciada. Índices a tener en cuenta para evaluar la transparencia en materia de urbanismo serían aquellos que valoren, por ejemplo, el número de medios a través de los que se publicita un PGOU, el uso de indicadores accesibles para el entendimiento de la información urbanística, el momento en el que se publicita (antes de la revisión, durante, posteriormente), el porcentaje de población que ha participado y efectivamente en la definición del modelo territorial, el número de las alegaciones y respuestas recibidas. Para ello, habría que definir un sistema de indicadores accesibles a toda la ciudadanía que contribuyan a mejorar la transparencia efectiva del urbanismo y a promover una mayor cultura territorial. 

El planeamiento urbanístico debería regirse por la difusión del conocimiento territorial y del quehacer urbanístico de manera eficaz y transparente, por la participación, la discusión, y el consenso en la toma de decisiones en materia de planeamiento entre todos los agentes involucrados. Esto contribuiría a recuperar el valor del análisis y diagnóstico territorial (obtenido a través de la participación activa y efectiva de la administración, los técnicos, políticos y la población) en la toma de decisiones en materia urbanística frente a criterios de índole política y económica, contribuyendo a recuperar así su rigor y credibilidad como función social. 

Enlaces relacionados: 



Landecho Gonzalez-Soto, F. (2012) en Blog: http://hayderecho.com/author/fernando-landecho-gonzalez-soto/


Delgado, G. (2007). “La participación ciudadana en el planeamiento urbanístico y el fenómeno de la teledirección” en Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. 

sábado, 16 de febrero de 2013

PREMIOS A LAS MEJORES APORTACIONES AL BLOG: TERRITORIOSOSTENIBLE2011

IIª Edición de los Premios a las mejores aportaciones al BLOG Territoriosostenible2011 

En el marco del curso: “La revisión del Plan General ¿una oportunidad para participar en el futuro de Madrid?” y como estímulo a la participación en el BLOG; se convocan los segundos Premios a "Las mejores aportaciones al blog: territoriosostenible2011". 

Se abren dos formas de participación, la primera a través de aportaciones escritas (reflexiones, comentarios, propuestas, etc.) y la segunda mediante fotografías. Los dos tipos de aportaciones serán premiadas de forma independiente, y habrán de ajustarse a las siguientes bases: 
  • Ambas concursos deberán tener como referencia el contenido de alguna de las sesiones del Curso “La revisión del Plan General ¿una oportunidad para participar en el futuro de Madrid?”
  • Los trabajos presentados a concurso deberán ser originales, no haber sido galardonadas previamente en otros concursos y de autor único. 
  • Los autores tendrán que estar suscritos en el Blog. (Enlace a suscripción)
  • Las aportaciones (escrita o fotográfica) serán enviadas por correo electrónico a: territoriosostenible2011@gmail.com. El autor tendrá que hacer petición expresa de ser considerado como aspirante a los premios. Cualquier duda no aclarada en estas bases se podrá consultar a través de la misma dirección de correo electrónico. 
  • Sólo se aceptarán las aportaciones recibidas antes del 30 de Abril de 2013. 
  • Los premios podrán ser declarados desiertos. El Jurado de los Premios estará integrado por los miembros del Grupo TRYS
  • Se concederá un Primer Premio de 100 € y un Accésit de 50 € para cada categoría (escrita y fotográfica). Todos los premios serán canjeables a través de vales en la Librería de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, los premiados recibirán un diploma acreditativo y sus aportaciones serán publicadas en el Blog e incluidas dentro de una publicación digital (con su respectivo ISBN) que se efectuará como parte del curso. 
  • El fallo del Jurado será inapelable. 
  • Los premios se comunicarán a los autores vía correo electrónico y serán entregados públicamente en la última sesión del Curso (jueves 23 de mayo de 2013). 
  • La participación en el concurso a través de ambas modalidades conlleva la cesión de derechos por parte de los ganadores para su respectivo uso, indicando siempre la procedencia y el autor de la obra. 

Aportación escrita: 

1. Estas tendrán una extensión máxima de 400 palabras. 
2. Se enviarán en un archivo Word, tipo de letra Arial, tamaño 11. Interlineado sencillo. Incluir título de la aportación (en negrita y centrado). Bajo el título, centrado, nombre del autor, dirección de correo electrónico y profesión o estudios que cursa. Se podrá incluir material gráfico que aporte valor a la comunicación (es importante incluir las imágenes con la mejor calidad posible, así como su fuente). Dichas imágenes no se tomarán en consideración para el concurso fotográfico. 
3. Los criterios que se tendrán en cuenta en la valoración serán: originalidad, fundamentos teóricos en que se apoya y calidad literaria del texto. 

Aportación fotográfica: 

1. Se aceptarán como máximo tres fotografías por concursante. 
2. Se enviarán en formato .JPEG. 
3. Las fotografías deberán tener buena calidad, con un mínimo de 300 ppp. 
4. Se permite la participación tanto de fotografías en blanco y negro como en color.
5. Las fotografías deberá estar acompañadas de un mensaje aparte en el que se indique: un título y un breve texto explicativo donde se exprese el sitio de Madrid donde fue tomada la fotografía y su relación con los contenidos del curso. 
6. Los criterios que se tendrán en cuenta en la valoración serán: representatividad de la imagen respecto a la temática del curso, transmisión del mensaje, originalidad, impacto visual y calidad técnica. 

jueves, 14 de febrero de 2013

LA LEY VIRUS: UN PASO MÁS EN LA REGULACIÓN SECTORIAL FRENTE A LA ORDENACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO

Por Luis Galiana Martín. Dr. Geógrafo. Universidad Autónoma de Madrid 

La Comunidad de Madrid acaba de publicar la ya conocida como ley VIRUS (ley 5/2012, de 20 de diciembre), que regula el régimen de las denominadas VIviendas RUrales Sostenibles en la región. Bajo esta denominación, la norma permite la edificación en el medio rural, siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones: viviendas unifamiliares aisladas de una planta destinadas a residencia de su titular, con una superficie máxima de ocupación de 1,5% de la unidad de terreno que a su vez tendrá una superficie mínima de 6 ha. Igualmente se deberán utilizar materiales que produzcan el menor impacto y que favorezcan la integración en el entorno inmediato y en el paisaje, evitando la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del mismo. 

Esta posibilidad se restringe a determinados tipos de suelo de acuerdo a su clasificación urbanística, en concreto al suelo urbanizable no sectorizado, al suelo no urbanizable no sujeto a protección sectorial y al suelo con protección sectorial, cuando su régimen jurídico no prohíba el uso residencial. Estos tipos de suelo ocupan una superficie de más de 300.000 ha, o lo que es lo mismo, cerca de un 40 por 100 del territorio regional. 


La ley VIRUS supone un hito más en la práctica de la Comunidad de Madrid de abordar los asuntos propios de la Ordenación territorial desde la legislación y normativa sectoriales. Frente a unas transformaciones territoriales que obedecen a dinámicas supralocales, propias de una región metropolitana, la Comunidad carece de una planificación territorial integral de escala autonómica (lo que constituye algo excepcional en el ámbito europeo). Esto es particularmente grave si consideramos que en los últimos 25 años la región ha pasado de 4,8 a 6,5 millones de habitantes y ha aumentado su superficie urbanizada en un porcentaje considerablemente mayor. Y todo ello ha sido realizado sin ningún tipo de planificación territorial de escala regional. 

En efecto, la escala local, a través de los planes de ordenación urbanística municipal, se mantiene como ámbito básico de ordenación. Y junto a ella, diferentes normas sectoriales de elevada incidencia territorial (protección de espacios naturales, infraestructuras de transporte, …) que se plantean de forma escasamente integrada. 

La ley que aquí nos ocupa es una de estas normas sectoriales, en este caso abordando la gestión territorial de una considerable superficie de la Comunidad de Madrid. En la justificación del preámbulo de la ley se argumenta la necesidad de fórmulas de gestión creativa del medio rural, en este caso, evitar y paliar los efectos del abandono del medio rural favoreciendo la función residencial del mismo (con las limitaciones que ya se han señalado) como garante de su conservación y gestión. Efectivamente, las prácticas agrarias y forestales juegan un papel determinante en la ocupación y protección del medio natural, al que han modelado y gestionado dando forma a unos paisajes rurales (en algunos casos de notable integración y armonía entre sociedad y naturaleza) en los que convergen elevados valores y funciones ambientales, culturales y de usos público. Su abandono supone, a medio/largo plazo, la pérdida de algunos de estos valores. Sin embargo, la sustitución de estas prácticas por la función residencial no supone en modo alguno una solución al problema del abandono sino más bien todo lo contrario. La generación de expectativas de plusvalías urbanísticas es un enemigo para la continuidad de unas prácticas agrarias que, aunque con una intensidad reducida, continúan conservando los paisajes. 

De acuerdo a la lógica sectorial de la norma, el ámbito de aplicación (suelos no sujetos a protección sectorial) se identifica con suelos sin valor. Sin embargo afecta a suelos con elevados valores paisajísticos en los piedemontes, páramos, campiñas y vegas, violentando de esta manera los compromisos en materia de protección y gestión del paisaje que provienen de la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, en vigor desde 2008, y que concierne a la Comunidad de Madrid. 

En este sentido, la normativa aprobada puede ser tremendamente eficaz, pues, al establecer un umbral mínimo de 6 ha, afectará de una manera principal a las mayores propiedades territoriales (donde podrán formalizarse dichas unidades de actuación). En la Comunidad de Madrid existe una elevada correspondencia entre sectores de gran propiedad y paisajes rurales de calidad y buen estado de conservación. La continuidad de la explotación en las grandes fincas, y la conservación de los paisajes que ello supone, contrasta con el abandono generalizado de los sectores de propiedad más fragmentada, que, además, están comúnmente afectados por procesos de contaminación paisajística asociados a la edificación dispersa, frecuentemente ilegal. 

Sobre estos suelos, la ley introduce un elemento completamente ajeno a los paisajes madrileños: el hábitat rural disperso en relación con la explotación. A diferencia de otras regiones, en Madrid es prácticamente inexistente, si exceptuamos los caseríos de las grandes fincas a las que antes hacía referencia. 

La aducida sostenibilidad de las actuaciones (en un uso impropio de un concepto de mucha mayor complejidad) queda limitada a determinar las características físicas de las viviendas y en la necesaria consideración de integración paisajística de las edificaciones. La integración de la edificación no considera los demás elementos asociados a estos nuevos desarrollos: accesos, infraestructuras de suministro, vallados, ajardinamientos. Esto supone una alteración clara del carácter y fisionomía de estos paisajes. Pero además introduce otros elementos de riesgo: la aparición de una mayor vulnerabilidad territorial frente a incendios forestales (cuando estas actuaciones se lleven a cabo en zonas forestales) o el peligro de difusión de especies vegetales invasoras. 

La alteración de los paisajes no supone únicamente el deterioro de un elemento esencial para la calidad de vida de los ciudadanos. El paisaje, elemento asociado a la singularidad e identidad de los territorios, es un elemento clave para la competitividad territorial. Madrid, a pesar de su carácter metropolitano, conserva todavía un magnífico capital paisajístico. La existencia de este capital territorial es un factor de competitividad territorial de primer orden, cuya desfiguración y pérdida suponen un despilfarro intolerable. 

En definitiva la ley confunde de manera peligrosa derechos individuales con públicos. Al otorgar el derecho a los propietarios a edificar su vivienda en contacto con la naturaleza, como señala la ley, se está cercenando el derecho al disfrute del medio ambiente y al paisaje que corresponde a todos los ciudadanos, y que debe ser garantizado por los poderes públicos. 

No puede delegarse esta responsabilidad, como hace la ley, al sector privado, a unos propietarios que van a trasladar su modo de vida urbano al campo con todo lo que ello supone de transformación y desfiguración del paisaje. El canto a la propiedad privada como motor del progreso (la gestión creativa del medio rural) más parece la justificación de una ley desamortizadora del siglo XIX que un texto normativo del siglo XXI, que debe garantizar el derecho a un medio ambiente y a un paisaje de calidad. 

Madrid, 12 de febrero de 2013.