Breve resumen de algunas de las principales ideas aportadas en las sesiones del curso
“Propuestas para combatir el despilfarro urbanístico”.
Este material ha sido elaborado a partir de los planteamientos de los organizadores del curso y de las intervenciones de los ponentes y de los colectivos que han intervenido en las diferentes sesiones. Para una información más detallada de estas intervenciones, en el
Blog Territoriosostenible2011, podrán encontrarse enlaces a los documentos elaborados por algunos ponentes así como a los
vídeos completos de la sesiones en Vimeo.
A modo de diagnóstico:
Planeamiento Urbanístico desarrollista…
Es un hecho sobradamente conocido que el Planeamiento General viene clasificando mucho más suelo urbanizable del necesario, dando así respaldo legal a desarrollos urbanísticos contrarios a un uso racional y sostenible del territorio, anteponiendo intereses económicos particulares y cortoplacistas al interés general, incumpliéndose de forma generalizada el mandato constitucional.
Estrategia de los megaproyectos…
Las grandes infraestructuras y los equipamientos sobredimensionados e infructuosos son otra de las caras del modelo urbanístico despilfarrador de territorio y de todo tipo de recursos. Los poderes públicos han actuado animados por el “enriquecimiento” de las arcas públicas que estaba produciendo el boom, guiados por unas estrategias irresponsables de “venta de falsas necesidades” y en un clima de estéril competencia interterritorial. Y todo ello ante la mirada complaciente del conjunto de la sociedad.
Una política de vivienda inadecuada…
Se construyen muchas más viviendas de las necesarias. No se sabe con exactitud cuántas viviendas hay, en qué situación se encuentran y cuál es su uso, pero hay millones de viviendas vacías y crecen las dificultades para disponer de un alojamiento digno y adecuado. La política de vivienda en venta que se viene aplicando desde siempre no es una respuesta adecuada el mandato constitucional y contribuye a un modelo de desarrollo urbano y de mercado de vivienda marcadamente especulativo. Sólo por apuntar un dato comparativo: nos gastamos en políticas públicas activas de vivienda 30 veces menos que en el Reino Unido.
Se desprecia el patrimonio existente…
Las actuales políticas urbanísticas y de vivienda han propiciado un proceso de abandono y desvalorización de espacios consolidados. En todas las ciudades hay demasiados solares y edificios sin uso que, además de propagar el deterioro sobre el entorno, son ejemplos inaceptables de desperdicio económico, y suponen un atentado contra el derecho de todos a la ciudad. A la vez, en parte como consecuencia del endeudamiento producido por los excesos de los decenios anteriores, los poderes públicos están tratando de reducir la deuda mediante la venta de patrimonio público.
Se considera necesario:
1. Un nuevo marco de ordenación del territorio y el planeamiento urbano mediante una Ley Básica de unificación de criterios técnicos urbanísticos que sin conculcar las actuales competencias autonómicas simplifique y coordine (bajo criterios constitucionales de igualdad entre los españoles) las muy dispersas legislaciones autonómicas sobre el planeamiento urbano, desde criterios de equidad, cohesión social, cooperación y coordinación interterritorial y eficiencia económica.
2. Definir un nuevo papel para el Planeamiento Urbanístico municipal, más allá de su actual carácter regulador de aprovechamientos y necesariamente coordinado a nivel territorial.
3. El nuevo modelo habrá de fundamentarse en la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, la concertación de acciones entre organismos públicos, la promoción de la cooperación público-privada, la agilización de los servicios destinados a la población y el empoderamiento de la base ciudadana para tomar decisiones compartidas. Una buena gobernanza es un requisito imprescindible para el cambio de modelo.
4. Garantizar la adecuación del dimensionamiento de los crecimientos determinados en el planeamiento a la rigurosidad en los estudios demográficos, de ocupación residencial, de capacidad de acogida del territorio y de valoración de los crecimientos de las actividades económicas, ligándolos en cualquier caso a las previsiones de existencia de transporte público y disposición de infraestructuras. Cuando sean realmente necesarios nuevos desarrollos urbanos, se deberá dar prioridad a la compacidad y continuidad en los nuevos crecimientos urbanos reduciendo los estándares de urbanización con criterios de sobriedad, concepción ecológica de la urbanización y ahorro energético.
5. Un mayor control social mediante el establecimiento de “presupuestos participativos”. Establecer la obligación de consultar a los ciudadanos sobre los gastos no relacionados con los derechos fundamentales.
6. Crear instrumentos de control público previo. Informes de “impacto económico” en las Haciendas Locales.
7. Obligatoriedad de Evaluación Estratégica de Planes y Proyectos de la UE para las Administraciones Públicas.
8. Establecer la práctica de presentar alternativas (incluyendo la de NO HACER) antes de la puesta en marcha de todo proyecto público.
9. Incrementar la responsabilidad fiscal de las Administraciones Locales.
10. Ayudas públicas directas para el pago de alquiler.
11. Propiciar la creación de parques de vivienda en alquiler, públicos y de carácter privado sin ánimo de lucro.
12. Favorecer la existencia de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la movilización de vivienda vacía hacía el alquiler asequible.
13. Coordinar medidas de fiscalidad, de regulación financiera y ayudas públicas que confluyan en favor de la rehabilitación, la movilización de vivienda vacía y la promoción de alquileres asequibles.
14. Propiciar la existencia de empresas privadas para las que el alquiler sea una actividad segura y de rentabilidad razonable a largo plazo.
15. Promover las asociaciones, sindicatos, mutuas… de inquilinos para la defensa de sus intereses respecto a los arrendadores y a la Administración.
16. Crear un Banco de Suelos y Edificaciones de las Administraciones públicas bajo el principio de la imposibilidad de financiar a dichas Administraciones mediante enajenaciones de su patrimonio que deberá estar al servicio de su utilización pública.
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