¿PARA QUÉ UN (¿NUEVO?) SISTEMA INTEGRADO DE DATOS MUNICIPALES?

 



El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha creado una plataforma para la consulta on line de variables sobre distintos “bloques temáticos”: “demográfico, económico, geográfico, de servicios, de vivienda y hogar y medioambiental.” Los datos están organizados por municipios, provincias y comunidades autónomas. En la presentación de la “herramienta”, se indica que con ella “se pone a disposición de investigadores, responsables políticos y del público en general una colección de indicadores y datos de diferentes temáticas con el objetivo de facilitar el acceso a la información lo más detallada posible sobre el estado de situación del territorio “.


A través de la plataforma “tableau public” se ofrecen también algunas posibilidades de análisis a partir de la comparación y el cruce de los distintos indicadores y ámbitos. Pero por su contenido podría decirse que simplemente se trata de una “versión digital” de los antiguos “anuarios estadísticos”. No incorpora información que no pueda encontrarse fácilmente en la página del INE y, si bien aporta la posibilidad de elaborar fácilmente un gran número de cálculos estadísticos, no siempre está claro el significado de los resultados que puedan obtenerse ni su utilidad para conocer lo que se enuncia como “el estado de situación del territorio” (sic).


Ya hemos explicado en alguna ocasión nuestras críticas a las ideas que sustentan la expresión “reto demográfico”, que parecen estar detrás de la iniciativa de crear esta plataforma: Consideramos necesarios los enfoques holísticos para el análisis territorial y que hay que reclamar mayor información sociodemográfica georreferenciada, así como la utilización a ultranza de las nuevas tecnologías para su tratamiento y análisis. Por eso creemos que una herramienta creada por la Administración del Estado tendría que ofrecer información más adecuada y actualizada y tener mayor capacidad de análisis, especialmente por lo que se refiere a la expresión cartográfica.


Cabe preguntarse, sólo a título de ejemplo y en relación con la información contenida en el “bloque de vivienda y hogares”: ¿Qué aportan datos tan desactualizados como los de viviendas del Censo de 2011? ¿Qué utilidad tienen los datos de hogares si no incluyen flujos de aparición y desaparición de los diferentes tipos? ¿Por qué no se ha incorporado información desde el Índice de alquiler de vivienda del MITMA?

En puertas de la publicación por el INE de los datos del Censo de 2021, que proporcionará muchas nuevas posibilidades de disponer de una información muy valiosa para el análisis territorial, no alcanzamos a ver la utilidad del esfuerzo que supone crear y mantener una herramienta con las limitaciones de este Sistema Integrado de Datos Municipales.

Ante la necesidad de realizar análisis territoriales para diagnosticar correctamente las causas de lo que se ha tipificado como “reto demográfico, ¿por qué en vez de en “amasar” datos no se pone el objetivo en mejorar y ampliar la información existente? ¿Alguien cree que puede ser eficaz utilizar herramientas más o menos efectistas para construir indicadores estadísticos sin haber definido previamente su idoneidad?

No parece que para montar el Sistema Integrado de Datos se haya comenzado por sentar los criterios de actuación a partir de unas buenas bases teóricas. ¿No sería mejor haber comenzado por el estudio profundo de las aportaciones realizadas durante decenios desde la academia y a través de las experiencias regionales de actividad planificadora del territorio?
(Julio Vinuesa)
















La incorporación de la naturaleza en la planificación y gestión de la ciudad

Como parte de la quinta sesión del XIII Curso “Diálogos sobre Conflictos Urbanos”, se continuó reflexionando sobre las transformaciones estructurales que requieren las ciudades, en este caso desde la vinculación con la naturaleza.

Este ha sido el eje central del Grupo TRyS desde su fundación, buscando elevar el conocimiento y el respeto por el territorio con la idea de difundir y promover principios de cohesión social, sostenibilidad ambiental, equidad y eficiencia económica, concebidos desde una visión integradora para evidenciar en todas sus dimensiones los efectos de las transformaciones a las que se ven sometidos el territorio, el paisaje y por ende las personas, especialmente como consecuencia de su uso desmedido.

Se considera un momento propicio para reflexionar y en el cual los graves efectos sociales y económicos generados por la pandemia, puedan abrir espacio para encontrar oportunidades de mejora y cambio, en contraposición a la alarmante pasividad y desinterés por los temas urbanos. En ese sentido, la participación ciudadana es fundamental para avanzar en la planificación y diseño de ciudades donde la naturaleza tenga un mayor protagonismo.

Las ciudades, en las que reside cerca del 60% de la población, se han visto sometidas a fuertes procesos de urbanización alejadas de una estabilidad y equilibrio ambiental, pero también social y económico. Lo cierto es que también son estos espacios donde es posible desarrollar y formular acciones en busca de soluciones a los problemas ambientales existentes.

Primeramente, apostando por un cambio de modelo en el que se razone sobre el crecimiento urbano sin límites. Pero también, en el que las medidas de creación de nuevos espacios, y la renovación y rehabilitación de lo ya construido, impliquen una visión desde los servicios ecosistémicos y la infraestructura verde y azul, en procura de salvaguardar el entorno, sus valores patrimoniales y ambientales y mejorar la salud de las personas.

Con base en la pregunta, ¿cómo podemos crear una ciudad que incorpore la naturaleza de modo que deje de verse como algo antagónico? Se busca una ciudad que sea sostenible, resiliente, con equidad, salud y bienestar, en la que la biodiversidad sea abundante y los niveles de contaminación sean bajos y al mismo tiempo se promueva la descarbonización y la movilidad responsable. Con acciones de pequeña y gran escala que promuevan el derecho a la ciudad y a las soluciones basadas en la naturaleza, como herramientas importantes para recuperar y fortalecer la conectividad biológica a nivel urbano y periurbano, pero también como aglutinador de nuestro comportamiento en sociedad.

Animamos a revisar la grabación integra de esta quinta sesión en el Canal de Youtube de La Casa Encendida, con la participación de Nerea Morán Alonso, quien es Doctora arquitecta por la UPM y socia de la cooperativa Germinando, y Miguel Aguado Arnáez, divulgador ambiental. Socio Director de B Leaf.

Además, se comparten algunos materiales de consulta ligados a la temática de la sesión:







David Porras Alfaro

Programa del XIII Curso Diálogos sobre Conflictos Urbanos en La Casa Encendida.

 


Algunas reflexiones sobre los cambios de rumbo que necesitan nuestras ciudades

Del 9 de febrero al 16 de marzo 2022

Inscripciones y más información en la web de  La Casa Encendida 

Reconocimiento de I crédito (alumno de la UAM), escribir a:  antonio.palacios@uam.es

¿HASTA CUÁNDO NOS VA A SORPRENDER LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA?

 A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 


Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio. Julio Vinuesa

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA NO ES LA CAUSA, ES LA CONSECUENCIA.

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

  • Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones.
  • Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  
  • Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  
  • Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios. Julio Vinuesa

OPTIMIZAR EL USO DEL PARQUE RESIDENCIAL

 Disponer de una vivienda digna y adecuada es un derecho universalmente reconocido y en España, desde mediados del siglo pasado, las políticas para garantizar ese derecho han apoyado, mediante subvenciones y exenciones fiscales, la compra de la vivienda frente a otras opciones de tenencia como el alquiler, que han sido sistemáticamente ignoradas. 


Que más del 80% de los hogares se hayan convertido en propietarios de sus viviendas tiene muchos aspectos positivos, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto, pero el derecho se refiere a disponer de una vivienda no a ser su propietario. Cuando un hogar compra una vivienda puede ser para satisfacer sus necesidades de alojamiento o no, pero siempre será una inversión.

¿Por qué las políticas para garantizar el derecho de todos a disponer de una vivienda no se han centrado en el apoyo al alquiler asequible? ¿Por qué se han subvencionado y apoyado fiscalmente inversiones inmobiliarias de forma indiscriminada? 

Desde principio de los años cincuenta casi 7 millones de viviendas han sido construidas con algún tipo de ayuda pública y, tras su venta, han pasado al mercado libre y las plusvalías generadas han terminado en manos privadas. Pero, sobre todo, esa política de ventas ha impedido crear un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de alojamiento de las sucesivas generaciones.

El pasado no tiene remedio, se ha vendido suelo público y las viviendas protegidas han pasado al mercado libre. El reto ahora será optimizar la utilización del enorme parque residencial existente con el objetivo de promover una oferta suficiente de alquiler asequible, garantizando seguridad jurídica y precios razonables tanto a propietarios como a inquilinos. 

¿Por qué se venden los suelos y los parques públicos de vivienda a la vez que se promete la construcción de más y más viviendas que, si nos fijamos en lo ocurrido hasta ahora, podrían terminar también en el mercado libre? 

¿Cuándo se buscarán alternativas para que los ayuntamientos dejen de financiarse a través del urbanismo especulativo? 

¿Por qué seguimos sin una ley estatal que impida el uso inadecuado de las viviendas que han disfrutado de algún tipo de ayuda pública? 

¿Por qué se siguen proponiendo atajos ineficaces cuando no contraproducentes, como el intento de controlar los precios del alquiler en un mercado libre y muy atomizado?. ¿Hasta cuándo las actuaciones de maquillaje para no afrontar las verdaderas causas del problema? JV

¿CÓMO Y DÓNDE ESTARÁ EL TRABAJO?

 La Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. El trabajo es el modo de percibir unos ingresos con los que satisfacer las necesidades personales y familiares y también es un modo de establecer una identidad personal y materializar la inclusión en la sociedad, pero está experimentando transformaciones muy profundas en consonancia con los cambios radicales que la tecnología va provocando en los procesos de producción de bienes y servicios. 


Desaparecerán muchos puestos de trabajo por innecesarios o inútiles y, mientras surgen nuevas ocupaciones, no habrá empleos para todos: sobrarán trabajadores y cambiará la oferta por los tipos de tareas y de relaciones laborales. Daniel Susskind, cree que el reto económico del siglo XXI no será la generación de riqueza sino su distribución. A tal efecto se propone el establecimiento de una “renta universal básica”, a percibir sin ninguna contraprestación. Otros apoyan la existencia de trabajo garantizado por los gobiernos, lo que proporciona la seguridad para todos de obtener unos ingresos mínimos, pero a cambio de realizar algunas tareas que aporten valor a la sociedad.

Otros retos serán adaptar el deber de trabajar y los derechos de los trabajadores a los nuevos escenarios laborales: ¿Cómo conjugar la libre elección de profesión y oficio, que proclama la Constitución, con la obligación de adaptarse a las exigencias de los nuevos empleos? ¿Cómo distribuir el trabajo en un mercado laboral en el que se desdibujan las relaciones entre contratadores y empleados?

Además, las nuevas posibilidades de comunicación obligan a cambiar los criterios de localización de los empleos y de residencia de los trabajadores. La posibilidad de que muchos trabajos puedan ejercerse en modo remoto difumina el significado de “dónde” y de “a qué distancia”. Se abren nuevas oportunidades para la distribución espacial de la población y de las actividades económicas, con las consiguientes transformaciones de las estructuras territoriales a todas las escalas ¿Qué sentido tendrán las regulaciones locales de deberes y derechos de los trabajadores en un escenario de deslocalización global? El confort climático y el ocio ganan peso como factores de localización dominantes. El trabajo remoto ofrece importantes oportunidades para la reducción del consumo de energía y de la contaminación en las ciudades, así como del tiempo “laboral” dedicado a los desplazamientos ¿Cuanto se está favoreciendo la investigación para aprovechar al máximo estas ventajas? Julio Vinuesa

EL NEOMUDEJAR, EL LADRILLO Y MADRID

Ofrecemos la lectura del artículo de José María de la Riva Ámez en "Seres Urbanos" de El País el pasado día 12 de agosto de 2021, en el que denuncia que la falta de sensibilidad de las instituciones y la  ausencia de normativa han permitido que desaparezcan numerosas edificaciones neomudéjares, que en muchos casos eran referentes significativos del paisaje urbano madrileño.



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¿EXISTEN SOLUCIONES PARA LA DESPOBLACIÓN?

En España el éxodo rural registró su mayor intensidad desde 1940 hasta mediados de los 70. Tras la Guerra, la situación en muchas zonas rurales era de auténtica hambre y, en los 50, la “huida” hacia las ciudades estaba guiada por el instinto de supervivencia. A partir de 1975 los flujos en busca de las mayores expectativas que ofrecían las ciudades perdieron intensidad, básicamente porque se iban agotando los “excedentes” de población rural que los alimentaba. 

Siempre ha sido así, la redistribución espacial de la población se produce de acuerdo con factores de atracción o de expulsión de los distintos territorios. La falta de oportunidades, frecuentemente acompañadas de elementos geográficos desfavorables (aislamiento, desconexión, suelos y climas poco propicios para la producción agraria …) han hecho a lo largo del tiempo a muchas zonas muy poco atractivas y las personas que las habitaban decidieron emigrar en busca de unas condiciones de vida más favorables en las ciudades. 

El desplazamiento de la población hacia las ciudades es un proceso que se viene produciendo a lo largo de la historia y en todo el mundo. En España hay efectivamente zonas que nunca han reunido las condiciones geográficas, económicas, demográficas… necesarias para alcanzar y mantener unas opciones de vida suficientemente atractivas y su debilidad demográfica se ha ido intensificando hasta la total despoblación. El proceso de desarrollo urbano ha estado marcado por una fuerte tendencia a la concentración en las mayores aglomeraciones urbanas y eso ha dado lugar a una red de ciudades muy jerarquizada y deficientemente estructurada, lo que ha contribuido al aislamiento de amplias zonas que han ido quedando desligadas de los procesos de desarrollo.

Desde la realidad política y económica actual, tratar de modificar esa tendencia para conseguir un sistema de ciudades equilibrado es un objetivo utópico. Exigiría consensuar un gran esfuerzo a muy largo plazo. Las inversiones puntuales y a corto plazo para “hacer frente al reto de la despoblación” serán, por regla general, despilfarro de dinero público y ni siquiera útiles para aparentar solidaridad con causas ya irremediablemente perdidas. Julio Vinuesa


Publicado en QUE ALGUIEN NOS LO EXPLIQUE el 11/07/2021



LA POBLACIÓN FLOTANTE ES UN RETO QUE EXCEDE AMPLIAMENTE LO DEMOGRÁFICO

El actual Gobierno de España ha configurado una estructura administrativa para hacer frente al “reto demográfico”. De los tres objetivos que se destacan en la web del Ministerio, uno, el envejecimiento, es inequívocamente demográfico, los otros dos se refieren a la distribución espacial de la población. Ya nos hemos referido a “la “despoblación” en otra entrada, el tercer objetivo hace referencia a “la población flotante”, sobre cuyo enfoque también nos parece oportuno hacer algunas puntualizaciones. 

En la citada web se identifica el “reto de la población flotante”, con los “efectos derivados de la sobrepoblación estacional” provocada por los contingentes de turistas que temporalmente se suman a la población residente, pero los desplazamientos circadianos de población por motivos laborales, de estudios, de compras, de ocio… indican que el fenómeno de la “población flotante” va mucho más allá. Son desplazamientos que crecen en número e intensidad como consecuencia de la mejora de los transportes y de los desarrollos urbanos dispersos, de moda durante los últimos decenios.

Numerosas circunscripciones administrativas intercambian cotidianamente población por motivos que exigen desplazamientos que implican traspasar los límites administrativos. La población flotante ocupa o utiliza los espacios de trabajo, el viario, los servicios y equipamiento de todo tipo sin diferenciarse en ello de la población residente de cada ámbito. Sus efectos más negativos están en relación con las variaciones bruscas de la demanda de determinados bienes de oferta inelástica, o con el hecho de que la movilidad forzada genera unos consumos innecesarios de energía y los consiguientes problemas de congestión y aumento de la contaminación en las áreas urbanas centrales. 

Hasta ahora todas las estadísticas y registros sobre los que se toman decisiones administrativas están referidas a la población “residente” (empadronada en una determinada circunscripción), pero la creciente movilidad de todo tipo, que caracteriza a la sociedad actual, hace que la residencia no sea suficiente para hacer valoraciones sobre la localización de la población. El mapa de delimitación territorial de las competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las incipientes estadísticas de movilidad elaboradas por el INE a partir de la telefonía móvil

La futura España digital requiere de un desarrollo decidido de este tipo de información estadística, necesaria para abordar el reto de reorganizar la división político-administrativa del territorio para que se adecúe a la funcionalidad del sistema de asentamientos y, más concretamente, a las actuales pautas de movilidad y a la evolución de los criterios que rigen las decisiones de localización de las personas y de las actividades económicas. Pero todo será en balde si no se establece un modelo de gobernanza consensuado en el que primen criterios de cooperación y la coordinación interterritorial. 

¿Será posible evitar que la peculiar desconfianza de la opinión pública sobre la anonimidad de los datos limite el desarrollo de las estadísticas de movilidad todo lo que la tecnología permite? ¿Qué habría que hacer para que los poderes públicos antepongan los criterios de cooperación a los de una competitividad interterritorial pocas veces justificable? Julio Vinuesa

Publicado en QUE ALGUIEN NOS LO EXPLIQUE el 7/07/2021

¿POR QUÉ LLAMAN “RETO DEMOGRÁFICO” A LA DESPOBLACIÓN?

Desde el Gobierno se describe “el reto demográfico de la despoblación” con unos cuantos porcentajes que confirman la tendencia a la concentración en las grandes áreas urbanas. El uso de indicadores demográficos ha sido tradicionalmente un recurso eficaz: los datos de población son de fácil manejo y por su aparente obviedad soportan cualquier tipo de aseveración sin requerir mayores argumentos. Pero la despoblación no es el reto, es sólo una de las consecuencias de nuestra estructura territorial. Es oportuno preguntarse qué tipo de deficiencias sociales e institucionales conducen a que se diagnostiquen procesos territoriales de una gran complejidad y larga trayectoria sólo a través de algunos de sus síntomas.

El reto será corregir los desequilibrios entre territorios. Desde que se inició la fase más dinámica del proceso de urbanización de la población española se han ido agravando los desequilibrios regionales. Los Planes de Desarrollo contribuyeron de facto a la consolidación de un modelo en el que siempre se ha antepuesto la eficiencia económica a la equidad territorial. Apaciguado el éxodo rural que se había vivido en España, a partir de los años 80 se consolidan las actitudes localistas de los poderes públicos que, ante la posibilidad de perder autonomía, se muestran refractarios a las ideas de cooperación y coordinación interterritorial. No ha existido voluntad política de acometer actuaciones de planificación territorial dirigidas al gran reto pendiente de conseguir una red de asentamientos más equilibrada, funcional y sostenible. 

¿Por qué se sigue insistiendo en el mensaje demagógico de que la despoblación es sólo la consecuencia del “abusivo” poder de atracción de las grandes ciudades? 

¿Será posible que, tras una inercia de muchos decenios, pueda revertirse la despoblación de tantos ámbitos sólo a base de despilfarrar fondos públicos? La utilización de los Fondos Europeos en remedios paliativos y cortoplacistas no será eficaz; habrá que mirar a largo plazo e imaginar nuevos escenarios a partir de las muchas posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y de una utilización más inteligente y sostenible de las energías. Habrá que actuar sobre los factores de localización, esos que llevan a las personas a elegir el lugar en el que desean vivir, pero teniendo en cuenta que el reto es mejorar la estructura territorial para reducir los desequilibrios entre territorios. Después, el modo en el que la población se distribuya sobre el territorio seguirá siendo sólo una consecuencia. Julio Vinuesa

Publicado en QUE ALGUIEN NOS LOS EXPLIQUE el 25_06_2021 


¿POR QUE SOLO VEMOS LOS PROBLEMAS DE LA DESPOBLACIÓN?

Cada comarca tiene características diferenciadoras derivadas del medio natural y de las oportunidades que ofrecen un conjunto de factores que interactúan con la dinámica de la población que lo habita así como con el modo en que se distribuyen los asentamientos humanos. Todos estos factores locales, junto con otros de carácter supralocal, como la evolución de la economía o de los hábitos sociales, y de la mano de las nuevas posibilidades que van ofreciendo los avances tecnológicos, inciden en la configuración de la redistribución espacial de la población a lo largo del tiempo.

Se está utilizando profusamente expresiones como “España vacía” y, peor aún, “España vaciada” para denunciar la situación de algunas comarcas cuando sus débiles y menguantes densidades de población no permiten alcanzar los umbrales mínimos de demanda, que se precisan para que sean viables los equipamientos y servicios necesarios para garantizar una razonable calidad de vida. Se culpa de ello al proceso de urbanización: a la “voracidad” de las grandes aglomeraciones urbanas, que absorben para sí la población de otros muchos territorios a los que “van dejando vacíos”. 

En este análisis simplista y sesgado de la realidad, se parte de un principio “poblacionista”: la pérdida de habitantes, la despoblación de cualquier territorio es algo negativo “per se”. ¿Por qué se ignora que cualquier territorio tiene valor por sí mismo? La extrema debilidad de la densidad de población, la despoblación total de un territorio, es una consecuencia de su capacidad de acogida y puede tener efectos muy positivos si se considera la valía de sus componentes naturales hoy y, especialmente, para el futuro.

¿Por qué se desprecia el valor que tienen muchos de esos territorios despoblados que apenas han sido deteriorados por la acción humana al haber quedado al margen del “desarrollo”? Lo realmente importante es que haya equilibrio entre la capacidad de acogida de un territorio y el uso que la sociedad haga de él y conservarlo en su estado natural no tiene que ser necesariamente una mala opción.

¿Por qué tampoco se valoran las oportunidades que encuentran en la ciudad los que protagonizan la despoblación?  Desde la postguerra hasta mediados de los años 70 se produjo el mayor éxodo rural vivido en todas nuestras regiones. Los millones de personas que abandonaron el medio rural para incorporarse a las ciudades han sido parte fundamental de los avances de todo tipo que se han producido desde entonces en España. Julio Vinuesa

Publicado en QUE ALGUIEN NOS LOS EXPLIQUE el 24_06_2021 




Sexta sesión del curso "Sin sostenibilidad no habrá futuro para las ciudades"

 




La Constitución de 1978 estableció una nueva organización político-administrativa del territorio, descentralizando competencias en el ámbito regional y otorgando una mayor autonomía a los municipios. Quedó así consolidado un mapa de municipios y de provincias excesivamente fragmentado y se establecieron importantes desequilibrios en cuanto a la dimensión de las Comunidades Autónomas. Pero la mayor debilidad de esa organización del territorio es su escasa correspondencia con la realidad del sistema de ciudades. Estamos ante una sociedad nueva y muy dinámica, con criterios de localización residencial y hábitos de consumo diferentes. El mapa de delimitaciones y competencias administrativas (municipios, provincias, CCAA) entra a menudo en conflicto con la realidad funcional de flujos de personas, actividades y mercancías que se materializan de forma continua sobre el territorio, tal como demuestran las nuevas estadísticas de movilidad. El problema se hace evidente y exige estructuras administrativas ad hoc en los ámbitos de carácter metropolitano, que han ido surgiendo incluso en torno a las ciudades medias. Es urgente implementar formas específicas de organización territorial cuando se trata de ámbitos metropolitanos de alcance supra regional, como ocurre concretamente con Madrid. Estos desajustes se ven agravados por la ausencia de coordinación interadministrativa. Con frecuencia los gobiernos locales fijan sus estrategias con criterios de competitividad, despreciando las ventajas que aportaría la cooperación interterritorial.