lunes, 27 de noviembre de 2023

NADA NUEVO: EQUÍVOCOS SOBRE VIVIENDA PARA PROMOVER SUELO

 Comentarios a un ejemplo más del "papel finalista" de la prensa en favor de los intereses de los propietarios de suelo o del sector inmobiliario en general. 

No es fácil concentrar más inconsistencias y más contradicciones en la argumentación, ni más medias verdades y  falsedades  que las que se encuentran en este artículo, que se publica en vísperas de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe definitivamente las nuevas normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El problema no es "equivocar" el diagnóstico en cuanto a la demanda de vivienda.  Lo grave es mantener la falsedad de que el desarrollo de nuevos suelos y la construcción de más viviendas será la solución para hacerlas asequibles.


 



Al buscar explicación a que el precio de la vivienda se mantenga "resiliente" (sic) cita "el aumento significativo de los flujos de inmigración". ¿Está homologando a todos los inmigrantes con los que más bien habría que denominar inversores extranjeros? 


Se afirma con datos que la oferta sigue siendo "limitada e insuficiente", pero se omite el año de referencia y, sobre todo, hay un error básico que invalida toda la argumentación. Por definición (INE), el número de hogares coincide con el número de viviendas principales. En el artículo se dice “creación neta de hogares” (?), pero lo que interesa, a efectos de que haya oferta suficiente para las necesidades de primera vivienda (vuelven a equipararse erróneamente demanda y necesidad de vivienda), es el saldo neto de hogares (diferencia entre los que aparecen y los que desaparecen)  y ese saldo o crecimiento es, por tanto, igual a la diferencia del número de hogares existentes al principio y al final del período en cuestión.  Pues bien, hay que rectificar nuevamente esta información errónea utilizada en artículos de prensa como éste. Según el INE en 1/1/2021 había en España 455.531 más que en 1/1/2011, lo que supone un aumento medio de menos de 46.000 hogares al año. No 286.000, como se dice.



Realmente el objetivo del artículo es proponer como solución "liberar suelo finalista en grandes desarrollos", lo que se pretende respaldar, con datos incorrectos, por la necesidad de  “impulsar urgentemente la oferta de vivIenda”.


Es absolutamente necesaria la colaboración publico-privada, pero en el artículo falta concretar que si hay participación pública el alquiler deberá ser a precios asequibles y sin posibles futuras descalificaciones.


JULIO VINUESA

sábado, 25 de noviembre de 2023

LA DESPOBLACIÓN Y EL IRRESISTIBLE "EFECTO IMAN” DE LA CIUDADES

 “Los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía”, pero a riesgo de sufrir las consecuencias de no atender la advertencia de Ortega y Gasset, recordaré algunas de las cosas que escribí hace casi cincuenta años, cuando estaba elaborando mi tesis doctoral. Sé que no servirá para hacer reflexionar a los “adanistas”, que piensan que no ha habido nada antes de ellos, ni a quienes ahora hacen política, buscando réditos abanderando la causa de las “españas vaciadas”, víctimas de la irresistible atracción de las ciudades.  

Me limitaré a recordar y comentar aquí algunos de los párrafos de aquel artículo (Las políticas desconcentradoras y el crecimiento de Madrid).

 

Para los que piensan que estamos ante un fenómeno de ahora que hay que revertir:

 

-        En el Censo de 1887 se decía: "Como ya se hizo notar en el Censo de 1877, nuevamente está confirmada la tendencia de las poblaciones rurales a trasladar su domicilio a los grandes centros."

-        Entre 1900 y 1970 el porcentaje de población que reside en ciudades de más de 100.000 habitantes pasa del 3,4 a 36,8 %.  

 

En los últimos cincuenta años ese porcentaje sólo ha crecido hasta un 39,9%. El éxodo rural, el proceso de despoblamiento de las áreas rurales, se produjo en su inmensa mayor proporción antes de 1970, acentuado por el despegue del desarrollo económico que busca la eficiencia, mediante la concentración de los escasos recursos disponibles entonces en aquellas áreas donde las inversiones serían más rentables. Ese modelo de desarrollo acrecentó los desequilibrios entre las distintas regiones y entre los soportes físicos y las actividades humanas de muchos territorios.

 

Se "descubre" ahora que se “vacían” unos territorios ya prácticamente abandonados hace medio siglo. Saltan ahora las alarmas, pero no porque sean nuevos los casos de pueblos deshabitados o de vastos territorios con densidades que no cubren los umbrales de demanda necesarios para hacer posible el mantenimiento de unos mínimos niveles de calidad de vida. Lo que se descubre ahora son los potenciales réditos políticos de la utilización de un relato victimista. La España vaciada se dice, como si hubiese culpables concretos de tal sustracción. 

 

Hay que recodar que ya en los años 50 había conciencia de las graves consecuencias del proceso de redistribución espacial de la población que se estaba produciendo en España. La primera Ley del Suelo (mayo de 1956) señala en su preámbulo: 

 

"La acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico… [debe] limitar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo”

 

Un año y medio más tarde, noviembre de 1957, se aprobó la Ley de Urgencia Social de Madrid, en la que por primera vez se iban a dictar normas concretas dirigidas a frenar el proceso de concentración, con el inútil empeño de “ponerle puertas al campo”. En su artículo 30 textualmente se decía: 

 

"El Ministerio de la Gobernación y el de la Vivienda dictarán las disposiciones pertinentes para que dentro de lo dispuesto en el Fuero de los Españoles se ordene el acceso a la capital y se condicione el asentamiento definitivo de familias o personas a la previa demostración de poseer medios de vida suficientes, vivienda adecuada, ocupación estable y permanente o la existencia de cualquier causa legítima que justifique su cambio de domicilio." 

 

El nombre de la ley indica que la preocupación principal no era la despoblación del campo, del que los inmigrantes llegaban en oleadas huyendo de la pobreza, sino frenar el explosivo crecimiento de la capital, rodeada de un cinturón de infravivienda donde a principios de los años sesenta malvivía una décima parte de la población. 

 

Un año después (diciembre de 1958) se ponía en marcha la política de “Núcleos Urbanos de Descongestión de Madrid y demás Comarcas de Inmigración Intensiva". Se trataba de actuar sobre una serie de núcleos urbanos, básicamente creando en ellos suelo residencial e industrial para favorecer la localización de empresas que gozarían además de beneficios fiscales. En este caso se pensaba también en corregir los desequilibrios.

 

“…a fin de atraer hacia ellos [Toledo, Alcázar de San Juan, Aranda de Duero y Guadalajara] un contingente de población que, en otro caso, afluye, naturalmente, hacia el área metropolitana de Madrid. Su intención es la de moderar el intenso crecimiento de la capital …  para iniciar una verdadera colonización de la región y superar la situación actual en la que la gran ciudad se halla rodeada de una amplia región en condiciones de inferioridad económica y que presenta un patente desequilibrio humano, social y territorial"

 

Ninguna de estas actuaciones, ni los sucesivos Planes de Desarrollo, tuvieron éxito en cuanto a la descongestión ni a los reequilibrios. Al margen de los enunciados de los documentos oficiales, hasta los años 70 la verdadera prioridad era salir del subdesarrollo económico y corregir los déficits de vivienda, de infraestructuras y de equipamientos derivados del crecimiento “explosivo” de las grandes ciudades. A su vez, la población que abandonaba el medio rural para incorporarse al desarrollo en las grandes ciudades o en el extranjero era parte necesaria y beneficiaria del proceso de crecimiento económico. 

 

Mediados los años 70 los flujos migratorios se fueron debilitando por el lógico agotamiento de las poblaciones de los territorios que los alimentaban. El despoblamiento que había comenzado más de cien años antes se estaba consumando irreversiblemente. 

 

El “no nacido” IV Plan de Desarrollo (1976-1979) tenía un enfoque centrado en “la vertebración del territorio”. Ya en otra fase del desarrollo, en sus estudios previos, propugnaba una más equilibrada organización del sistema de ciudades en busca del equilibrio territorial, pero con el cambio de Régimen se abandonó la política de planificación que desde el Plan de Estabilización de 1959 había dirigido un desarrollo económico eficaz pero territorialmente desequilibrado.

 

La nueva organización político-administrativa tras la Constitución de 1978 deja las competencias de ordenación del territorio en manos de las Comunidades Autónomas que, salvo algunas excepciones, no la ejercen de forma positiva. Por el contrario, se pone de manifiesto una total falta de coordinación y cooperación interadministrativa, agravada por el predominio de estrategias de competitividad entre territorio y ciudades.  Por ejemplo, las proclamas en favor de la igualdad y la sostenibilidad se contradicen en la práctica por la persistencia de atavismos poblacionistas. Ganar o perder población se ven como claros signos de progreso o declive, lo cual inciden positiva o negativamente en la valoración que los electores hacen de los gobiernos locales. Para muchas ciudades competir en crecimiento demográfico es un objetivo esencial. 

 

Ahora estamos en un periodo de la historia con diferencias fundamentales en lo económico, lo social, lo tecnológico …, pero el conocimiento de su historia es imprescindible tanto para definir como para afrontar los desequilibrios territoriales. En 1967 Pedro Bidagor, responsable absoluto del urbanismo a nivel nacional desde 1940, refiriéndose a la “necesaria” descongestión de Madrid, afirmaba en relación con el escaso éxito de las políticas que:

 

"el mayor obstáculo con el que se tropieza es la natural resistencia de quienes hayan de sufrir una merma en sus ilusiones especulativas, que, como es natural, tratarán de ofrecer soluciones diferentes que, de manera más o menos velada, propugnen por el mantenimiento de la situación actual, conducente al crecimiento en "mancha de aceite", que revaloriza los terrenos circundantes y abre amplio y fácil campo a toda clase de especulaciones sobre el suelo".

 

A pesar de los cambios habidos, permanecen, lógicamente, los criterios que guían las decisiones empresariales a la hora de localizar sus inversiones aprovechando las ventajas de las ciudades. Sin embargo, no tenía justificación entonces ni la tiene ahora la, ya tradicional, falta de coordinación entre administraciones ni la ausencia de actuaciones solidarias para combatir desequilibrios territoriales. 

 

Pretender a estas alturas que revierta el proceso de urbanización de la población, parar su progresiva concentración en las ciudades, puede ser un esfuerzo tan inútil como querer negar la ley de la gravitación universal.

Julio Vinuesa  


miércoles, 22 de noviembre de 2023

DECLARACIÓN DE GIJON SOBRE VIVIENDA.

 


Los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE, reunidos en Gijón, bajo los auspicios de la presidencia española, firmaron el 14/11/2023 una Declaración de buenas intenciones en la que se recogen algunas obviedades y lugares comunes.

 

Se “destaca” la necesidad de las políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada bajo los principios de subsidiaridad y cooperación entre todos los niveles de gobierno. 

 

Se “reconoce” que hay un déficit de viviendas a precios asequibles.

 

Se hace un “llamamiento” para “ofrecer soluciones de vivienda o financiación” para los hogares con rentas medias y bajas”, lo que “podría incluir la creación y promoción de un parque de viviendas asequibles y sociales”, “promoviendo entornos construidos, más sostenibles, saludables e inclusivos”.

 

Se Insiste en la necesidad de “estimular un parque de viviendas adecuado, en particular en aquellas zonas con un mercado residencial tensionado… desarrollando una estrategia global en aquellos lugares en los que han surgido impedimentos debido a fenómenos como el alquiler a corto plazo”… “la mejora de los procedimientos administrativos, vinculados a la vivienda”.

 

Se reconoce “la importancia de mejorar los sistemas de financiación para el desarrollo de la vivienda, en particular para los alquileres sociales o asequibles, por ejemplo permitiendo la aplicación de modelos de colaboración público privada”.

 

Se invita “a la Comisión Europea estudiar la definición de vivienda social que puede considerarse un servicio de interés económico general para facilitar la aplicación de las ayudas estatales en las políticas de vivienda” 

 

Se recalca “la importancia de mejorar el estado del parque de viviendas existente… considerando que los edificios residenciales son responsables de una parte significativa del consumo de energía, gases defecto, invernadero considerando que las edificaciones residenciales son responsables de una parte significativa del consumo de energía, gases defecto, invernadero.

 

Se reconoce “…que la conservación y promoción de nuestro patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico desempeña un papel fundamental.” 

 

Se considera “trascendental continuar apoyando la industria de la construcción residencial en todos los niveles de decisión, como sector estratégico en la reactivación de la economía y la creación de empleo, estimulando mejoras regulatorias para reducir obstáculos al desarrollo y promoviendo el crecimiento y sostenibilidad de sector, apoyando la industrialización, la digitalización y la modernización.”

 

La Declaración está redactada bajo “los auspicios de la presidencia española” y hay poco que objetar a la llamada a la actuación pública subsidiaria ante la constatación de las graves dificultades que existen para acceder a una vivienda. También es muy oportuna la llamada de atención sobre la necesidad de una mayor coordinación interadministrativa. Es cuestionable, sin embargo, que cuando de lo que se está hablando es del derecho a la vivienda, se siga considerando “trascendental” el apoyo a la “industria de la construcción residencial” por cuanto que es “sector estratégico de la reactivación económica y la creación de empleo”. 


Cabe dudar también de la eficacia de este tipo de declaraciones, formuladas desde el poder que representan los ministros de los respectivos gobiernos estatales, para que sean escuchadas en los ámbitos de poder político más directamente implicados en las políticas de vivienda.  

Julio Vinuesa

jueves, 9 de noviembre de 2023

CONSTRUIR MÁS VIVIENDAS O TRATAR DE OPTIMIZAR EL USO DE LAS YA EXISTENTES


 El 26 de mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley Estatal por el derecho a la vivienda45 años después de que la Constitución consagrara el derecho a una vivienda digna y adecuada.  Durante el año largo que duró la tramitación de la ley se produjo una inflación de opiniones en los medios, pero el tema más controvertido, el que concentró gran parte de la atención, fue el del control de los precios del alquiler, ya que fuimos muchos los que cuestionamos la eficacia de ese tipo de medidas.

A penas han pasado seis meses y el interés mediático por el problema de la vivienda ha revertido hacia el planteamiento tradicional desde la época del desarrollismo: “hay escasez de viviendas nuevas y la política debe centrarse en la construcción de más viviendas para que bajen los precios”.  Está ampliamente constatado que, superada la escasez absoluta a mediados de los 70, el modelo de “cuantas más viviendas mejor” no es la solución para aliviar el problema de la vivienda, pero ello no es óbice para que se siga manteniendo en los programas públicos y del sector privado. 

Para afrontar las insuficiencias de oferta, previamente habría que partir del conocimiento necesario para poder determinar con rigor las necesidades: cuántas y qué tipo de viviendas hacen falta en cada ámbito local concreto, basando desde su origen las actuaciones públicas en la diferencia existente entre  la “necesidad de vivienda”, el derecho a un alojamiento digno y adecuada, y la “demanda de vivienda”, que no siempre puede vincularse a esa necesidad ni a ese derecho.

Se anuncia una mayor preocupación en el sector de la construcción por minimizar el impacto sobre el medio ambiente y el consumo energético, aprovechando los recursos del entorno y favoreciendo el reciclaje, pero se soslaya el hecho de que las edificaciones más sostenibles son las que no se construyen.  Antes que a la construcción de nuevas viviendas, deberían dirigirse muchos más recursos a regenerar el parque existente, pensando en optimizar su uso, adecuándolo a las necesidades de una sociedad “diferente”, con medidas que ordenen y hagan más trasparente el mercado de alquiler, dando mayor seguridad jurídica a arrendadores y arrendatarios. 

También por coherencia con los objetivos de sostenibilidad, las políticas de vivienda no pueden seguir teniendo como único objetivo la construcción de nuevas viviendas en nuevos desarrollos urbanos. El objetivo principal de las políticas de vivienda es facilitar el disfrute de un alojamiento digno, mejorando la calidad de vida de las personas, favoreciendo la cohesión social, y evitando desequilibrios socioespaciales.

Julio VINUESA

martes, 29 de agosto de 2023

ALQUILER DE INFRAVIVIENDAS

 


¿Por qué se quiere ignorar que hay muchas situaciones de infravivienda en nuestras ciudades?

La Policía Municipal de Madrid, tras una denuncia de una familia que se considera estafada, descubre una vivienda pareada de 172 m2 que ha sido reconvertida en nueve “viviendas” de 12 m2, alquiladas por 500€/mes a otros tantos hogares, El “casero” ha hecho las obras sin licencia, ha ocupado espacio público y no declara los alquileres en Hacienda, entre otras ilegalidades. (ABC,28/08/2023).

 

Esta revelación, consecuencia indirecta de una denuncia por estafa, probablemente quedará sólo en una anécdota. Ha sido noticia porque resulta impactante la avaricia y el desprecio por la ley de este “casero”, que pone en el mercado de alquiler semejantes antros, impunemente y con indudable éxito económico. La noticia no llama tanto la atención por las insalubres e indignas condiciones de vida de los inquilinos.

 

Lamentablemente este caso no es una excepción. ¿Cuántas viviendas que no cumplen los mínimos legales de habitabilidad, superficie, ventilación… o en situación de hacinamiento, están siendo arrendadas en cualquiera de los barrios de Madrid o de otra gran ciudad?

 

Sin duda serán muchas, pero no hay constancia oficial de ello y no se quiere conocer esa realidad porque habría que darle solución de acuerdo con la ley. Falta voluntad política para que las administraciones públicas actúen a partir de:

 

1. Un riguroso conocimiento del parque de viviendas y del uso que se está haciendo de cada una.

2.    Un exhaustivo control de los alquileres.

3.    Capacidad de gestión para hacer que se cumplan las leyes.

4. Recursos para dar una respuesta digna y adecuada a las necesidades de vivienda.

 

Porque si, como exige la ley, se clausurase el tugurio al que hace referencia la noticia ¿Qué respuesta darían las administraciones a las familias que están resolviendo así su necesidad de alojamiento?    

 

 

Otro aspecto lamentable del caso es que , según la noticia del periódico, el edificio está situado en la calle de Salvador Martínez por lo que se trata de viviendas de Promoción Oficial, construidas con dinero público en los años 80 en el barrio de Orcasur, dentro de la denominada Operación de Remodelación de Barrios. Las viviendas se vendieron a los antiguos moradores del barrio y el uso que se está haciendo de esta vivienda es un escandaloso ejemplo del fracaso de la política de venta de las promociones levantadas con dinero público.

Julio Vinuesa

 

    
 
          


Barrio de Orcasur   GoogleMap

miércoles, 23 de agosto de 2023

UTILIDAD DE LOS DATOS DE VIVIENDAS EN ALQUILER DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

La baja proporción de hogares viviendo en alquiler es uno de los rasgos característicos del sistema residencial español. A mediados del siglo pasado la mitad de los hogares vivían en alquiler, pero durante setenta años se han mantenido unas políticas claramente favorecedoras de la compra, que han ido convirtiendo el alquiler en algo residual. En los últimos años distintos factores económicos y sociales vienen haciendo que crezca la proporción de inquilinos, pero, como de costumbre, la información estadística es variada y, con frecuencia, contradictoria. En definitiva, poco fiable. A los datos del Censo de Vivienda y de las diferentes encuestas que realiza el INE, junto con los mas publicitados de los portales inmobiliarios, hay que añadir los de la Agencia Tributaria (AEAT), que desde 2019 publica datos de viviendas en alquiler a partir de la información recogida en las declaraciones del IRPF.

 

 

Lo primero que habrá que tener en cuenta es la “naturaleza” de esta fuente. Los datos se obtienen de las declaraciones del IRPF y, por tanto, no incluyen las viviendas cuyos propietarios no declaran. Se refiere a un “universo” de viviendas incompleto pero, en todo caso, los datos publicados por la AEAT dan pie a algunos comentarios sobre su posible utilidad a efectos de mejorar el conocimiento del mercado residencial. 

 

En esta estadística el total de viviendas principales incluye al 93,6% de las recogidas por el Censo de Vivienda 2021, mientras que las “viviendas arrendadas como vivienda habitual” representan sólo el 75% de las que en el Censo se denominan “viviendas cuyo régimen de tenencia es el alquiler”.  Los datos de la AEAT dan también una menor proporción de estas viviendas y, sobre todo, no reflejan la evolución positiva del alquiler que viene anunciando otras fuentes.


 

Total Viviendas

Viviendas arrendadas como vivienda principal

AEAT 2019

16.944.113

2.314.525

13,66%

AEAT 2020

17.078.444

2.148.789

12,58%

AEAT 2021

17.344.461

2.229.625

12,85%

Censo 2021

18.536.619

2.983.619

16,09%

 Fuente: Agencia Tributaria e INE


Estos datos, especialmente los de las viviendas arrendadas, pueden estar infravalorados por la existencia de fraude fiscal. De hecho, según diversas informaciones de la propia Agencia Tributaria, en los últimos años se vienen realizando importantes esfuerzos para combatir el fraude de los alquileres no declarados. Como en los años anteriores, en la campaña de la Renta de 2022, la AEAT advirtió que mandaría “avisos” a un colectivo de unos setecientos mil propietarios “para que declaren los alquileres” de sus viviendas. Por su parte el Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), denunciaba ya en 2009 que “la mitad de los alquileres no se declara a Hacienda” y en 2020 estima que el fraude sigue sin bajar del 40%.

 

Por otra parte, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, los datos a nivel nacional a penas tienen otra utilidad que la de mostrar, con más o menos acierto, tendencias generales. Para actuar con eficacia en materia de vivienda, es necesario disponer de información a escala local, que es dónde se producen y se manifiestan los problemas que dificultan disponer de una vivienda digna y adecuada. En este sentido, otra limitación de los datos de la AEAT, explicada en la propia metodología de la estadística, es que cuando se dan datos por comunidades autónomas la misma vivienda puede estar imputada en varios ámbitos.  La vivienda es un bien raíz localizado en un territorio concreto, pero el o los propietarios de cada vivienda pueden ser residentes (y por tanto declarantes) en territorios distintos al de la ubicación física del inmueble, máxime en los supuestos de viviendas arrendadas, y ello provoca duplicidades. El error, que parte de la naturaleza de la fuente, podría ser fácilmente subsanable si, como hace el INE, se identifica a las viviendas a través de su número de referencia catastral. 

 

Esta estadística de la Agencia Tributaria permitirá hacer análisis detallados y fiables de la estructura económica de los propietarios de vivienda y de los arrendadores, pero para el conocimiento del parque residencial será más útil y fiable la información elaborada por el INE a través de la nueva metodología del Censo en la que cruza datos de Padrón, Catastro y de la propia Agencia Tributaria, entre otros. 

 

La comparación con los datos del Censo invita a pensar en un porcentaje menor de los alquileres no declarados, pero resulta difícil aceptar que aún permanezcan ocultos en una proporción tan escandalosa, a pesar de los medios de que se dispone. No es comprensible que no se controlen y se eviten con mayor eficacia este tipo de situaciones, en primer lugar por la obligación de eliminar el fraude y, no menos importante, para que desde otras administraciones se pueda utilizar esa información como herramienta necesaria para aplicar correctamente medidas incentivadoras de una oferta de alquiler asequible. 


Partiendo de esta misma fuente de la Agencia Tributaria, el INE publica  la "estadística experimental"  Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), que merece un comentario a parte.


JULIO VINUESA

sábado, 19 de agosto de 2023

EL ANTIGUO HOSPITAL PUERTA DE HIERRO (La ciudad desperdiciada II)

El Hospital Puerta de Hierro fue creado en 1964 y tras su traslado a Majadahonda en 2008 el edificio que ocupó durante 44 años permanece vacío. 



Se trata de un edificio de brillante arquitectura diseñado para uso hospitalario y su antigüedad obliga a una importante actuación de modernización y, en el caso de un cambio de actividad, una total renovación. 



En el acto de inauguración de la nueva sede de Majadahonda, el entonces Consejero de Sanidad de la C. de Madrid anunciaba que se iba a demoler el edificio para construir un nuevo hospital de media y larga estancia y de cuidados paliativos. 

En 2016 la Asamblea de Madrid aprueba una proposición no de ley que instaba al Gobierno a “emprender con urgencia” los estudios para la reconversión del hospital.

El mantenimiento, seguridad y tributos del edificio viene costando a la administración regional del orden de 850.000€ anuales.

En 2017 la presidenta Cristina Cifuentes anunció que la Comunidad pondría en marcha los planes para reconvertir el edificio, que ya estaba en condiciones semirruinosas, en un centro de media estancia con 240 camas. 




El anuncio se ha ido reiterando anualmente y, tras el parón provocado por la pandemia, en febrero de 2021 se informó de la “próxima convocatoria” de un concurso para remodelar el edificio, respetando su estructura actual, y convertirlo en el “Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional de Madrid”. 

En febrero de 2023 la presidenta del la Comunidad anuncia “la creación en Madrid de la primera residencia para enfermos de ELA que se ubicará en el antiguo hospital Puerta de Hierro”, con un presupuesto de 60 M€.

En agosto de 2023 no hay ninguna actividad en el edificio que permita pensar que “por fin sí”, por fin se va a recuperar el hospital, aunque según va transcurriendo el ejercicio presupuestario parece que habrá que lamentar: ”este año tampoco”

Ya han transcurrido 15 años desde que quedaron vacíos y abandonados los 40.000 m2   del edificio y durante este tiempo se han gastado inútilmente casi 13M€, pero lo más grave es que no se ha utilizado un recurso que podría haber dado un servicio hospitalario de más de un millón de días/cama para decenas de miles de enfermos.



En un tono menor, pero sin quitarle importancia, hay que señalar también el efecto negativo de este enorme “vacío” físico y funcional sobre la actividad económica del entorno. (JV)



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Sitios consultados:

jueves, 17 de agosto de 2023

EL TEATRO DE MADRID (La ciudad desperdiciada I)



El Teatro de Madrid se construyó entre 1987-88 con “vocación” de auditorio anejo el Centro Cultural La Vaguada. En 1991 se ejecutaron las obras necesarias para convertirlo en un teatro que se inauguraría en enero de 1992 con el propósito de convertirlo en sede de la Zarzuela aunque termino centrándose en espectáculos de danza. 
 



Sin haber tenido una actividad destacable, en 2011, al finalizar el periodo de concesión, se cerró “temporalmente” para hacer una valoración estructural del edificio, corregir algunas deficiencias de origen, acometer una serie de mejoras necesarias y volver a adjudicar la explotación del teatro a una empresa privada.  Desde entonces no se han vuelto a utilizar. 




En febrero de 2018, el área de Cultura del Ayuntamiento publicó la licitación para reformar las oficinas del “Teatro Madrid” con la finalidad de añadir al barrio un nuevo centro dotacional con versatilidad de usos que permitiría acoger programas como talleres, oficinas, exposiciones, juegos y reuniones. Pero diversos conflictos en la contratación y realización de las obras han impedido ejecución.

 


En 2023 el teatro sigue cerrado y en los últimos años se ha puesto de manifiesto el deterioro del edificio que ha sufrido diversas agresiones vandálicas.



Al parecer en el Ayuntamiento se vienen contemplando varias iniciativas privadas para la recuperación y la nueva utilización del edificio, con fines no estrictamente culturales que implicarían un cambio sustancial en la finalidad del edificio y en su incidencia sobre el entorno y sobre el conjunto de Madrid.









El "desperdicio de ciudad" que supone que no esté funcionando el teatro adquiere especial gravedad por lo que significa de merma en la oferta cultural de Madrid y por su situación, al norte de la ciudad, en una zona desprovista de este tipo de equipamientos. Localizado al pie de la M30 y con muy buenas comunicaciones en transporte público, este teatro, además de beneficiar a su entorno contribuiría a la conveniente desconcentración y al necesario reequilibrio centro-periferia. (JV)


sábado, 12 de agosto de 2023

LA LEY DE VIVIENDA: ¿APROBARLA PARA RECURRIRLA?

 

Cuando en enero de 2020 tomó posesión el segundo Gobierno de Sánchez  el MITMA ya disponía de un borrador de la primera Ley Estatal de Vivienda. El texto había sido redactado en poco más de un año por la Secretaría General de Vivienda con la participación de un grupo de expertos y, tras haber estado unos meses en “reposo”, pasó a ser objeto de graves discrepancias dentro del nuevo Gobierno de coalición. EL 1 de febrero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, pero durante quince meses más se mantendrían discusiones entre los propios socios del Gobierno y con otros grupos parlamentarios. Por fin, tras pactarse con ERC y EH Bildu, la Ley se aprobó en el Congreso el 27 de abril de 2023 con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. (El 28 de mayo se celebrarían elecciones locales y regionales)

Como escribí en su momento, pienso que el defecto fundamental de la ley es la falta de consenso con que se ha redactado. Todos los expertos coinciden en que no será posible avanzar en la política de vivienda sin la existencia de un pacto estatal que, además de implicar a los responsables políticos de las distintas administraciones, cuente también con la colaboración de la iniciativa privada, agentes sociales y económicos y cuantos integren el complejo sistema residencial. Sin embargo, en el caso de esta ley, desde el propio Gobierno, se hizo hincapié en señalar con orgullo contra qué “enemigos” se aprobaba. 

 

Una ley de vivienda debe marcar el largo camino que habrá de recorrerse conjuntamente para alcanzar el objetivo del mandato constitucional, pero de poco servirá si una parte importante de quienes tiene que hacer el camino no están de acuerdo con su trazado, lo consideran claramente contrario a sus intereses o, simplemente, lo ven intransitable en la práctica. Para avanzar en el derecho a la vivienda es imprescindible el consenso previo y, en este caso, no sólo no ha existido sino que se ha eludido. No se atendieron ni el informe del Consejo General del Poder Judicial ni las sugerencias y alegaciones enviadas por las diferentes Comunidades Autónomas. 

 

A lo largo de la discusión y la tramitación de la Ley fueron muchas las críticas técnicas de expertos y el desacuerdo y las advertencias de no colaboración de distintas administraciones. Los partidos de la oposición han prometido su derogación y los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del País Vasco fueron los primeros entre las Comunidades Autónomas que anuncian recursos en el Tribunal Constitucional. 

 

Lo sorprendente es que Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), que votó a favor en el Congreso, y que previamente había presentado el acuerdo en rueda de prensa conjunta con EH Bildu, autoproclamándose artífices -con sus 18 votos- de la aprobación de la Ley de Vivienda, sólo tres meses después anuncie que votará en el Parlament a favor de la interposición de un recurso de anticonstitucionalidad por considerar que la Ley invade competencias de la Generalitat.

 

Seguramente el recurso ante el TC no será el principal escollo en el camino de esta ley, pero cabe preguntase si apoyar su aprobación en el Congreso para recurrirla a continuación desde el Parlament es por necesidad de rectificar tras la inexplicable torpeza de no haber interpretado correctamente el texto que se votaba o, simplemente, se debe a indisimulados cambios de estrategias electorales en escenarios distintos. JULIO VINUESA