miércoles, 27 de febrero de 2019

¿NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA?"", presentación y video de la 2ª sesión del ciclo "Diálogos sobre conflictos urbanos"


El problema de la vivienda, entendido como la insalvable dificultad de algunos segmentos de la población para disfrutar del derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada, sigue siendo uno de los principales problemas a combatir en las ciudades españolas, a pesar de que  el número de viviendas excede ampliamente al de hogares. Y no sólo afecta a las clases con menor nivel de renta, sino que gran parte de la población ha de hacer un esfuerzo económico excesivo para disponer de una vivienda que no siempre será la más adecuada. 
Desde mediados del siglo pasado las políticas de vivienda se han centrado en el impulso a la construcción para “solventar la escasez”, pero el problema está más bien en la inadecuación de localizaciones, tipos y, sobre todo, regímenes de cesión y precios de la oferta ante la dinámica de las necesidades de alojamiento. 
Desde distintas instancias del poder político se vienen proponiendo medidas para una reorientación de la política de vivienda, lo que requerirá corregir la inercia social generada por el mercado a lo largo de muchos decenios. 


Moderará la sesión JULIO VINUESA ANGULO


Participarán:


HELENA BEUNZA 
Secretaria General de Vivienda en el Ministerio de Fomento. Es licenciada en Derecho Público, por la Universidad de Valencia. Máster en Derecho Público y Organización Administrativa por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Máster en Estudios Urbanos y Regionales, por la London School of Economics and Political Science. Es funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional desde el año 2001. 
Ha desarrollado su carrera profesional en el sector público y en el privado. En el ámbito público, ha desempeñado funciones de Secretaria-Intervención en diversos ayuntamientos y mancomunidades. En el ámbito privado, ha sido abogada especializada en urbanismo, inmobiliario y medio ambiente en distintos despachos, tanto nacionales como internacionales.
Ha desempeñando el cargo de directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo de la Generalitat de Valencia. Asimismo, es la vicepresidenta de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). Fue directora Territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio en el Gobierno valenciano. También, ha ejercido funciones docentes en diversos cursos y másteres vinculados al urbanismo y a la vivienda.


CARME TRILLA
Economista, especialista en mercado y políticas de vivienda. Ha colaborado con diversas universidades organizando y participando en cursos y másteres en estas materias y ha redactado artículos para revistas especializadas sobre la incidencia de las políticas de vivienda en la demanda y necesidades de la sociedad. Entre el 2004 y el 2011 ocupó los cargos de directora general de Vivienda, y de Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña. Impulsó, entre otras normas, la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda y el “Pacto Nacional para la Vivienda, 2007-2016”, firmado con 36 organizaciones públicas y privadas, el octubre del 2007. Actualmente preside la Fundación Hàbitat3 Tercer Sector Social de Cataluña Preside el “Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona”, impulsado por las cuatro administraciones públicas competentes en este territorio.


BEATRIZ TORIBIO
Forma parte del equipo directivo de Fotocasa y como directora de Estudios y Asuntos Públicos de Fotocasa, entre sus principales misiones está coordinar y dar a conocer la visión, datos y experiencia del portal inmobiliario.
Vinculada al mercado de la vivienda desde hace muchos años, es la cara más visible de Fotocasa y participa en foros y eventos relacionados del sector, además de colaborar con asiduidad con diferentes medios de comunicación. 




lunes, 18 de febrero de 2019

ES NECESARIA UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA


Parecía que la burbuja inmobiliaria iba a hacer reflexionar sobre la vivienda. Algunos pensamos que llevaría a las administraciones, especialmente las municipales, a estructurar un nuevo modelo para ser menos dependientes de la necesidad de la venta de su patrimonio de suelo, puesto que no resuelve ninguno de los problemas, ni el de su financiación ni el de las personas que necesitan una vivienda.
Se sigue pensando que hacer más viviendas resuelve el problema social, lo que pone de manifiesto que no se ve que los grupos con necesidad de vivienda no siempre tienen capacidad de compra y que no es razonable que las plusvalías generadas con actuaciones públicas terminen en las manos privadas de aquellos que recibieron ayudas cuando tenían necesidad.

¿OTRA BURBUJA INMOBILIARIA?
Parece que nos acercamos a un ritmo acelerado a una nueva burbuja inmobiliaria. Así se dice en el informe realizado por el banco UBS para 2018, aunque “existe un menor riesgo de contagio económico” ya que el proceso actual está concentrado en las grandes ciudades. El coste de la vivienda está aumentando en todas las grandes capitales del mundo. Nos enfrentamos a una mayor distancia entre los ingresos personales y el precio que del alojamiento. La medida más interesante que propone dicho informe es una mayor REGULACIÓN por parte de los poderes públicos. 
Hay cifras que ponen de manifiesto la necesidad de nuevos criterios político a la hora de abordar la política de vivienda. Los precios del alquiler, en los últimos cinco años se han incrementado un 47% en Barcelona y un 38% en Madrid. El INE pone de manifiesto que en 2018 la compraventa ha aumentado por encima del 10%, y, a todo esto, vemos que las ayudas a la vivienda en 2018 en España representan un 0,04% del PIB, que sumando las ventajas fiscales alcanzaría el 0,22% del PIB, muy lejos del promedio europeo que está en el 0,6% del PIB de la UE. El INE calcula que en 2017 un 24% de los ingresos de las familias se utilizaron para pagar el alquiler, un 26,5% en Madrid. Si desagregamos por edades nos vamos a unas cifras alarmantes para los jóvenes entre 24 y 34 años, pues su coste de “emancipación” significa pagar por su casa un 57% de sus ingresos en el caso del alquiler. Un 40% de los menores de 30 años no pueden ni comprar ni alquilar. Son datos que ponen de manifiesto que, con la política de recalificación masiva de suelo en Madrid, lejos de conseguir que los jóvenes encontraran su alojamiento en la capital, se sigue produciendo su salida hacia la periferia como en la década de los 80.

ES NECESARIO UN PACTO POR LA VIVIENDA
Nadie parece querer asumir una estrategia de vivienda a largo plazo. La solución del problema que afecta cada vez a más ciudadanos, precisa de un acuerdo entre los grupos políticos a largo plazo, que permita estabilizar unos criterios y asienten una política que lo resuelva realmente.
Es fundamental acometer, a largo plazo, una política pública de vivienda que incremente, de forma sustancial, la actual “raquítica” participación de las administraciones públicas en el desarrollo de un parque inmobiliario público que influya de verdad en la solución de un arraigado desequilibrio entre alquiler y propiedad. Por ejemplo, sería bueno que una importante proporción de las viviendas en manos de la SAREB, que son públicas, pasaran ser gestionadas por aquellos municipios que tengan capacidad, ofreciendo alternativas de alquiler en función de los recursos de aquellos que las necesitan. Resulta muy cuesta arriba entender que el Ministerio de Fomento quiera construir 20.000 viviendas de nueva edificación, teniendo un patrimonio improductivo en manos de la SAREB. Se hace cada vez más necesario dejar de poner parches a la política de vivienda y que se produzca un cambio radical en la legislación.
Para fortalecer una política de vivienda largo plazo, debería impedirse que cualquier administración venda su patrimonio de suelo o su parque de vivienda. 
Para que se produzca un cambio profundo es necesario mejorar la información sobre vivienda, que como ya advertíamos hace más de 10 años (El fenómeno de las viviendas desocupadas, 2008, pp. 101-105), debe materializarse con la creación de un registro estatal de viviendas, de licencias de primera ocupación, obtención de flujos de hogares de los padrones municipales, integrar la información del catastro y el padrón, etc.
José María de la Riva

jueves, 14 de febrero de 2019

OTRA VIVIENDA PARA UNA SOCIEDAD DIFERENTE



Ante la mesa redonda ¿OTRA POLÍTICA DE VIVIENDA?
(el próximo jueves, día 21, en La Casa Encendida, 19:00), 
proponemos la lectura del artículo que hemos publicado hoy en “Seres Urbanos”








martes, 12 de febrero de 2019

PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS URBANOS, presentación y vídeo de la 1ª sesión del curso "DIÁLOGOS SOBRE CONFLICTOS URBANOS"


Los ciudadanos tienen derecho a la información, la transparencia y la participación en la toma de decisiones. La participación ciudadana es también un requisito necesario para alcanzar soluciones consensuadas y la oportunidad de contar con un aporte más rico de propuestas. Sin embargo, vienen siendo una tradición las deficiencias de los procesos de participación. 
En los últimos años nuevas tecnologías y nuevos impulsos sociales apuntan algunas mejoras, pero aún queda mucho camino por recorrer para que se hagan notar los efectos de una sociedad más comprometida con la defensa del derecho de todos a una ciudad mejor. Es necesario reflexionar sobre los niveles de información, transparencia y conocimiento para poder determinar en cada caso, con la mayor precisión posible, quiénes participan, para qué y cómo.    



Moderará la sesión JULIO VINUESA ANGULO

Participarán:


JUAN ANTONIO RUIZ CASTILLO
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (UCM). Curso Universitario Superior en Administraciones Públicas por el Instituto Ortega y Gasset. Curso Universitario Superior en Liderazgo y Gestión Pública por el IESE Business School
Pertenece al Cuerpo Técnico Superior del Ayuntamiento de Madrid. 
Entre 1984 y 1989, fue director de los Servicios de Coordinación y Descentralización Territorial, director de los Servicios de Personal, director de Relaciones Laboralesy asesor del alcalde.  Entre 1991 a 1992, fue asesor técnico del Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Desde abril de 2010, inspector de Servicios en el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. De 2015 a 2016 ha sido Director General de Atención al Ciudadano y Calidad en los Servicios


MARIA DOLORES HERNÁDEZ
 Licenciada en Derecho por la UCM en el año 1986. Doctora en Derecho por la UCM con premio extraordinario de doctorado en el año 1994. Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil de la UCM. Grupo de investigación “Sujetos protegidos y contratación”, cuya línea principal de estudio es la protección de los sujetos vulnerables en la contratación, como consumidores, discapacitados y menores. En los años 2017 y 2018 ha sido ponente en las Jornadas de Formación de Fiscales organizadas por la Fiscalía General del Estado sobre protección del consumidor vulnerable y protección del consumidor en el ámbito de la electricidad como sujeto especialmente vulnerable.

EDUARDO RAMIS

Antropólogo. Socio de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán de Madrid. Miembro activo en el proceso de participación ciudadana en relación con la operación Mahou-Calderón. Participa en la coordinación de la Mesa de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Foro Local de distrito de la Arganzuela (Madrid).



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jueves, 7 de febrero de 2019

LAS ESPINACAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA




Recomendamos la lectura del artículo que Eduardo Ramis, ponente en la primera sesión del curso Diálogos sobre conflictos urbanos, ha publicado por en el blog Seres Urbanos