Jueves, 28 de abril. 19:00 h.
“La organización político-administrativa y la ordenación del territorio en España”
Hay mucha literatura sobre las pautas que deben definir la ordenación del territorio, pero entendemos que lo más adecuado es plantear como definición la más asumida, la que en 1983 plantea la Carta Europea de Ordenación del Territorio, y que dice:
“La organización político-administrativa y la ordenación del territorio en España”
Hay mucha literatura sobre las pautas que deben definir la ordenación del territorio, pero entendemos que lo más adecuado es plantear como definición la más asumida, la que en 1983 plantea la Carta Europea de Ordenación del Territorio, y que dice:
- “La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, con multitud de objetivos, entre ellos el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, y por último, la utilización racional del territorio. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. El conjunto de normativas sobre ordenación del territorio recibe el nombre de Ordenamiento Territorial.”
Como disciplina su desarrollo más decidido se produce a partir de la II Guerra Mundial, lo que pone en evidencia su reciente utilización en la configuración del análisis de los procesos de ocupación del territorio, que durante tanto tiempo dependió en exclusiva del urbanismo.
Se puede apreciar cada vez con más contundencia que, de acuerdo con la estructura político administrativa del territorio y la distribución de competencias que establece la Constitución, las Administraciones Locales tienen la responsabilidad inicial, y por tanto de mayor transcendencia, en el objetivo de conseguir un desarrollo urbano basado en un uso racional del territorio, a partir de considerarlo como un bien limitado que habrá de ser utilizado con criterios de sostenibilidad, de equidad, de cohesión social y de eficiencia económica, buscando prioritariamente, por ejemplo, favorecer el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Sin embargo, las cosas no parecen estar produciéndose de acuerdo con esos principios. La debilidad cuando no ausencia absoluta de directrices territoriales supramunicipales que garanticen la coordinación y la complementariedad y, por el contrario, la prevalencia de estrategias de “competitividad” municipal ante la expectativa de obtener recursos financieros a través del proceso urbanizador, conduce a comportamientos en los que, con frecuencia, el objetivo fundamental de la política local es acelerar la urbanización del suelo municipal, normalmente en competencia con los municipios circundantes y con unos resultados necesariamente de desequilibrio y desorden territorial. Esa ausencia de Planes Estratégicos, acentúa cada vez con más insistencia procesos de “autarquía” local, con el propósito de no depender de otras administraciones, competir con los iguales, sin instrumentos de cooperación y coordinación, para finalmente asistir, en demasiadas ocasiones, a duplicidades de servicios, intensificación del uso del territorio en equipamientos o espacios residenciales sin capacidad presupuestaria para el mantenimiento de las propuestas materializadas.
Durante los últimos decenios el desarrollo urbano se ha producido bajo un control casi absoluto de los ayuntamientos y con frecuencia se ha querido ver la causa de los excesos urbanísticos en la autonomía municipal. La planificación, territorial, sectorial, urbana, estratégica, son instrumentos que permiten una mejor ordenación del territorio, pero ¿son instrumentos obligatorios? ¿Se utiliza adecuadamente por las diferentes administraciones competentes?
Se trata de debatir acerca de las virtudes y defectos de la actual organización político-administrativa del territorio; sobre la necesidad de fortalecer las herramientas y las políticas de ordenación del territorio con criterios de sostenibilidad, de equidad, de cohesión social y de eficiencia económica; y sobre las competencias municipales y la necesidad de coordinación intrarregional e interregional.
Moderador:
- José María de la Riva Ámez.
Ponentes:
- Jorge Agudo González, (Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid).
- Pedro Arahuetes García, (Alcalde de Segovia).
- Bárbara Pons Giner, (Arquitecta, Paisajista y Directora General de Planificación Territorial de Castilla-La Mancha).
Ponentes:
- Jorge Agudo González, (Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid).
- Pedro Arahuetes García, (Alcalde de Segovia).
- Bárbara Pons Giner, (Arquitecta, Paisajista y Directora General de Planificación Territorial de Castilla-La Mancha).
Al finalizar las intervenciones de los ponentes tendrá lugar un debate con el público asistente.
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