Por: Julio Vinuesa Angulo.
Frecuentemente aparecen en la prensa informaciones contradictorias sobre el número de viviendas vacías, pisos sin vender, las viviendas vendidas, precios…. Y, sólo a veces, en los medios se manifiesta cierta extrañeza por las discrepancias entre los datos de organismos públicos (INE, Ministerio de Fomento…) y de entidades privadas varias, que la mayor parte de los casos los publican sin que pueda saberse cómo han sido obtenidos.
No es ésta la primera vez que insistimos en que buena parte de los problemas que padece nuestra sociedad, la economía y el territorio, por culpa del modelo de desarrollo urbano imperante y del mercado de vivienda que tenemos, son favorecidos por la falta de conocimiento, que es una consecuencia inevitable de la ausencia de información sobre la realidad física del parque y sobre su situación funcional.
Hemos reclamado en numerosas publicaciones a las administraciones públicas que elaboren estadísticas fiables, detalladas, actualizadas y adecuadas sobre el parque de viviendas y el uso que de él se hace. En el panorama de la vivienda en España predominan las incertidumbres sobre las certezas, y algunas de las supuestas realidades a través de los datos que se manejan en los medios, no son sino versiones sesgadas por intereses de los agentes económicos o de las instituciones públicas.
Es sencillamente escandaloso que en un país con el nivel de desarrollo de España, con la importancia de los sectores inmobiliario y de la construcción en la economía, con las dificultades que un importante segmento de la población tiene para disponer de una vivienda digna, ni los ayuntamientos, ni las administraciones regionales, ni la administración estatal sean capaces de contestar a preguntas como ¿cuántas y qué viviendas se necesitan? ¿cuántas viviendas hay? ¿cuál es su uso? ¿qué características tienen? ¿cuál es su precio? ¿cuántas se están construyendo?
Ante esta situación cabe hacerse una pregunta: ¿por qué no existe la información necesaria? Y la única respuesta posible es: porque no interesa que exista. La opacidad juega a favor de los intereses especulativos. La dura y escandalosa realidad (millones de viviendas vacías, millones de viviendas que se han construido sin que fuesen necesarias como alojamiento) compromete a los poderes públicos responsables.
Con más información y más conocimiento no sería tan fácil respaldar con el Planeamiento Urbanístico crecimientos urbanos que sólo persiguen la apropiación para unos pocos de grandes plusvalías generadas por unos desarrollos urbanos contrarios al interés general .
Con más información y más conocimiento, los poderes públicos tendrían que tomar medidas, contrarias a intereses poderosos y probablemente impopulares, para ponerle las bridas al modelo del ladrillo y corregir el despilfarro que supone millones de viviendas sin utilizar.
Ahora que cada vez se habla mas de “transparencia”, para que este derecho no se convierta también en un concepto vacío es imprescindible que cuanto antes los poderes públicos se comprometan a generar y difundir toda la información necesaria para que la opacidad reinante no siga perjudicando los intereses generales que ampara la Constitución en relación con el desarrollo urbano y el derecho a la vivienda.
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