EL DERECHO A LA VIVIENDA CORRE PELIGRO EN ESPAÑA

En un informe elaborado por Amnistía Internacional se afirma con rotundidad: “El derecho a la vivienda corre peligro en España”.

El pasado día 19 del presente mes de Junio, Amnistía Internacional hizo público un extenso estudio: Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España.

Dicho estudio, de 52 páginas, arranca de la situación producida como consecuencia del comienzo de la actual crisis, que sitúa en 2008, abordando el drama que supone, desde el punto de vista fundamental de los Derechos Humanos, para un ingente número de familias que han perdido su alojamiento, como consecuencia de ejecuciones hipotecarias y sobreendeudamiento.

Se apunta que aun siendo cierto que en 2012 “el gobierno central ha aprobado una serie de medidas dirigidas a mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su casa”, básicamente un código de buenas prácticas para los bancos, que propone la suspensión del desalojo en el caso de familias que se encuentren en “colectivos especialmente vulnerables” y hace relativamente poco tiempo, el 28 de febrero de 2015 el B.O.E. hace pública la Ley de Segunda Oportunidad. Dicha ley modifica aspectos importantes de nuestra Ley Concursal, y permitirá que una cantidad importante de personas sobreendeudadas puedan negociar sus deudas en un plano de igualdad con las entidades financieras, que de no ser posible la reestructuración de dicho sobreendeudamiento, posibilitará que dichas personas puedan “empezar de cero”, liquidando los activos que posea, en su caso, y cancelando definitivamente la deuda. El “fresh start”, con que se conoce el derecho a empezar de cero en los países anglosajones, y que muchos países de nuestro entorno estaban reclamando la introducción de dicho elemento en nuestra legislación.

También se pone de manifiesto que aunque, como ya conocemos, la Constitución Española de 1978 en su artículo 47 reconoce el derecho a la vivienda, ninguna institución responsable (Central y Comunidades Autónomas), han elaborado legislación que desarrolle su contenido, como resultado “las personas en peligro de sufrir un desalojo están en gran medida desprotegidas.”

Obviamente, el informe aborda el elevado número de viviendas desocupadas en España, que sitúa en 3,44 millones según el censo de 2011, incidiendo en que se trata de un “recurso potencialmente disponible que las autoridades públicas pueden y deben usar para garantizar el derecho a la vivienda.”

Realiza el informe una serie de recomendaciones y conclusiones que se pueden resumir en el título de esta nota: “el derecho a la vivienda corre peligro en España”.

Muchas de las cuestiones que aparecen en dicho informe venimos expresándolas desde este blog desde hace tiempo, lo que nos parece importante, pues la coincidencia en los argumentos, creemos, permitirá tener más fuerza para que se corrijan las mismas, y mucho más si la concordancia, como en este caso, es con una organización de relevancia internacional. 

Uno de los argumentos que apreciamos, y que se refleja en el informe de AI, es la falta de rigor en los datos que permitan tomar decisiones con criterio suficientemente fundado, en dicho informe textualmente dice: “Un problema adicional de la crisis de la vivienda en España es la falta de datos estadísticos sobre el número de personas afectadas por desalojos hipotecarios.”

Pero además se reclama el cambio de legislación, una mejor articulación de las políticas sobre vivienda entre las diferentes instituciones competentes, la utilización de las viviendas vacías, especialmente las que están en manos públicas como las de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

JMR.