(Presentadas en la sesión de clausura el 28/04/2016)
No se trata de elaborar una teoría indiscutible, pero sí seguir insistiendo en la necesidad de cambiar las políticas de vivienda. Continuar los razonamientos, las reflexiones que ponen en evidencia los errores en unas prácticas que no han impedido la especulación, ni han recuperado las plusvalías generadas en beneficio de la sociedad y tampoco han aliviado el problema de la vivienda.
I. El problema de la vivienda se manifiesta en el desajuste entre unas acuciantes necesidades de alojamiento y una oferta extremadamente cara y mercantilizada. De la doble dimensión económica y social de la vivienda, en un sistema con un predominio abrumador de la vivienda en propiedad hay una total supeditación a las reglas de un mercado fuertemente especulativo que deja postergados principios como el de la función social de la propiedad.
II. La vivienda ha de entenderse como una porción de espacio urbano, el derecho a una vivienda digna y adecuada sólo se satisface si se complementa con el derecho a la ciudad. Una vivienda digna y adecuada en un espacio urbano de calidad.
III. El problema de la vivienda comienza y se agrava por el desarrollismo urbano sujeto a las reglas del negocio inmobiliario y de la especulación. Hay que regenerar el Urbanismo como acción política para propiciar un uso racional y sostenible del territorio a partir de criterios de equidad y de cohesión social, contrario a la especulación y en defensa del interés general.
IV. El problema de la vivienda requiere más y mejor conocimiento sobre el estado del parque, su utilización y sobre la dinámica de hogares, pero a nivel local y, siempre, desde la perspectiva de su carácter social.
V. Nunca ha existido una auténtica política social de vivienda. Las políticas de vivienda han estado fundamentalmente orientadas a ofrecer facilidades financieras y fiscales para dinamizar la demanda en favor de una producción (sectores financiero, inmobiliario y de la construcción) que ha llegado a ser irracional por excesiva. La política de vivienda ha de desarrollarse como servicio público en el marco del “Estado social” y al margen del mercado de vivienda-inversión.
VI. La desigualdad social es más la causa que una consecuencia del problema de la vivienda. La preocupación política y social por el problema de la vivienda se limita a paliar algunos de sus síntomas más dramáticos, pero no se plantea combatir la causas. Las políticas de vivienda no ocupan un lugar destacado en los programas sociales de los partidos políticos. Interesa el stock de vivienda nueva vacía en la medida en que constituye un problema para el sector financiero.
VII. Es necesario disponer de una legislación específica de vivienda. Una ley que regule el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada y las obligaciones de los poderes públicos de satisfacer ese derecho, coordinando los muchos aspectos que confluyen (desde el planeamiento, a la regularización financiera y fiscal de la vivienda, la función social de la propiedad, la ley hipotecaria, la ley de propiedad horizontal…)
VIII. Son necesarios cambios legislativos y dedicación de los recursos públicos para crear un sistema basado en nuevas formas de acceso y gestión de la vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna (como servicio público), con actuaciones como:
- Favorecer la promoción de vivienda para alquiler a precios asequibles
- Puesta en uso de viviendas vacías para alquiler asequible.
- Primar la rehabilitación y la regeneración del parque existente frente a la promoción de vivienda en nuevos desarrollos.
- Programas de ayudas personales al alquiler.
- Garantizar servicios de emergencia habitacional.
IX. El cambio de modelo no se conseguirá sin movimientos ciudadanos fuertes y decididos. Ni los agentes económicos ni los poderes políticos van a acometer las reformas necesarias sin una fuerte presión social.
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