En la newsletter (11/10/2024) de España Mejor se publica un breve texto en el que reitero algunas ideas sobre la necesidad de cambiar las políticas de vivienda que se viene aplicando desde mediados del siglo pasado y, más ampliamente, la necesidad de ir hacia un nuevo paradigma en el sistema de provisión de vivienda. Hay que abandonar la política de "parches".
La imposibilidad o las dificultades para satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada son la principal expresión de lo que se denomina problema de la vivienda y su cronificación y gravedad indican: a) la ineficacia del sistema de provisión de vivienda y b) la necesidad de la actuación subsidiaria del Estado. El funcionamiento del sistema de provisión de vivienda, o sistema residencial, tiene una gran complejidad, está compuesto por un elevado número de actores (poderes públicos, propietarios de suelo, promotores, sistema financiero, inversores, demandantes de vivienda…) y un amplio, variado y dinámico conjunto de factores normativos, sociales, económicos, culturales… con los que interactúan. El sistema residencial debería tener como finalidad facilitar la satisfacción universal del derecho a la vivienda, pero no todos los participantes en el sistema persiguen ese objetivo.
Después de setenta años de políticas de vivienda y un desarrollo exitoso de un sector inmobiliario muy potente y con un gran peso en la economía, en España hay 26,6 millones de viviendas para 18,7 millones de hogares (1,4 viviendas por hogar) y sin embargo, para amplias capas de la sociedad, es imposible o entraña una gran dificultad disponer de una vivienda. Es evidente que durante demasiado tiempo ha quedado postergado el objetivo social de garantizar la satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los propietarios de suelo, los promotores inmobiliarios, el sistema financiero, las administraciones en todos sus niveles y todos cuantos obtienen beneficios económicos con la construcción y venta de nuevas viviendas, centran su interés, lógicamente, en dinamizar el mercado y la subida de los precios les conviene. El auge de la construcción se ha consolidado como la más clara evidencia del “desarrollo” y el acceso a la propiedad es seguridad económica y enriquecimiento.
Los hogares demandantes de vivienda en propiedad, aunque sólo busquen satisfacer sus necesidades de alojamiento, al comprar se convierten en inversores y, como todos los propietarios, se sentirán enriquecidos por la revalorización de sus patrimonios. Los arrendadores, dentro de la lógica del sistema, querrán obtener la máxima rentabilidad de su inversión y la evolución de los valores de las viviendas irá marcando también al alza los precios en el mercado de alquiler. Desde el Estado al pequeño ahorrador que compra su vivienda familiar, pasando por los diferentes agentes económicos, todos se van a ver beneficiados con el aumento de valor del patrimonio inmobiliario. En consecuencia, no cabe esperar que abaratar el mercado pueda ser un objetivo interesante para los participantes en el actual el sistema de provisión de vivienda.
Sólo están realmente a favor de que bajen los precios quienes necesitan alquilar. La principal carencia del sistema residencial español es la insuficiente oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles, que es la consecuencia de las políticas de vivienda aplicadas durante decenios. No será posible alcanzar ese objetivo dentro de unas estructuras pensadas para conseguir una permanente revalorización de los activos inmobiliarios. Quienes necesitan alquilar, ante la práctica inexistencia de vivienda pública en alquiler, se enfrentan a un mercado libre con una oferta muy atomizada y no profesional, propensa a la escasez y a las subidas de precios, agravadas por la “inseguridad jurídica” y el “acoso” normativo que “sienten” los propietarios, en un contexto poco transparente.
Se comete un grave error de diagnóstico al considerar que la carestía del alquiler se debe exclusivamente a unas excesivas exigencias de renta por parte de los arrendadores. Falta voluntad política para afrontar el necesario cambio de estructuras, profundo y amplio, para concitar intereses en favor del objetivo, no atendido hasta ahora, de conseguir, al margen del mercado, una oferta de vivienda asequible y suficientemente amplia, capaz de atender las necesidades de alojamiento de una sociedad muy diferente y diversa.
JULIO VINUESA
A lo largo de la Historia las personas se han desplazado buscando asentarse allí donde pudieran encontrar unas mejores condiciones de vida. Todo parece indicar que en el siglo XXI los desplazamientos de la población del planeta persiguiendo ese objetivo se van intensificar y van a ocupar el centro de la acción política tanto internacional como interna. Así se viene anunciando desde hace decenio por las ciencias sociales, pero con el fenómeno migratorio se repite una vez más el error de no tomar en consideración los fenómenos demográficos hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando esto ocurre, la urgencia para atender alguno de los efectos más conflictivos impide ir a las raíces del problema, ocuparse de corregir las causas.
Existe una especie de “ley de gravitación migratoria” que viene a explicar que la intensidad de los flujos de las corrientes migratorias entre unas regiones y otras es directamente proporcional a la desigualdad existente entre ambas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.
Desde el XIX, se han ido haciendo mayores las diferencia en calidad de vida entre los países más y menos desarrollados, (renta per cápita, derechos humanos, derechos sociales básicos, seguridad, control demográfico) y el auge de los medios de transmisión de información hace más evidentes las desigualdades que impulsan las tensiones migratorias de forma casi exponencial. Los países con mayor calidad de vida, son un “potente imán”, un destino irrenunciable.
Complementariamente, en los países con menor calidad de vida existen potentes factores de “expulsión” (pobreza, hambre, guerras, inseguridad, sobrepoblación…), que acucian a migrar a quienes tienen mayor capacidad y mayor iniciativa para buscar oportunidades de mejorar sus condiciones de vida o, simplemente, para sobrevivir.
Se han hecho mucho mas fáciles los desplazamientos, menores las distancias funcionales en un mundo global cada vez más intercomunicado (transportes más baratos, rápidos y seguros) y con fronteras mas “permeables” (desorganización, mafias, respeto a los derechos humanos, compromiso de asilo…). El fenómeno migratorio se realimenta, los migrantes ya asentados facilitan nuevos traslados al ejercer como “cabezas de puente” (reagrupamiento familiar, emulación…). Las mafias han convertido los desplazamientos de la migración ilegal en un negocio muy lucrativo
Para los países emisores, los flujos de emigrantes suponen reequilibrio demográfico, pérdida de “capital humano”, salida de capital, recepción de las “remesas” de los emigrados, obtención de ayudas para el desarrollo, para “regular” la emigración y para combatir las mafias en origen.
Para los países receptores, los flujos de inmigrantes aportan “capital humano”, frenan el envejecimiento demográfico, generan diversidad, y exigen medidas para conseguir la integración y evitar el deterioro de la cohesión social, corrigiendo la tendencia a que se produzcan situaciones de exclusión y segregación socio espacial. La inmigración irregular y descontrolada propicia situaciones de ilegalidad, exacerba las actitudes xenófobas y enfrenta a los países receptores a un horizonte difícilmente sostenible social y económicamente.
Las personas migrantes abandonan su lugar de origen tras sopesar los costes personales que les supone la migración y las mejoras que pueden alcanzar. Hay que partir de la existencia de una gran diversidad de circunstancias personales, pero fundamentalmente la migración supone desarraigo, tiene un coste económico, requiere esfuerzo de adaptación a una cultura y una lengua diferente, y ser potencialmente víctimas de discriminación y comportamientos xenófobos. Todo ello por una necesidad acuciante o una expectativa más o menos real de mejorar las condiciones de vida personal y familiar en un lugar distinto al de su nacimiento.
Actualmente, según la Encuesta Continua de Población (INE) los nacidos fuera de España (9,03 millones) representan el 19,1% de la población, mientras que los residentes con nacionalidad extrajera (6,6 millones) son el 14%. En 2002 la población de no nacidos en España era 2,3 millones y la de extranjeros 1,7 millones. Del colectivo de extranjeros 2,85 millones están actualmente afiliados a la Seguridad Social lo que representa el 13,5% del total.
El fenómeno migratorio ofrece algunas certezas y no pocas incertidumbres. No se deben extrapolar las tendencias migratorias de los últimos 22 años, pero es razonable pensar que España va a mantener su fuerza de atracción para los migrantes de los países de lengua española, por razones de proximidad cultural, y para los países norteafricanos y subsaharianos, por ser la entrada más próxima a Europa. Pero no es posible prever la intensidad de los flujos procedentes de estos países o la aparición de nuevos países emisores. A la persistencia de los factores estructurales (sobrepoblación, pobreza, déficits de calidad de vida, inseguridad, riesgos para la vida, …) en los países de los que proceden actualmente la mayor parte de los nacidos fuera de España, se añadirán presumiblemente otros factores de “expulsión” debidos a crisis económicas, políticas, ambientales, situaciones bélicas… en cualquier otra parte del mundo. Dentro de la incertidumbre, es razonable pensar que en los próximos decenios se intensifiquen las tensiones migratorias por el agravamiento de las desigualdades y las facilidades de la globalización.
La ONU a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) promueve una migración humana y ordenada para beneficio de todos. En el Informe elaborado para la Agenda 2030 se dice que “La migración es un poderoso impulsor del desarrollo
sostenible, para los propios migrantes y para sus comunidades en los países de origen, tránsito y destino.” Pero también afirma que “...si la migración está mal administrada puede tener un impacto negativo en el desarrollo, poner en peligro a los migrantes, someter a tensiones a las comunidades y minimizar los beneficios en materia de desarrollo.”
El reto está en regular el proceso respetando los derechos de las personas que tienen que abandonar su lugar de origen por razones de supervivencia o en busca de una oportunidad para conseguir unas mejores condiciones de vida. La comunidad internacional debe ampliar sus esfuerzos en atender las catástrofes humanitarias que suponen los desplazamientos forzados masivos de la población (ACNUR). Los flujos continuos de personas que huyen desesperadamente de la pobreza y de la inseguridad en busca de derechos humanos y de prosperidad, por las circunstancias de grave riesgo para la vida con que se producen frecuentemente adquieren igualmente el carácter de catástrofe humanitaria. En los países de llegada el deber humanitario de acogida de estas personas choca con la amenaza de unos flujos que de mantenerse superarían la capacidad de los recursos económicos y harían inviable la inclusión social.
En el caso de España, como en el conjunto de los países de la UE, la composición por edades de la población, progresivamente envejecida, hace necesaria la incorporación de población joven para mantener el estado de bienestar. En España, dentro del marco establecido en el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo el 14 de mayo de 2024, la regulación de los flujos de entrada y la normativa para establecerse en el país (permisos de residencia y trabajo, atención humanitaria…) son competencia estatal. A la vista de los resultados, es evidente que deben replantearse de raíz las políticas y los recursos que se vienen aplicando. Hay que centrarse en la cooperación con los países emisores para combatir el tráfico de personas y la inmigración ilegal. Complementariamente se debe fomentar la inmigración reglada, por ejemplo, mediante las contrataciones en origen y apoyando el reagrupamiento familiar.
Son fundamentales las políticas de ayuda a la integración para conseguir una sociedad inclusiva capaz de superar las dificultades de convivencia entre identidades y culturas diferentes, combatiendo el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. Es ésta una tarea que compete gestionar a las administraciones autonómicas y municipales, para garantizar a todos los residentes, al margen de su procedencia o nacionalidad, la satisfacción de derechos básicos como la sanidad, la educación, la vivienda. Las situaciones de segregación se trasladan a las sucesivas generaciones, haciendo crónicos los problemas derivados de la no integración.
Las inmigraciones internacionales son ya un proceso global con tendencia a intensificarse y acentuarse su desgobierno. El reto exige conseguir acuerdos a nivel global e interno que, como propone la Agenda 2030, lleven a convertir las migraciones en impulsoras del desarrollo sostenible y del necesario reequilibrio internacional. La actuación es urgente pues, para las regiones de origen y de destino y, especialmente, para las personas migrantes, son catastróficos los efectos provocados por la inmigración descontrolada y la no integración.
JULIO VINUESA
Algunos “expertos” y, en general, representantes del sector inmobiliario y no pocos responsables públicos siguen insistiendo en que el problema de la carestía de la vivienda es consecuencia de la falta de oferta. Por tanto “la solución está en construir más viviendas”.
Por más que puedan darse situaciones más o menos puntuales que exijan la construcción de nuevas viviendas, está reiteradamente constatado que el aumento de la oferta no soluciona el encarecimiento de la vivienda. Basta con recordar que en la primera década del siglo se construyeron en España mas de 5 millones de viviendas mientras que el aumento del número de hogares fue de 3,8 millones. El exceso de casi 1,5 millones de viviendas no impidió la mayor y más duradera elevación de los precios de la vivienda hasta el “estallido de la burbuja". Por mucho que se repita seguirá siendo falso con carácter general que el aumento de la oferta de vivienda haría bajar los preciso.
La solución del problema de la vivienda requiere medidas más complejas. No basta con comparar el aumento neto de los hogares con el número de nuevas viviendas construidas para concluir que el parque es insuficiente. Al menos sería preciso concretar de qué tipo de hogares se habla y que viviendas necesitan (tipos, regímenes de cesión, localización, precios…)
Además, cuando todo el objetivo se centra en construir viviendas se sigue postergando la atención al hecho de que al menos tres cuartas partes del las viviendas existentes necesitan mejorar sus condiciones de confort y de eficiencia energética
JULIO VINUESA
RESUMEN DEL ARTÍCULO
“Las condiciones medioambientales siempre han condicionado la forma y el paisaje de las ciudades, y en la actualidad, los efectos del cambio climático obligan a poner en marcha estrategias urbanas para limitar sus efectos negativos sobre la seguridad de las personas y la calidad de vida. En ese contexto se enmarcan las estrategias de enverdecimiento de la ciudad y de apuesta por la reducción de la movilidad que se analizan en este artículo, prestando especial atención a modelos de intervención en nuestras urbes. La «ciudad del cuarto de hora» en París, las «supermanzanas» de Barcelona y la combinación de «iniciativas públicas y privadas» para fomentar el enverdecimiento de Madrid y de su región urbana, el «bosque metropolitano» y el «arco verde» entre ellas, son tratadas en este artículo para demostrar la eficacia de las estrategias verdes y de la reducción de la movilidad para alcanzar la neutralidad climática en 2050, de acuerdo con los objetivos de la cumbre del Clima de París de 2015 y el Pacto Verde europeo. Como se manifiesta en el artículo, todo esto exige la sustitución de un modelo urbanístico despilfarrador, basado en la creación continua de suelo artificial, por otro centrado en la regeneración de los espacios ya construidos y potenciar su enverdecimiento, y todo ello sin olvidar las aportaciones que la agricultura de proximidad y en el interior de las ciudades pueden proporcionar para hacer frente a necesidades de suficiencia alimenticia de las poblaciones urbanas”
ZÁRATE MARTÍN, Antonio M.. Enverdecimiento urbano y Cambio Climático. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, [S.l.], n. CLXII, p. 305-332, july 2024. ISSN 2603-6010. Disponible en: https://www.boletinrsg.com/index.php/boletinrsg/article/view/237
El Capítulo II del Título IV (artículos 32 a 36) de la Ley por el Derecho a la Vivienda: “Información y transparencia en materia de vivienda y suelo”, hace referencia a la voluntad de subsanar una de las causas fundamentales de la falta de eficacia de la política de vivienda: actuar sin la información, el análisis y el diagnóstico necesarios y gestionar sin transparencia.
Detalladamente la Ley establece una amplia serie de obligaciones del Estado para que se elabore información y se haga pública con periodicidad anual. Objetivo tan necesario como factible y para el que sólo hace falta voluntad política, que hasta ahora sólo se ha manifestado al legislar.
El artículo 32 obliga al Estado a “…elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, en el que se incluirá, al menos, la siguiente información: a) Identificación de las viviendas que lo componen, b) Características fundamentales de las viviendas, c) Situación de uso de las mismas y d) Características de las personas u hogares usuarios.” Se habrá de elaborar anualmente “una memoria sobre las características del parque público de vivienda y su utilización, debidamente actualizada, que permita la conformación de un mapa de la vivienda social para facilitar su acceso por parte de la ciudadanía. Asimismo, se recogerá la información sobre las actuaciones previstas para reforzar el parque de vivienda social en los próximos cuatro años”.
El artículo 33 obliga a “…detallar el presupuesto invertido anualmente en los diferentes programas de política de vivienda, a través de los instrumentos de colaboración con las administraciones competentes, diferenciando, al menos, en los siguientes destinos de gasto: a) Ayudas al alquiler de vivienda dirigidas a las personas arrendatarias, b) Promoción de vivienda en alquiler social o asequible, c) Promoción de vivienda sujeta a algún tipo de protección pública, d) Programas de intermediación en el alquiler, e) Ayudas a la rehabilitación edificatoria, diferenciando específicamente las que mejoren la eficiencia energética y promuevan la utilización de las energías renovables y la accesibilidad y f) Programas de regeneración o renovación urbana, especificando la inversión en actuaciones en asentamientos y barrios de alta vulnerabilidad incluyendo programas de realojo.” Habrán de publicarse con periodicidad anual, … “los datos indicados en el apartado anterior … indicando específicamente las cuantías que, en estos programas, hayan contribuido a favorecer el acceso a la primera vivienda por parte de jóvenes.”
Por su parte, el artículo 34, se refiere a la obligación de ofrecer “…información sobre el uso y destino del parque de viviendas de su ámbito territorial, con indicación, en términos agregados, del número de viviendas o de inmuebles de uso residencial que estén habitados por hogares y constituyan su residencia principal, así como aquellos que se hayan identificado como deshabitados o vacíos dentro de su ámbito territorial...” Información que deberá publicarse conperiodicidad anual, “…especificando las medidas y acciones orientadas a la optimización del uso del parque de vivienda del ámbito territorial.”
El artículo 35 se refiere a la caracterización de la demanda de vivienda y dice que el Estado “… en la forma que se instrumente de acuerdo con las administraciones competentes, deberá detallar el número de personas y hogares inscritos en los registros de demandantes de vivienda habilitados para el acceso a los diferentes programas de acceso a la vivienda, diferenciando aquellas personas u hogares que actualmente residen en su ámbito territorial, de aquellos solicitantes que residen en otros ámbitos territoriales. Asimismo, se establecerán las principales características socioeconómicas de las personas y hogares demandantes de vivienda a partir de la información obrante en los referidos registros”. La publicación de la información será anual “… especificando las actuaciones realizadas, en curso y previstas para dar respuesta a la demanda existente.”
Por último, el artículo 36 establece la obligación de “…detallar el suelo disponible de titularidad [del Estado] “y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria residencial en virtud de los instrumentos de ordenación urbanística, incluyendo, al menos, la siguiente información: a) Número de viviendas, superficie construida y tipología edificatoria. b) Situación del suelo en términos de urbanización. c) Situación en términos de clasificación y categorización urbanística, diferenciando entre suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable delimitado o sectorizado con ordenación pormenorizada y suelo urbanizable delimitado o sectorizado sin ordenación pormenorizada, o categorías equivalentes”. La publicación con periodicidad anual se hará “…especificando el suelo integrante del patrimonio público de suelo, obtenido en cumplimiento el deber legal de cesión…”
Lo establecido por la ley, si realmente se ejecuta, será un importante avance en el imprescindible conocimiento del sistema residencial, aunque habrá que ampliar la información georreferenciada sobre la dinámica de los hogares y de la totalidad del parque de viviendas para poder analizar y diagnosticar el problema con el rigor necesario para que las soluciones sean eficaces.
Las posibilidades que ofrecen los numerosos registros administrativos existentes en formato digital y la capacidad de la tecnología disponible obliga a pensar que si no se avanza en las líneas que marca la ley será porque se apuesta por mantener las actitudes oscurantistas que impiden que se conozca mejor el funcionamiento del sistema residencial y que se efectúen las evaluaciones de las políticas aplicadas. Todo lo cual es imprescindible para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
No es fácil encontrar denuncias de responsables políticos acerca de la sinrazón de aplicar medidas sin el conocimiento del problema. Manuela Carmena, tras haber sido alcaldesa de Madrid, una vez fuera de la política activa y sin ataduras de partidos, se preguntaba “¿No es aterrador que en estos momentos no tengamos, por ejemplo, un mapa preciso, seguro y actual del número de viviendas vacías que hay en España? Hablamos sin parar del problema de la vivienda, de la necesidad de construir viviendas sociales o del alquiler asequible. Pero ¿dónde tenemos esos necesarios mapas del número de viviendas vacías, se pudiera decir ociosas, que pudieran ser una alternativa más inmediata que la nueva construcción?” (1). Hace mucho tiempo que, también en tono de denuncia, venimos preguntando por qué se elude obtener conocimiento y ofrecer transparencia.
La Ley por el Derecho a la Vivienda apunta en el buen camino y en el nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ha creado una Dirección General de Planificación y Evaluación de la que depende una Subdirección General de igual nombre a la que corresponde obtener la información que está establecida en la ley. Sólo queda confiar en que el proceso dé frutos pronto, se amplíe y se instaure con carácter permanente. El necesario pacto estatal sobre la vivienda debería empezar por algo tan obvio y, sin embargo sistemáticamente soslayado, como que sin un buen conocimiento del problema no será posible solucionarlo.
JULIO VINUESA
