Por: José María de la Riva Ámez
Un cruce de caminos parece que nos esta alertando del peligro que supone seguir con el modelo de destrucción de suelo. Por una parte la crisis, en todos sus aspectos, que está provocando alarma por la dificultad de mantener o completar parte de los desarrollos inmobiliarios puestos en marcha en las últimas décadas. Por otra, el aviso permanente de organismos europeos, entre ellos la EEA (Agencia Europea de Medio Ambiente), por la sobredimensión de nuestro suelo urbanizado.
En los últimos años, en España, hemos ido percibiendo algo con lo que llevamos conviviendo desde hace algo más de 100 años: la destrucción de nuestro suelo, mediante la urbanización del mismo, sin un fin determinado, más allá de satisfacer intereses económicos de unos pocos.
Se ha escrito mucho al respecto, como España ha estado construyendo vivienda en una proporción muy parecida a la suma de la que construyen los mayares países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia). A pesar de esas advertencias, escritas desde diferentes ámbitos, nadie ha tomado conciencia que era necesario parar dicha situación, que nos ha llevado a liquidar una parte muy importante de nuestro suelo productivo agrícola, de forma muy relevante en nuestro litoral, especialmente el Mediterráneo.
Lo grave de la situación es que parece que no hemos aprendido prácticamente nada en estos años que llevamos de crisis. Las administraciones públicas, en general, parece que no son capaces de paralizar este proceso. Hay ayuntamientos que continúan calificando suelo, por encima de sus necesidades de alojamiento, comunidades autónomas, que no solamente no son capaces de desarrollar una legislación que permita un desarrollo estratégico armónico, sino que parecen no querer tener conflictos con los municipios, a la hora de coordinar los procesos de planeamiento, la administración del Estado se empeña, a través del conocido como “banco malo”, de mantener las expectativas de desarrollo inmobiliario, ya no sólo con las viviendas terminadas, sino con los suelos que no han completado su proceso de ordenación.
La gravedad de la situación, es que, una vez más, desde fuera nos tengan que explicar que estamos destruyendo el suelo, algo que es limitado, que no se repone. Ya lo hemos puesto de manifiesto en innumerables ocasiones, tenemos un déficit importante en lo organización de nuestra información. No es posible que a estas alturas de la tecnología, no sepamos cuantas viviendas tenemos sin ocupar, que no haya ningún instrumento del Estado, más allá del censo de población, que incorpora valores indicativos, pero no suministra una información lo suficientemente concreta, como para desarrollar políticas, que a partir de esos datos correctos y fiables, nos permitan ir corrigiendo los errores cometidos.
Nuevamente Europa, a través de un estudio elaborado por la EEA, ha puesto en evidencia lo erróneo de nuestro modelo de consumo de suelo, y como entre 2000 y 2006, hemos fabricado, prácticamente, uno de cada cuatro metros cuadrados que se han urbanizado en Europa.
¿Es posible confiar todavía? ¿Serán capaces las administraciones públicas de descalificar suelo y reponerlo en su estado original? Esperemos que a partir de un dato tan estremecedor entre todos tomemos la decisión de que el suelo es para utilizarlo correctamente, con la racionalidad de las necesidades del conjunto de la población.
El pasado 31 de julio, Juana Viúdez, relata en el diario El País, como “La crisis salva la naturaleza”.
Asimismo, el 4 de agosto, Martín Rodriguez y García Delgado, en el mismo diario nos presentan su visión desde la economía hacia un uso más racional del territorio con el artículo “Territorio y ciudad para después de la crisis”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario