Jesús Lizcano Álvarez, Presidente de Transparencia Internacional España, ha publicado hace unos días un artículo en el que entre otras cosas dice:
“Una de las reivindicaciones o enmiendas que durante muchos meses hemos venido defendiendo respecto al citado proyecto de ley ha sido la necesidad de que las entidades públicas tuvieran que publicar de forma integra el patrimonio que tienen, es decir, el conjunto de bienes de todo tipo y derechos que poseen, ya que unos y otros han sido costeados por los ciudadanos, y éstos tienen lógicamente el derecho a conocerlos. Pues bien, aunque habíamos recibido opiniones positivas y apoyos a dicha propuesta por parte de diversos representantes políticos e incluso gubernamentales, y a pesar de que en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso se han propuesto enmiendas por diversos grupos parlamentarios para que se publicase el patrimonio o inventario total de bienes y derechos que poseen dichas instituciones, hemos visto que la enmienda que finalmente se ha incorporado al proyecto de ley (art.7) sólo incluye la publicidad de los bienes inmuebles, es decir, únicamente una parte de su patrimonio.”
Esperamos que la Ley de Transparencia suponga un paso definitivo para conocer el patrimonio inmobiliario de las administraciones y muy especialmente que permita conocer puntualmente el numero de viviendas de titularidad pública y el uso que se les está dando. Especialmente los ciudadanos debemos saber cuantas viviendas públicas permanecen vacías y por qué.
Nos sumamos también a su reclamación para que no permanezcan ocultos al público “el resto de los bienes patrimoniales, cuando son bienes que tienen que estar igualmente actualizados e incluidos en el correspondiente Inventario de bienes y derechos de estas instituciones.”
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