El 26 de mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley Estatal por el derecho a la vivienda, 45 años después de que la Constitución consagrara el derecho a una vivienda digna y adecuada. Durante el año largo que duró la tramitación de la ley se produjo una inflación de opiniones en los medios, pero el tema más controvertido, el que concentró gran parte de la atención, fue el del control de los precios del alquiler, ya que fuimos muchos los que cuestionamos la eficacia de ese tipo de medidas.
A penas han pasado seis meses y el interés mediático por el problema de la vivienda ha revertido hacia el planteamiento tradicional desde la época del desarrollismo: “hay escasez de viviendas nuevas y la política debe centrarse en la construcción de más viviendas para que bajen los precios”. Está ampliamente constatado que, superada la escasez absoluta a mediados de los 70, el modelo de “cuantas más viviendas mejor” no es la solución para aliviar el problema de la vivienda, pero ello no es óbice para que se siga manteniendo en los programas públicos y del sector privado.
Para afrontar las insuficiencias de oferta, previamente habría que partir del conocimiento necesario para poder determinar con rigor las necesidades: cuántas y qué tipo de viviendas hacen falta en cada ámbito local concreto, basando desde su origen las actuaciones públicas en la diferencia existente entre la “necesidad de vivienda”, el derecho a un alojamiento digno y adecuada, y la “demanda de vivienda”, que no siempre puede vincularse a esa necesidad ni a ese derecho.
Se anuncia una mayor preocupación en el sector de la construcción por minimizar el impacto sobre el medio ambiente y el consumo energético, aprovechando los recursos del entorno y favoreciendo el reciclaje, pero se soslaya el hecho de que las edificaciones más sostenibles son las que no se construyen. Antes que a la construcción de nuevas viviendas, deberían dirigirse muchos más recursos a regenerar el parque existente, pensando en optimizar su uso, adecuándolo a las necesidades de una sociedad “diferente”, con medidas que ordenen y hagan más trasparente el mercado de alquiler, dando mayor seguridad jurídica a arrendadores y arrendatarios.
También por coherencia con los objetivos de sostenibilidad, las políticas de vivienda no pueden seguir teniendo como único objetivo la construcción de nuevas viviendas en nuevos desarrollos urbanos. El objetivo principal de las políticas de vivienda es facilitar el disfrute de un alojamiento digno, mejorando la calidad de vida de las personas, favoreciendo la cohesión social, y evitando desequilibrios socioespaciales.
Julio VINUESA
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