Los mismos objetivos, las mismas propuestas, siguen reclamando los responsables de las empresas inmobiliarias, a pesar de la experiencia que en 2008 supuso el “batacazo” más importante del proceso inmobiliario, en España de forma especial, pero también en EE.UU. Es evidente que nos encontramos en un proceso de menores dimensiones y, sobre todo, con menor posibilidad de contagio económico, que los precedentes de finales de los años 80 del pasado siglo y de 2008.
Tristemente percibimos cómo la experiencia no ha servido para articular nuevas políticas, y casi todas las recomendaciones se siguen aferrando a “viejas recetas” fracasadas en otros momentos, pero que los responsables del sector siguen empeñados en recomendar toda una gama de subsidios con los que tener la posibilidad de adquirir una vivienda. En los Presupuestos Generales del Estado se sigue insistiendo en capítulos destinados al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación. Si esto se destinara realmente a nuevas políticas, lo interesante sería pensar en trasferencias a los municipios que desarrollen iniciativas tendentes a producir VIVIENDAS PÚBLICAS que permitan actuar realmente como instrumento de carácter social para paliar el problema de aquellas personas con dificultad para conseguir un alojamiento, y conseguir no es comprar es satisfacer una necesidad de forma permanente o coyuntural.
Va siendo hora de que cambiemos las reglas del juego y que el conjunto del Estado (Administración Central, CC.AA. y Ayuntamientos) se decidan a optar por desarrollar un parque inmobiliario público que realmente sea un colchón que resuelva problemas de forma estructural, sin desprenderse de las plusvalías que se generan en los desarrollos realizados, y que, además, influyan en el precio de los alquileres de una forma realista y no con fórmulas que el “mercado” nunca va a permitir.
José María de la Riva
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