La vivienda en España se ha debatido, históricamente, en los términos de una relación simplista: más población requiere más construcción. Esta visión, anclada en un modelo de desarrollo expansivo, ha configurado un parque residencial que hoy, bajo la lente de un análisis riguroso, revela una profunda desconexión con la realidad sociodemográfica de nuestro tiempo y con las exigencias de una movilidad sostenible. La urgencia de una reorientación en la política de vivienda no es solo una cuestión de mercado, sino un imperativo ético y social para garantizar, de forma efectiva, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
Hay que superar la inercia de un mercado inmobiliario centrado en la cantidad y en la compra para abrazar un modelo que optimice la calidad y la eficiencia social, económica y energética en la utilización del parque existente. La insistencia en seguir construyendo nuevos desarrollos residenciales en las periferias y no atender estas nuevas realidades ni las exigencias de descarbonización es, en esencia, un acto de planificación miope.
La sociedad española ha cambiado de manera radical. Las unidades de convivencia ya no responden al modelo tradicional; la diversificación de los hogares, la longevidad, el alargamiento de la vida en solitario, la inestabilidad laboral y el teletrabajo han alterado por completo las necesidades de alojamiento.
Para abordar estos retos el primer paso es aceptar que el conocimiento actual es insuficiente. Los fenómenos demográficos, lejos de ser variables independientes y estáticas, son elementos de un sistema complejo y dinámico que interactúa directamente con la oferta de vivienda. Es indispensable utilizar herramientas analíticas más sofisticadas y disponer de datos precisos para comprender esta dinámica. Elaborar mejores informes técnicos es un ejercicio de honestidad intelectual y una exigencia de transparencia, imprescindibles para que las políticas públicas no sigan operando “a sentimiento”.
El diagnóstico de nuestro sistema residencial nos confronta con las consecuencias de décadas de políticas cortoplacistas. El modelo de desarrollo urbano del pasado, fuertemente inclinado hacia la expansión incontrolada, ha generado un parque de viviendas que, en muchos casos, es funcionalmente inadecuado o está mal localizado. La paradoja es evidente: mientras miles de hogares luchan por acceder a una vivienda asequible, un relevante porcentaje del parque edificado permanece vacío o inadecuadamente utilizado. Esta inercia estructural es el resultado directo de una desconexión entre las políticas de vivienda y las necesidades reales de los ciudadanos.
Pero un diagnóstico prospectivo muestra ventanas de oportunidad. Las nuevas tecnologías, los cambios en el mercado laboral y la revalorización de la sostenibilidad como principio rector animan a reimaginar el urbanismo. El parque residencial no debe ser visto como un stock inmutable, sino como un recurso adaptable. La rehabilitación, la adecuación funcional de los espacios existentes y la promoción para modelos de convivencia flexibles son las claves para garantizar que la vivienda, por encima de su condición de activo económico, sirva, realmente, para satisfacer el derecho a disfrutar de un alojamiento digno, adecuado y asequible.
Es urgente articular nuevas iniciativas normativas en materia de vivienda, pero es prioritario un cambio de paradigma. No se puede seguir actuando desde el desconocimiento. La relación entre la dinámica demográfica y la vivienda tiene que ser el foco central para aspirar a un modelo de ciudad inclusivo, sostenible y, sobre todo, con un sistema de provisión de vivienda eficaz y sostenible.
JULIO VINUESA
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