Parece que en el debate público actual se ha vuelto imperativo opinar sobre los nuevos decretos de “medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible”. Pero, cuando la urgencia se convierte en emergencia y se exacerba el componente emocional, inherente a los problemas con la vivienda, se elimina toda posibilidad de razonamiento lógico. Se hace más necesario que nunca intentar distanciarse del clima de confrontación política que sólo busca réditos electorales. Hay que reclamar una vez más que no basta con intentar paliar los síntomas, por muy alarmantes que resulten, hay que insistir en que no habrá auténticas soluciones para el problema de la vivienda mientras no se actúe sobre sus múltiples causas.
Las dificultades que encuentra una buena parte de la sociedad para disponer de una vivienda digna y adecuada es un problema complejo, crónico y universal. Tiene naturaleza estructural y, por lo tanto, no puede resolverse con soluciones simples. Pretender paliar una crisis de esta magnitud mediante parches normativos de urgencia —una receta a la que los gobiernos vienen recurriendo periódicamente— es una estrategia de distracción, pero, sobre todo, es la constatación manifiesta de que no se ha sabido, o no se ha querido, poner previamente los recursos y los medios necesarios.
Resulta estéril entrar a debatir, una vez más, las cuestiones técnicas sobre los efectos de esos intentos vanos, pero no inocuos, de controlar el mercado del alquiler mediante decretos “urgentes”, que eluden afrontar las raíces del problema. De nada sirven tampoco debatir sobre las vacuas promesas electorales que anuncian la construcción exprés de cientos de miles de viviendas asequibles.
Efectivamente, el objetivo es conseguir una oferta suficiente de viviendas en alquiler asequibles a los diferentes niveles de renta y adecuadas a las necesidades de los distintos tipos de hogares, pero no se podrá conseguir a base de intentar controlar los precios por decreto. Hay que cuestionar la viejas recetas fracasadas y, por ejemplo, comenzar a aprovechar las nuevas tecnologías para conocer con rigor la utilización del parque de viviendas existente, cuántas viviendas nuevas se necesitan, de qué tipologías edificatorias y de tenencia, para qué perfiles de hogares y en qué localizaciones concretas del territorio nacional. Es también el momento de insistir en que nos enfrentamos a las necesidades de vivienda de una sociedad muy diferente. Los avances tecnológicos, las nuevas formas de convivencia y el componente migratorio están modificando rápidamente el escenario sobre el que hay que actuar.
La escasez o la carestía de la vivienda no pueden entenderse de forma aislada; deben ser analizadas de manera rigurosa dentro del funcionamiento del complejo sistema de provisión de vivienda. Este sistema integra múltiples factores que abarcan desde lo territorial y normativo, hasta lo administrativo y en su funcionamiento actúan componentes sociales, culturales y económico-financieros.
Pero, por encima de cualquier variable técnica o económica, el funcionamiento del sistema de provisión de vivienda depende del acuerdo y la cooperación leal entre los diversos agentes políticos, económicos y sociales. Las divergencias ideológicas y el enfrentamiento maniqueo entre propietarios e inquilinos atentan directamente contra la capacidad del sistema para satisfacer el derecho a una vivienda digna y adecuada. Si, como desafortunadamente ocurre en la actualidad, se siguen alimentando la confrontación social y la trinchera política, el problema no hará más que agravarse.
Se conoce cual ha de ser el camino, pero un momento como este exige recordarlo: es imprescindible sentar las bases de un pacto de Estado sobre la vivienda, riguroso, técnico y con visión de futuro. El recorrido es largo y difícil, exige acuerdos a largo plazo, seguridad jurídica y la colaboración entre los sectores público y privado, las medidas urgentes y unilaterales nunca han sido útiles ni inocuas.
JULIO VINUESA
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