En marzo de 2013 el Defensor del Pueblo presentó un
Estudio sobre Viviendas Protegidas Vacías en el que entre otras recomendaciones planteaba la necesidad de que el Ministerio de Fomento creara un Registro Estatal de Vivienda Protegida.
En una
Nota de Prensa la Oficina del Defensor del Pueblo comunicaba el pasado día 13 de diciembre que el Ministerio de Fomento acepta la recomendación del Defensor del Pueblo para crear una base de datos, con información que habrán de suministrar las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras fuentes, con datos desagregados según los tipos de viviendas de protección oficial, tipo de promotor, régimen de cesión: alquiler o venta, si están o no ocupadas y, en su caso, las causas de la desocupación.
Se dice en el informe que se ha de revisar el modelo de viviendas protegidas e introducir modificaciones tendentes a evitar la existencia de viviendas desocupadas y financiadas, total o parcialmente, por Ayuntamientos o Comunidades Autónomas.
Venimos denunciando desde hace años el déficit de información y de conocimiento existente sobre el parque de vivienda y proponiendo la creación de un registro continuo de las viviendas con algún tipo de protección y financiación pública.
En el libro de J. Vinuesa, J.M. de la Riva y A. Palacios,
“El fenómeno de la vivienda desocupada”, editado en 2008 a partir de un informe solicitado por el Ministerio de Vivienda, destacábamos, entre otras, las siguientes propuestas para mejorar el conocimiento del parque de viviendas con algún tipo de protección.
Hay que establecer un Programa con objeto de crear a nivel estatal un registro continuo de las viviendas existentes según sus características y el uso que de ellas se hace que, además de permitir conocer con precisión el parque, facilite la base informativa necesaria para poder plantear encuestas periódicas específicas.
Todas las entidades responsables de patrimonio de viviendas con algún tipo de protección deberían hacer pública anualmente una memoria reglada y normalizada con información detallada sobre las características del parque y de su utilización.
Las Administraciones Públicas deberían ejercer un control periódico, obligado por ley, sobre la utilización de las viviendas que se han beneficiado de algún tipo de protección. Estas viviendas deberían quedar incorporadas a un registro estatal permanentemente actualizado y público. Las Administraciones Autonómicas deben mantener actualizados registros de solicitantes y adjudicatarios de viviendas protegidas por clases.
Es absolutamente inaceptable que las administraciones públicas no conozcan y no pongan a disposición de cualquier ciudadano información puntual sobre la viviendas construidas con algún tipo de ayuda pública. El disponer de la información que ahora se promete es una exigencia para que las administraciones ejerzan con responsabilidad y eficacia el necesario control sobre el uso que se les está dando a esas viviendas, para mejorar las políticas de vivienda y erradicar el tradicional fraude existente. Confiemos en que esta vez haya la voluntad política necesaria para culminar con éxito un objetivo no sólo de eficiencia en el uso de los recursos públicos sino también para atender una injustificable deuda de transparencia con el conjunto de la sociedad. (JVA).
