jueves, 25 de mayo de 2023

Conclusiones y vídeo del Encuentro ¿Es posible resolver el problema de la vivienda? en La Casa Encendida

 

JOSÉ MARÍA DE LA RIVA - GEMA GALLARDO - FELIPE IGLESIAS - BEATRIZ TORIBIO - JULIO VINUESA


Al plantear este encuentro nos preguntamos si es posible resolver el problema de la vivienda y pedimos a los ponentes sus opiniones en torno a:

 Estamos ante un problema muy complejo y de gran trascendencia social, y sim embargo es especialmente poco estudiado y mal conocido. Injustificadamente hay un gran déficit de información sobre los parques de viviendas. Sin un buen conocimiento no puede haber diagnósticos correctos y la gestión no será eficaz. ¿Por qué los poderes públicos no generan la información necesaria para un mejor conocimiento, dando transparencia al mercado y facilitando la participación, no sólo en el mercado, también en el sistema residencial?

 Es evidente que existe un desajuste entre los precios de las viviendas en el mercado libre y la capacidad de renta de los hogares, que es crónico y universal, pero de intensidad variable y parece que en los últimos años ese desajuste se está intensificando.  Es la más clara expresión del problema, pero al reducirlo sólo a eso ¿se intenta vanamente resolver el problema corrigiendo alguno de sus síntomas evitando actuar sobre las causas? 

 No existe una oferta suficiente de vivienda “protegida” en alquiler a precios asequibles. Es evidente y muy determinante la carencia de un parque de viviendas en alquiler con precios regulados, adaptados a las capacidades de renta de los hogares. Ese patrimonio de viviendas a precio tasado ha existido y ha desaparecido, se ha vendido. Los expertos parecen coincidir en que es imprescindible un mínimo de un 20% del parque en alquiler a precios asequibles para las capacidades de renta. ¿Cómo crear ese parque de precios regulados? ¿Es sólo una cuestión presupuestaria? 

 Tenemos una Ley estatal que busca armonizar el derecho a la vivienda en todo el Estado.  La primera tras más de 45 años de democracia y, cuando ha habido voluntad para redactarla, han sido necesarios 5 años y la proximidad de unas elecciones para aprobarla.  Se presenta como una panacea, pero a la vez se plantean muchas dudas, mucha controversia, sobre su idoneidad y su utilidad. ¿Por qué 45 años? ¿Por qué 5 años?, ¿Por qué no se consigue el necesario consenso para una política que necesita la cooperación de todas las administraciones y la colaboración del capital privado?

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ALGUNAS CONCLUSIONES

1. Es imprescindible un Pacto de Estado para una política consensuada a medio y largo plazo. Hay que abandonar las actitudes de confrontación.


2. El problema parte de la inadecuación de la actual normativa urbanística. Es ineficaz para los nuevos desarrollos y no sirve para la regeneración del parque existente.

3. Es preciso mejorar la coordinación y colaboración entre las Administraciones Públicas bajo el liderazgo del Estado. La  Ley de Vivienda no va a evitar por sí misma las desigualdades territoriales.

4. Arrastramos un enorme déficit presupuestario en materia de vivienda, es necesario multiplicar varias veces la inversión pública en vivienda. No se puede olvidar el problema de fraude fiscal de fondo.

5. La gran herramienta imprescindible es la Vivienda Protegida, desde una clara diferenciación conceptual y operativa de la vivienda principal y de la vivienda protegida del resto de las viviendas con otros usos.

6. No habrá solución sin un parque suficiente de vivienda protegida.

7. Es imprescindible que las Administraciones se doten de las herramientas necesarias para disponer de diagnósticos rigurosos sobre las necesidades y sobre la disponibilidad y la adecuación del parque residencial.

8. Hay diferentes tipos de problemas con la vivienda, pero crece el grupo de población que sufre exclusión como consecuencia del precio de la vivienda. La política de vivienda debe estar especialmente referida a las necesidades de esas personas, para las que la vivienda es un bien de uso, no una inversión. No debería obviarse la precariedad del mercado laboral.

9. Es fundamental la colaboración de los operadores del Tercer Sector, es necesario regular y apoyar su papel. 

10. Hay que profesionalizar el sector inmobiliario en todos sus ámbitos y hacer más eficaz la gestión de las Administraciones públicas.
JULIO VINUESA

jueves, 4 de mayo de 2023

¿Es posible resolver el problema de la vivienda?


Nueva sesión del Grupo Territorio Racional y Sostenible en La Casa Encendida

martes 9/5/2023. 18:30, sala Audiovisual. Entrada libre hasta completar aforo.



  • Intervienen:

    Felipe Iglesias González, experto en Derecho Inmobiliario. Profesor UAM, Consultor Uría-Menéndez.

    Beatriz Toribio, analista de tendencias del sector inmobiliario. Directora General Adjunta en Masteos.             

    Gema Gallardo Pérez, directora general en Asociación Provivienda.     

    José María de la Riva Ámez, profesor de Geografía, Grupo TRyS -Territorio Racional y Sostenible.

    Julio Vinuesa Angulo, catedrático Emérito UAM, Grupo TRyS -Territorio Racional y Sostenible.

     

    Organizado por: Julio Vinuesa Angulo, José María de la Riva Ámez y La Casa Encendida.

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  • Aunque el tema "ha explotado" en los medios por la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda y el anuncio de algunas actuaciones para incrementar la oferta, el de la vivienda no es en absoluto un problema coyuntural. Por el contrario, es estructural y exige una visión sosegada y a largo plazo, tal como se plantea en esta sesión.

  • El desajuste entre los precios de las viviendas y la capacidad de renta de los hogares es un problema crónico que impide disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que se ha visto agravado durante los últimos años por la sucesión de crisis económicas de distinta naturaleza. No es nuevo ni más agudo, pero sí requiere respuestas diferentes, porque no han sido eficaces las políticas que se han aplicado durante decenios y porque así lo requiere una sociedad diferente, con nuevas y cambiantes necesidades de vivienda, y un parque residencial envejecido con una estructura de propiedad muy atomizada.
  • Es preciso darle un giro radical al modo de enfocar un problema que es social. La Ley estatal de vivienda ha de conseguir que las políticas pongan el foco en las necesidades de las personas. No se debe seguir buscando la solución únicamente en la construcción de nueva vivienda y, más allá del tema de los precios, habrá que regular y gestionar más eficazmente para optimizar la utilización del parque residencial existente. 
  • Es un problema con muchas aristas y necesitará numerosas líneas de actuación, que conformen políticas consensuadas y estables a largo plazo. En el complejo mundo de la vivienda hay que desechar los atajos y las soluciones mágicas. Habrá que utilizar masivamente las nuevas tecnologías para obtener información y conocimiento, que ahora no existen, y mejorar la gestión y la coordinación entre las diferentes administraciones. Se dedican pocos recursos públicos a la vivienda, pero siempre serán insuficientes si no se cuenta con la participación del capital privado. 
  • Con un planteamiento global del problema de la vivienda y desde las diversas perspectivas de los expertos participantes, se reflexiona sobre otras vías de actuación que, yendo a las raíces del problema, permitan conseguir lo antes posible una oferta suficiente de vivienda protegida en alquiler asequible, diversa, distribuida por toda la ciudad y a resguardo de las tensiones del mercado. 

    Julio Vinuesa

viernes, 14 de abril de 2023

MUY INTERESANTES PROPUESTAS DE PROVIVIENDA

 

La Asociación Provivienda ofrece en su web valiosas propuestas a incorporar por las Administraciones Locales (comunidades y ayuntamientos) en sus políticas para afrontar los problemas de la vivienda.



Gema Gallardo, Directora General de Provivienda, participará junto a Beatriz Toribio (Masteos) y Felipe Iglesias (UAM), en la Mesa ¿Es posible resolver el problema de la vivienda?, que organizamos en La Casa Encendida el Grupo TRyS el próximo 9 de mayo de 2023 (18:30 h).



miércoles, 12 de abril de 2023

PROPUESTAS DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA ARMAR UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MADRID.

 

Tras la enumeración de principios y el avance de un prediagnóstico corresponde cerrar el razonamiento con la recopilación de algunas de las propuestas de actuación que, a pesar de ser reiteradas desde diversos foros y de tener éxito contrastado en otros países, no han encontrado en Madrid la voluntad política ni el consenso social necesarios para su implementación.



1. Es obligado analizar la vivienda, como la imprescindible repuesta a las necesidades de alojamiento, con un enfoque global, “holístico”, considerando la totalidad de los elementos, factores y agentes privados y públicos implicados en: su construcción, los mercados, el ordenamiento jurídico, las actuaciones públicas, sus condiciones de habitabilidad y su utilización. Ante un problema tan complejo no valen soluciones simples y puntuales.

2. Es preciso mejorar la información sobre la vivienda y sobre el suelo, de acuerdo con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

3. No tiene justificación que una ciudad como Madrid no disponga aún de un sistema de información digitalizada y georreferenciada que permita conocer, puntualmente y con rigor las necesidades, la adecuación del parque residencial, haciendo más transparente el mercado. 

4. Para conocer las necesidades de viviendas habrá que elaborar información estadística detallada de los flujos de aparición y desaparición de los diferentes tipos de hogares, con objeto de generar informes prospectivos por grupos sociales y ámbitos urbanos específicos. 

5. Para conocer la disponibilidad del parque existente habrá que disponer de un registro administrativo de viviendas, con información siempre actualizada sobre localización, características físicas, condiciones de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética, ITE, promoción, propiedad, situación de uso, régimen de cesión, precios… La actualización de esta información será especialmente exigible para las viviendas con algún tipo de protección oficial, indicándose, en su caso, las causas de la desocupación.

6. Hay que reclamar un marco jurídico estatal y autonómico que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada.

7. Ante la ineficacia de las políticas de vivienda que se han venido aplicando en los últimos 70 años, se hace preciso un nuevo enfoque, consensuado entre los diferentes grupos políticos, que garantice mantener las líneas de actuación a largo plazo. 

8. Habrá que actuar en muy diferentes frentes para lo que habrá que contar con la colaboración de todas las administraciones, buscando la imprescindible participación de los agentes privados, especialmente precisa para actuar en un parque con una estructura de propiedad muy atomizada, y fomentando la intervención de empresas público-privadas así como del tercer sector. 

9. Las actuaciones de vivienda deberán plantearse desde la consideración de un servicio social de interés general y, así, habrán de adaptarse a las necesidades específicas de las nuevas unidades de convivencia, diversas y cambiantes. A la vez han de atender a las exigencias de regeneración, de accesibilidad y de eficiencia energética de una buena parte del parque residencial, como respuesta a la emergencia climática y al inevitable cambio del modelo de movilidad.

10. La intervención pública para la adecuación del parque residencial existente habrá de estar prioritariamente dirigida a crear una oferta suficiente de viviendas en alquiler a precios asequibles para las necesidades de alojamiento, de acuerdo con las características y las capacidades de renta de los hogares madrileños y homogéneamente distribuida por toda la ciudad.

11. Habrá que regular y controlar la utilización del parque residencial existente para usos más lucrativos, especialmente los turísticos, o especulativos, que reducen y encarecen la oferta para el alquiler de vivienda permanente, que fomentan la segregación espacial y deterioran el carácter residencial de los barrios centrales y son contrarios a la diversidad y la cohesión social en el conjunto de la ciudad.

12. Las intervenciones públicas en defensa del derecho a la vivienda requieren incrementar considerablemente las dotaciones presupuestarias y mejorar la capacidad de gestión.
 
13. Hay que dedicar un decidido apoyo a las nuevas tecnologías en la construcción y rehabilitación de viviendas para hacer más eficiente la industria de la construcción, reduciendo costes, plazos e impacto ambiental.

14. Dotarse de la normativa necesaria para regular el uso del suelo público y evitar su enajenación así como la de las viviendas construidas con ayudas públicas.

Julio Vinuesa


A MODO DE PREDIAGNÓSTICO PARA LA CIUDAD DE MADRID SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA.

 

A partir de “Algunos principios básicos sobre la vivienda” se esboza este prediagnóstico ya que la falta de información estadística no permite, de momento, hacer los análisis necesarios para poder diagnosticar con rigor los problemas de la vivienda en Madrid, por grupos sociodemográficos correctamente identificados y por ámbitos urbanos bien delimitados. 

I. No se dispone de la información necesaria sobre el parque residencial: cuántas viviendas hay en Madrid, qué características tienen, cómo están siendo utilizadas, con qué regímenes de cesión, a qué precios. Tampoco se dispone de la información precisa sobre las necesidades de vivienda que está generando una dinámica sociodemográfica que tiene muy poco que ver con la de la segunda mitad del siglo pasado. La carencia de información, conocimiento y transparencia es el primer reto a superar, es una de las causas iniciales del problema.

II. Tanto los poderes públicos como los agentes económicos han actuado durante decenios sin un conocimiento mínimamente riguroso de las necesidades de vivienda derivadas de la dinámica sociodemográfica. Así como de las características de las viviendas existentes, de su estado de conservación y de la situación de uso.

III. La falta de un amplio y riguroso conocimiento de la realidad ha mermado eficacia a las políticas de vivienda. Se ha favorecido per se la construcción de nuevas viviendas y ha quedado oculta la necesidad de adecuar el parque residencial existente a la dinámica sociodemográfica. Además, la falta de trasparencia agrava las dificultades de los ciudadanos para ejercer su derecho a la vivienda.

IV. Madrid tiene una sociedad muy dinámica que vive un periodo de cambios de gran trascendencia en la composición y en la aparición y desaparición de hogares y, en consecuencia, en las necesidades de alojamiento. Esta dimensión básica del problema no está siendo suficientemente tenida en cuenta.

V. Desde los años 50 hasta mediados de los 70 hubo en Madrid escasez absoluta de vivienda: había menos viviendas que hogares y faltaba capacidad para construir todas las que se necesitaban. Después, el problema ha ido siendo fundamentalmente la inadecuación de la oferta (del parque disponible) a las necesidades y a la capacidad de renta de los hogares. No hay datos fiables sobre la oferta de viviendas usadas, pero una gran parte del parque exige actuaciones de regeneración y la dinámica de tamaño y composición de los hogares plantea unas necesidades diferentes de vivienda.

VI. En Madrid la práctica totalidad del parque de vivienda y el ejercicio de derecho a un alojamiento digno y adecuado está sujeto al funcionamiento del mercado.

VII. Aún no se dispone de una ley estatal de vivienda y, a diferencia de otras autonomías, la Comunidad de Madrid tampoco tiene una ley de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada.

VIII. Hay un fuerte desajuste entre la capacidad de renta de los hogares y el precio que tienen que pagar por disponer de una vivienda y, aunque afecta especialmente a los jóvenes, se trata de un problema que sufren muchos madrileños, que tienen que dedicar una proporción superior al 30% de su renta.

IX. Se está focalizando el problema en los precios del alquiler, que se desvinculan del mercado de la vivienda en venta y su evolución. Aunque sean dos mercados diferentes, es lógico pensar que el precio del alquiler esté en relación con la inversión realizada por el arrendador.

X. La ausencia de diagnósticos rigurosos ha propiciado la persistencia en implementar medidas dirigidas a paliar algunos síntomas y no ha corregir las causas de los problemas. Por ejemplo, se pone el énfasis en medidas paliativas para hacer frente a situaciones extremas, de emergencia y de dudosa eficacia, como controlar los precios del alquiler en un mercado de oferta muy atomizada, pero no se afronta la regulación de “…la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” (art.47 CE).

XI. Aunque no sea posible cuantificar las dificultades para disponer de una vivienda digna, adecuada y asequible en Madrid, sí se puede asumir que presentan una gran diversidad y tienen etiologías diferentes según los tipos de hogares, las zonas y los periodos. 

XII. Con sus ventajas e inconvenientes, un hecho determinante de nuestro modelo residencial es la enorme preponderancia de la vivienda en propiedad. La vivienda constituye la mayor parte, en muchos casos la totalidad, de los patrimonios familiares. Culturalmente, la compra de la vivienda es considerada como la forma adecuada de disponer de una vivienda mientras que el alquiler se ve como un mal menor. La compra de una vivienda es “una buena inversión” y aporta “seguridad”. 

XIII. Durante décadas se han financiado con fondos públicos decenas de miles de viviendas con algún tipo de protección oficial que han sido vendidas a sus adjudicatarios y más recientemente a fondos de inversión. Con esta política se han transferido a particulares las plusvalías generadas con el dinero público y se ha impedido constituir un parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles. 

XIV. El mercado de alquiler existente es escaso, caro y muy poco transparente para quienes buscan resolver así sus necesidades de alojamiento, la oferta está muy atomizada y en manos de pequeños propietarios, no profesionales, que acusan temores de inseguridad jurídica. 

XV. Los agentes económicos, dada la generalizada cultura de compra y el carácter de activo económico de la vivienda, junto con la permisividad del planeamiento urbanístico, han actuado como si la demanda de vivienda fuera “ilimitada”. Las décadas de fuerte crecimiento de Madrid han dado lugar a un modelo de “desarrollo urbano” especulativo en el que no se cuestionan los excesos en la producción de nuevas viviendas. Es un modelo amparado por fortísimos intereses económicos en torno a los beneficios obtenidos con la promoción, la construcción y la financiación de las viviendas, así como en los ingresos que supone para las arcas públicas. Sigue vigente la idea de que la construcción de nuevas viviendas es por sí misma una buena noticia. 

XVI. La política de vivienda ha estado dirigida a fomentar la promoción y la construcción para la venta. Salvo excepciones, las actuaciones enfocadas desde la perspectiva del carácter social de la vivienda están por formularse. 

Julio Vinuesa 

Publicado en elfestindelavivienda








ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA VIVIENDA (*)

Julio Vinuesa

(*) Publicado en el Festíndelavivienda 


martes, 28 de febrero de 2023

VIVIENDA: LA SOLUCIÓN ESTÁ FUERA DEL MERCADO

 


El problema de la vivienda, en su expresión más grave, se concreta en el hecho de que hay ciudadanos que no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada porque los precios del mercado no se lo permiten, incumpliéndose un derecho fundamental amparado por la Constitución.

La vivienda es, por naturaleza, un bien costoso y su mercado tiene peculiaridades que favorecen tendencias alcistas de los precios, acentuadas por la especulación del suelo en las frecuentes fases de crecimiento urbano o económico. 

En el mercado, la vivienda simultanea su condición de “bien de uso” con la de “bien de cambio”. Inevitablemente, cuando se compra una vivienda, incluso si se trata de la residencia familiar, se están consolidando unos ahorros y haciendo una inversión. En torno al 90% de las familias españolas son propietarias de alguna vivienda por lo que es difícil imaginar un estado de opinión favorable a que bajen los precios. 

Sea por la escasez de oferta o por el efecto inflacionario de la vivienda,  entendida como “bien de cambio”, los desequilibrios entre el precio de la vivienda y la capacidad de renta de las familias son una constante que cronifica el problema. Además, las actuaciones públicas dirigidas a contrarrestar los efectos del mercado no han sido eficaces. Desde los años 60 se ha promovido en España muchos millones de viviendas “protegidas”, construidas con dinero público, pero, en una contradictoria política de “tejer y destejer”, se fueron vendiendo a los adjudicatarios y pasaron a engrosar el mercado libre, apropiándose los particulares de las plusvalías generadas.

Es necesario cambiar radicalmente el modelo de la política de vivienda, dedicar muchos más recursos públicos, especialmente los patrimonios públicos de suelo, y consensuar un marco normativo estable que dé seguridad jurídica y que propicie que en torno a un 20% del parque residencial, se ofrezca, al margen del mercado libre, en alquiler, a precios asequible y, a la vez, con rentabilidades que garanticen su viabilidad económica.

La solución no está en intentar actuar sobre el mercado con “parches” efectistas e ineficaces, pero no inocuos. ¿Pero, por qué se quiere ignorar ahora que con medidas de control de precios, inaplicables en la práctica, sólo se conseguirá reducir la oferta y que el mercado se haga más opaco y menos accesible? Julio Vinuesa

lunes, 19 de diciembre de 2022

¿SE PUEDE SER MALTUSIANO Y POBLACIONISTA A LA VEZ?

 

¿Cómo se puede estar en contra del crecimiento de la población mundial y propugnar que crezcan nuestras ciudades?

 

Hace unas semanas el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) “publicitaba” que ya se habían alcanzado los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La noticia fue trasladada por todos los medios a la opinión pública como el anuncio de una amenaza. El UNFPA aprovecha la impresión que produce la cifra para advertir que “la enorme brecha” existente entre las personas con y sin recursos nos conduce a un mundo lleno de tensiones y conflictos. 

 

Desde que a finales del siglo XVIII Thomas Malthus “profetizase” que si no se controlaba el crecimiento de la población no habría comida para todos.  Su “amenaza” se ha ido adaptando a los tiempos y desde hace unos cincuenta años, alegatos como el libro “La bomba demográfica” de Paul Ehrlich, ponen el foco en el freno al crecimiento de población como premisa necesaria para abogar por la sostenibilidad, actuar en favor de la conservación de la naturaleza o, mas recientemente, promover actuaciones contra el cambio climático 

 

El presente siglo ya comenzó con el retroceso de la fecundidad en todos los países del mundo por lo que el crecimiento del número de habitantes del planeta se va frenando, lentamente porque también aumenta la esperanza de vida; por tanto, tal como parece advertir el UNFPA, lo que nos amenaza no es tanto el aumento de la población si no la desigualdad del nivel de renta entre países.

 

La utilización de alarmas demográficas mediante simplificaciones acientíficas y con fines políticos ha sido una práctica común. A nivel global se culpa de los riesgos de la sobrepoblación a los países en desarrollo, pero los efectos sobre el planeta no dependen sólo del número de habitantes, hay que tener también en cuenta la huella ecológica por persona, ya que, a título de ejemplo, el impacto del consumo y de las emisiones de un estadounidense duplica al de un europeo y multiplica por nueve al de un angoleño. ¿Hasta cuándo se seguirá prestando más atención a cuántos somos que a cuánto impacta cada uno sobre el planeta? 

 

Unos días después del anuncio del UNFPA, los medios volvieron a hacerse eco de una noticia demográfica “preocupante”: una nota de prensa del INE daba a conocer los primeros resultados del Censo de Población de 2021, pero, en este caso, los datos se valoran con criterios poblacionistas: se lamentan las pérdidas o, simplemente, el estancamiento de la población. 



Los poderes públicos regionales y locales, especialmente los ayuntamientos, sin abandonar su posicionamiento teórico en favor de la sostenibilidad en lo global, consideran que el crecimiento de “su población” es un objetivo irrenunciable, y se exacerban las actitudes poblacionistas si se registran pérdidas de población o, simplemente, si se crece menos que los municipios vecinos. No es fácil explicar por qué, en una sociedad desarrollada y más dependiente que nunca del poder de la inteligencia, se mantiene el atavismo de que el crecimiento de la población -el aumento del número de manos y de bocas- es señal de prosperidad y viceversa.

 

La mentalidad poblacionista a nivel local está alimentada por estrategias de competitividad interterritorial y por el “desarrollismo urbanístico”, que se presenta como “motor” de la economía, genera grandes plusvalías y es la principal vía de financiación de los ayuntamientos. Es un modelo claramente insostenible, que pretenden dar respuesta a unas necesidades de crecimientos ilimitados. ¿Por qué se siguen utilizando perspectivas de crecimiento de población, irreales por exageradas, como justificación para promover nuevos desarrollos residenciales innecesarios?

 

Pueden considerarse también poblacionistas las reivindicaciones victimistas en algunos territorios cuando disminuye su población, porque se ha hecho negativo el saldo vegetativo o porque sus habitantes deciden marcharse en busca de oportunidades o mejores condiciones de vida. 


¿Por qué se quiere ignorar que la redistribución territorial de la población es la respuesta lógica a las diferentes capacidades de acogida de los territorios en cada momento histórico? 


¿Por qué en contextos culturales conservacionistas, al plantear medidas para los territorios que se “vacían”, sólo se piensa en la “recuperación demográfica?  ¿Por qué no se tiene en cuenta que esos territorios tienen valor por sí mismos independientemente de su densidad de población?  ¿No se está despreciando con ello el valor de sus recursos naturales, que si permanecen es, en buena medida, porque no han sido transformados por una mayor presencia humana?


Tanto las propuestas maltusianas como las que persiguen el crecimiento de la población suelen adolecer de un mismo error de planteamiento: en ambas se simplifica el complejo proceso causal que gobierna la lógica de la redistribución territorial de la población. A nivel global y en los ámbitos regionales se precisan cambios en favor de la cooperación interterritorial frente al actual predominio de desequilibrantes estrategias de competitividad. 

Julio Vinuesa. Entrada publicada en Elfestíndelavivienda

miércoles, 3 de agosto de 2022

¿PARA QUÉ UN (¿NUEVO?) SISTEMA INTEGRADO DE DATOS MUNICIPALES?

 



El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha creado una plataforma para la consulta on line de variables sobre distintos “bloques temáticos”: “demográfico, económico, geográfico, de servicios, de vivienda y hogar y medioambiental.” Los datos están organizados por municipios, provincias y comunidades autónomas. En la presentación de la “herramienta”, se indica que con ella “se pone a disposición de investigadores, responsables políticos y del público en general una colección de indicadores y datos de diferentes temáticas con el objetivo de facilitar el acceso a la información lo más detallada posible sobre el estado de situación del territorio “.


A través de la plataforma “tableau public” se ofrecen también algunas posibilidades de análisis a partir de la comparación y el cruce de los distintos indicadores y ámbitos. Pero por su contenido podría decirse que simplemente se trata de una “versión digital” de los antiguos “anuarios estadísticos”. No incorpora información que no pueda encontrarse fácilmente en la página del INE y, si bien aporta la posibilidad de elaborar fácilmente un gran número de cálculos estadísticos, no siempre está claro el significado de los resultados que puedan obtenerse ni su utilidad para conocer lo que se enuncia como “el estado de situación del territorio” (sic).


Ya hemos explicado en alguna ocasión nuestras críticas a las ideas que sustentan la expresión “reto demográfico”, que parecen estar detrás de la iniciativa de crear esta plataforma: Consideramos necesarios los enfoques holísticos para el análisis territorial y que hay que reclamar mayor información sociodemográfica georreferenciada, así como la utilización a ultranza de las nuevas tecnologías para su tratamiento y análisis. Por eso creemos que una herramienta creada por la Administración del Estado tendría que ofrecer información más adecuada y actualizada y tener mayor capacidad de análisis, especialmente por lo que se refiere a la expresión cartográfica.


Cabe preguntarse, sólo a título de ejemplo y en relación con la información contenida en el “bloque de vivienda y hogares”: ¿Qué aportan datos tan desactualizados como los de viviendas del Censo de 2011? ¿Qué utilidad tienen los datos de hogares si no incluyen flujos de aparición y desaparición de los diferentes tipos? ¿Por qué no se ha incorporado información desde el Índice de alquiler de vivienda del MITMA?

En puertas de la publicación por el INE de los datos del Censo de 2021, que proporcionará muchas nuevas posibilidades de disponer de una información muy valiosa para el análisis territorial, no alcanzamos a ver la utilidad del esfuerzo que supone crear y mantener una herramienta con las limitaciones de este Sistema Integrado de Datos Municipales.

Ante la necesidad de realizar análisis territoriales para diagnosticar correctamente las causas de lo que se ha tipificado como “reto demográfico, ¿por qué en vez de en “amasar” datos no se pone el objetivo en mejorar y ampliar la información existente? ¿Alguien cree que puede ser eficaz utilizar herramientas más o menos efectistas para construir indicadores estadísticos sin haber definido previamente su idoneidad?

No parece que para montar el Sistema Integrado de Datos se haya comenzado por sentar los criterios de actuación a partir de unas buenas bases teóricas. ¿No sería mejor haber comenzado por el estudio profundo de las aportaciones realizadas durante decenios desde la academia y a través de las experiencias regionales de actividad planificadora del territorio?
(Julio Vinuesa)
















jueves, 17 de marzo de 2022

La incorporación de la naturaleza en la planificación y gestión de la ciudad

Como parte de la quinta sesión del XIII Curso “Diálogos sobre Conflictos Urbanos”, se continuó reflexionando sobre las transformaciones estructurales que requieren las ciudades, en este caso desde la vinculación con la naturaleza.

Este ha sido el eje central del Grupo TRyS desde su fundación, buscando elevar el conocimiento y el respeto por el territorio con la idea de difundir y promover principios de cohesión social, sostenibilidad ambiental, equidad y eficiencia económica, concebidos desde una visión integradora para evidenciar en todas sus dimensiones los efectos de las transformaciones a las que se ven sometidos el territorio, el paisaje y por ende las personas, especialmente como consecuencia de su uso desmedido.

Se considera un momento propicio para reflexionar y en el cual los graves efectos sociales y económicos generados por la pandemia, puedan abrir espacio para encontrar oportunidades de mejora y cambio, en contraposición a la alarmante pasividad y desinterés por los temas urbanos. En ese sentido, la participación ciudadana es fundamental para avanzar en la planificación y diseño de ciudades donde la naturaleza tenga un mayor protagonismo.

Las ciudades, en las que reside cerca del 60% de la población, se han visto sometidas a fuertes procesos de urbanización alejadas de una estabilidad y equilibrio ambiental, pero también social y económico. Lo cierto es que también son estos espacios donde es posible desarrollar y formular acciones en busca de soluciones a los problemas ambientales existentes.

Primeramente, apostando por un cambio de modelo en el que se razone sobre el crecimiento urbano sin límites. Pero también, en el que las medidas de creación de nuevos espacios, y la renovación y rehabilitación de lo ya construido, impliquen una visión desde los servicios ecosistémicos y la infraestructura verde y azul, en procura de salvaguardar el entorno, sus valores patrimoniales y ambientales y mejorar la salud de las personas.

Con base en la pregunta, ¿cómo podemos crear una ciudad que incorpore la naturaleza de modo que deje de verse como algo antagónico? Se busca una ciudad que sea sostenible, resiliente, con equidad, salud y bienestar, en la que la biodiversidad sea abundante y los niveles de contaminación sean bajos y al mismo tiempo se promueva la descarbonización y la movilidad responsable. Con acciones de pequeña y gran escala que promuevan el derecho a la ciudad y a las soluciones basadas en la naturaleza, como herramientas importantes para recuperar y fortalecer la conectividad biológica a nivel urbano y periurbano, pero también como aglutinador de nuestro comportamiento en sociedad.

Animamos a revisar la grabación integra de esta quinta sesión en el Canal de Youtube de La Casa Encendida, con la participación de Nerea Morán Alonso, quien es Doctora arquitecta por la UPM y socia de la cooperativa Germinando, y Miguel Aguado Arnáez, divulgador ambiental. Socio Director de B Leaf.

Además, se comparten algunos materiales de consulta ligados a la temática de la sesión:







David Porras Alfaro

domingo, 26 de diciembre de 2021

Programa del XIII Curso Diálogos sobre Conflictos Urbanos en La Casa Encendida.

 


Algunas reflexiones sobre los cambios de rumbo que necesitan nuestras ciudades

Del 9 de febrero al 16 de marzo 2022

Inscripciones y más información en la web de  La Casa Encendida 

Reconocimiento de I crédito (alumno de la UAM), escribir a:  antonio.palacios@uam.es

lunes, 20 de diciembre de 2021

¿HASTA CUÁNDO NOS VA A SORPRENDER LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA?

 A pesar de no haber mostrado nunca especial interés por la demografía, los medios de comunicación encuentran con relativa frecuencia motivos para “alarmarse” por los efectos que va a tener la evolución de la población española sobre distintos aspectos de la realidad social y económica. Son ya tradicionales los artículos que advierten de las consecuencias negativas, actuales y futuras, del envejecimiento demográfico sobre el sistema de pensiones o sobre el gasto sanitario, pero es más amplio el abanico de amenazas y oportunidades que los medios atribuyen al “factor demográfico” y que, en la mayor parte de los casos, responden a análisis incorrectos o son diagnósticos interesados. 


Un  reciente articulo de opinión publicado en El País: “Sin relevo profesional” advierte de los graves problemas que se presentan ante la inevitable renovación de ciertos empleos tras las jubilaciones de las generaciones más numerosas de nuestra pirámide de edades. Tras unas acertadas, aunque necesariamente esquemáticas, consideraciones de base demográfica, se centra el problema en la “ausencia endémica de planificación” en dos sectores públicos de gran relevancia: el universitario y el sanitario.  

La población española ha protagonizado en los últimos setenta años fenómenos de una gran intensidad, que se traducen, en muchos casos, en estructuras desequilibradas con efectos socioeconómicos muy negativos, pero hasta ahora no ha habido voluntad política para fomentar y difundir el conocimiento demográfico.

El envejecimiento de nuestra pirámide de edad no sólo se manifiesta en el engrosamiento de los grupos de más edad. La causa fundamental del envejecimiento es el progresivo descenso de la natalidad y hay que recordar que durante la primera mitad de los 70 nacían en España una media de 675.000 niños al año y que durante el último quinquenio la media anual ha estado en torno a los 380.000, la mitad. El intenso y constante descenso de la natalidad ha hecho que las nuevas generaciones sean cada vez más pequeñas y que, según van alcanzando la edad de incorporarse al sistema productivo, reduzcan la capacidad de reemplazo de la población activa.

La inercia de la composición por edades de nuestra población incide también en otros sectores de actividad, en el consumo y en distintas pautas de comportamiento y avisa de ello, si se sabe medir sus consecuencias y se quiere tomar medidas. 

La actual situación de la composición por edades de la población no puede considerarse una sorpresa, una emergencia a la que hay que hacer frente como si de una catástrofe natural se tratara. La dinámica demográfica no es una amenaza pero avisa y lo hace de manera clara y con mucha antelación. Los problemas que parecen descubrirse ahora son, en parte, consecuencia de fenómenos, como la rápida caída de la natalidad, conocidos desde hace casi medio siglo; desde que nacieron las generaciones que dentro de poco cumplirán 50 años. A partir del tamaño de la generación de los nacidos en 2021, ya se podrían hacer previsiones y comenzar a planificar la respuesta a las necesidades (sanidad, educación, vivienda, empleo …), que va a tener esa población al menos durante los próximos 80 años.

Para que la dinámica de la población deje de sorprendernos y producir alarmas innecesarias habrá que tomarse en serio la demografía. También será necesario un cambio cultural, que apueste por la planificación a medio y largo plazo, para superar las habituales estrategias cortoplacistas de nuestros responsables políticos, que no miran más allá del próximo horizonte electoral. No es sostenible tener que estar siempre buscando soluciones de emergencia para problemas que, por no haberse previsto en su momento, ya no tienen remedio. Julio Vinuesa

domingo, 19 de diciembre de 2021

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA NO ES LA CAUSA, ES LA CONSECUENCIA.

Reflexiones sobre cómo la ausencia de conocimiento favorece la demagogia

Se ha institucionalizado lo que llaman “reto demográfico”, pero seguimos sin analizar con el mínimo rigor científico la interacción de la evolución de nuestra población con el territorio. Este estado de desconocimiento de los fundamentos de la dinámica geodemográfica favorece que el activismo victimista de la “España vaciada” esté utilizando la despoblación de ciertos territorios como herramienta electoral y, nuevamente, como argumento para intentar establecer, en beneficio propio, los criterios que han de regir en el reparto de los fondos estatales para la recuperación económica y la financiación de las haciendas autonómicas.

Para asignar los fondos con los que se han de atender las necesidades de la sanidad pública, la educación obligatoria o los gastos sociales, entre otros, es razonable considerar el número de habitantes y ponderarlo por la composición y por la distribución espacial de la población. Más discutible es cómo se determinan los pesos de las diferentes variables en cada territorio: cómo deben valorarse el crecimiento, el envejecimiento, la densidad o la dispersión de la población. En ese proceso, las limitaciones de las fuentes estadísticas y la estructural debilidad de la capacidad de análisis conducen a la simplificación de unos indicadores que, al carecer de solidez conceptual y técnica, quedan al albur de las decisiones políticas para su interpretación y aplicación.

El adanismo dominante entre los políticos y en los medios podría hacer pensar que los desequilibrios existentes entre territorios, que básicamente se achacan al aislamiento, a las bajas densidades y al vaciamiento, son un nuevo reto de nuestro tiempo, pero nada más lejos de la realidad. La actual redistribución espacial de la población española se caracteriza por una gran variedad de situaciones y marcadas diferencias entre regiones y comarcas, que se han ido modelando a lo largo de los siglos por las distintas opciones que ofrece en cada caso el medio natural y agudizadas desde mediados del siglo pasado por la culminación del proceso de urbanización, dentro de un modelo de desarrollo que, al exigir eficiencia económica, ha favorecido los desequilibrios.

Durante todo el proceso de desarrollo los poderes públicos han postergado los objetivos de equidad y cohesión que podrían haber contrarrestado esa dinámica de desequilibrios territoriales. Por el contrario, especialmente durante los últimos decenios, los gobiernos de los diferentes ámbitos territoriales de todas las escalas, han basado sus políticas en criterios de competitividad interterritorial, excluyendo, como norma general, actuaciones inspiradas en criterios de cooperación. En este contexto es inevitable que se acentúe la desigualdad de oportunidades y de calidad de vida para las personas, provocando desplazamientos hacia las zonas con mejores ofertas.

Es urgente intentar reducir los desequilibrios territoriales a las diferentes escalas, pero eso no se conseguirá con un reparto de fondos justificado con simples indicadores demográficos. Para optimizar la gestión de los recursos públicos habría que superar algunos errores conceptuales básicos en el diagnóstico y en las propuestas de solución:

  • Los componentes de la dinámica geodemográfica no actúan como variables independientes. Forman parte de un complejo proceso histórico en el que interactúan factores del medio natural, sociológicos, económicos y políticos. Es, cuando menos, ingenuo proponer soluciones milagrosas a base de repartos puntuales de dinero público. No se puede prescindir del contexto histórico, ya no estamos en la era industrial, ahora son distintos los factores que regulaban la localización del empleo y de la residencia y ello requiere distintas las soluciones.
  • Hay que superar los atavismos poblacionistas basados en considerar el crecimiento de población como síntoma de pujanza, mientras que la pérdida de habitantes se interpreta como anuncio inequívoco de decadencia, ignorando el valor intrínseco del territorio como recurso y como patrimonio natural.  
  • Más que remarcar límites administrativos, que fragmentan y enfrentan a territorios, hay que partir del reconocimiento de que, con las actuales pautas de movilidad de las personas y las capacidades que ofrecen los avances tecnológicos, es obligado revisar la actual imputación de la población a las circunscripciones administrativas en que se fija oficialmente su residencia, ya que cada vez con mas frecuencia los ámbitos que más se utiliza por razones de trabajo, estudios, consumo, relaciones sociales, ocio… no coinciden con los municipios de empadronamiento. Son municipios o comunidades autónomas a las que no se pertenece oficialmente, pero en las que también se tienen necesidades básicas y derechos. Sin duda las distintas administraciones públicas tendrán que adaptarse a las exigencias de gestionar una sociedad mucho mas compleja y variable en su localización sobre el territorio.  
  • Sería un grave error no aprovechar al máximo todas las soluciones que ofrecen las nuevas tecnologías para corregir el aislamiento y mejorar la prestación de servicios, persiguiendo objetivos de equidad en la calidad de vida y de cohesión territorial. Sin olvidar que estos objetivos no deben valorarse exclusivamente en términos económicos, sería también un error no medir la eficacia de las “inversiones públicas reequilibradoras”, así como conocer y hacer transparentes los costes por habitante de las prestaciones de los servicios públicos en cada uno de los distintos tipos de territorios. Julio Vinuesa