DOS DECÁLOGOS

Dos Decálogos, conclusiones y propuestas para un uso más racional y sostenible del territorio en España.

A partir de las ideas expresadas en el planteamiento y en el desarrollo del Curso “Hacia un uso más racional y sostenible del territorio”, elaboramos estos dos Decálogos.

El primero presenta imputaciones de irracionalidad que pretenden ser la síntesis de un diagnóstico sobre los principales males que aquejan al modelo de desarrollo urbano en España.

El segundo enumera propuestas sobre las principales medidas para propiciar cambios en el modelo de desarrollo urbano, a partir de principios de racionalidad, equidad, cohesión, eficiencia y sostenibilidad.

Como el resto del Blog, estos Decálogos son una invitación que hacemos desde la Universidad a la reflexión y al debate y quiere ser una llamada de atención al conjunto de la sociedad española: a los ciudadanos, a los medios de información, a los poderes económicos y políticos, todos responsables del uso que hacemos de nuestro territorio.



10 IMPUTACIONES DE IRRACIONALIDAD A UN MODELO INSOSTENIBLE DE DESARROLLO URBANO.

I. El sector financiero ha alimentado irresponsablemente el sector inmobiliario y la demanda de suelo y vivienda a base de animar y facilitar el endeudamiento: la sociedad ha vivido con complacencia una especie de proceso piramidal de falso enriquecimiento.

II. Hay decenas de miles de hectáreas de suelo transformado sin necesidad y sin más “utilidad” previsible que las plusvalías generadas. Durante el decenio 1998-2007 se han construido unos 6 millones de viviendas, cuando las necesidades demográficas apenas llegan a los 3 millones: en España hay más de 5 millones de viviendas vacías y más de un millón sin vender.

III. El auge de nuestro modelo ha supuesto que se haya construido más que nunca y que se hayan agravado las dificultades de los jóvenes para acceder a un alojamiento digno y adecuado.

IV. Paradójicamente, la planificación ha sido el principal instrumento para dar respaldo legal a crecimientos injustificables y contrarios a la racionalidad. Muchas corporaciones locales se han sumado a esa carrera desenfrenada para engrosar sus ingresos con el ladrillo, como si ese pudiese ser un sistema de financiación perdurable: en España existe suelo calificado para multiplicar varias veces el parque residencial actual.

V. El desarrollo inmobiliario y la construcción, gracias a sus dimensiones económicas, son considerados como un fin en sí mismo, mientras que es poco relevante la calidad del “espacio urbano” que se crea: no se le da la menor importancia al despilfarro de territorio que se transforma innecesariamente.

VI. La idea de que el crecimiento urbano y la construcción de viviendas “son desarrollo” es un mito que nadie, desde las esferas del poder, se ha atrevido a cuestionar e incluso, en los momentos de recesión, se adoptan medidas anticíclicas: ningún responsable político de cualquier signo o de cualquier nivel competencial se ha opuesto de forma efectiva al despilfarro territorial y a la destrucción del paisaje, inherentes a este modelo de desarrollo, pero todos ellos dicen estar a favor de la sostenibilidad.

VII. Vivimos la paradoja institucional de un alto nivel de regulación legal y de un importante déficit de Planes. La ausencia de ordenación del territorio desde los gobiernos autonómicos, deja todo en manos de los ayuntamientos, que deciden en función de intereses locales y, ni las Comunidades Autónomas ni el Estado pueden controlar o tutelar de forma eficaz las decisiones llevadas a cabo por las corporaciones locales: el territorio padece la “tiranía de las pequeñas decisiones” tomadas a microescala.

VIII. En España hay un alto grado de indisciplina y un deficiente funcionamiento de la justicia: existen alrededor de 750 altos cargos, funcionarios del ámbito político, vinculados a casos de corrupción urbanística.

IX. Tenemos un escenario social en el que los intereses codiciosos prevalecen sobre las ideas de equidad, cohesión social y sostenibilidad: la sociedad española expresa valores ambientales pero no los lleva a la práctica.

X. Este proceso de degradación tiene lugar ante la indiferencia de la sociedad en su conjunto, cuando no con la decidida colaboración de los poderes públicos y buena parte de la población en general: la corrupción urbanística no suele suponer una disminución del voto a los partidos políticos ni a los dirigentes culpables.

                                                   

10 PROPUESTAS PARA CAMBIAR EL MODELO DE UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO.

I. Hay que educar a los niños y a los jóvenes en los valores del territorio y difundir conocimiento para sensibilizar a todos los ciudadanos en el respeto al territorio, porque es un recurso natural imprescindible, limitado e insustituible y es paisaje en el que se sustenta la identidad cultural: sin la decidida participación de la sociedad no se producirán los cambios necesarios.

II. Hay que trasladar a la sociedad las ventajas de sustituir el modelo de crecimiento expansivo de las ciudades por otro que ponga todo su empeño en la rehabilitación y la puesta en valor de los espacios existentes: que el desarrollo urbano deseado por la sociedad sea crecer en calidad y sólo en la dimensión necesaria.

III. No se puede mantener por más tiempo el modelo de turismo-desarrollo inmobiliario que sólo busca objetivos económicos a corto plazo; por codicioso, autodestructivo y causante de deterioros territoriales irreversibles: hay que imponer un nuevo modelo que, respetando el territorio, apueste por la calidad como principal garantía de pervivencia de los dos principales sectores de la economía española.

IV. Como no cabe esperar que los municipios actúen por encima de sus propios intereses y para racionalizar su actuación urbanística es necesaria la ordenación del territorio: el Estado y las Comunidades Autónomas han de definir pautas de ordenación y coordinación y promover la cooperación intermunicipal desde una lógica supralocal.

V. Las Comunidades Autónomas deberán redactar los planes territoriales o dictar medidas de aplicación inmediata para la definición de límites y pautas racionales y sostenibles de crecimiento: es imprescindible exigir la justificación de las dimensiones a los nuevos desarrollos.

VI. No cabe esperar racionalidad y sostenibilidad en el uso del territorio mientras la expansión urbana sea la principal fuente de ingresos para los ayuntamientos: es necesario un nuevo marco normativo que delimite con claridad las competencias y la financiación de los ayuntamientos.

VII. La gobernanza del territorio exige afrontar la unificación municipal bajo criterios de coordinación y cooperación interterritorial: hay que propiciar la organización de conglomerados de municipios, con posibilidades reales de planificación y gestión.

VIII. Para que los planes urbanísticos y territoriales impongan los valores de equidad, cohesión social y sostenibilidad en el territorio tendrán que ser más participados, más debatidos y más discutidos. Sólo así se redactarán sobre principios éticos, para satisfacer las necesidades reales de la población, y no sólo en defensa de intereses económicos: los planes urbanísticos y territoriales, desde la perspectiva de un desarrollo sostenible, deben ser la expresión de un compromiso recíproco entre administraciones y ciudadanos, vigilantes de las políticas acordadas para su territorio.

IX. Para que se produzca el necesario debate sobre la ordenación y sobre la gestión del territorio habrá que disponer de las herramientas que posibiliten la máxima accesibilidad a una información completa, fiable, dinámica y puntual: las administraciones deben generar más información y conocimiento y proceder a su difusión a través de las redes sociales, promoviendo el diálogo participativo con los ciudadanos.

X. Se debe incentivar desde la universidad la formación de profesionales que hablen un mismo lenguaje sobre el territorio, que puedan debatir y compartir trabajos conjuntos con visión multidisciplinar: hay que incrementar el conocimiento para hacer buenos diagnósticos y elegir las mejores opciones para la transformación del territorio desde una perspectiva técnica y ética.

1 comentario:

  1. Sobre todo y urgente los puntos VIII y IX. Se sigue debatiendo el futuro de las ciudades bajo " la publicidad"de los anuncios en los boletines oficiales...nada más lejos de los ciudadanos de a pie. El ciudadano tiene que saber sobre que suelo se está ordenando, debatiendo o proyectando en su municipio y poder acceder a la información urbanística de forma más sencilla.Y el punto VII es una reivindicación personal de años a trás.
    Enhorabuena por los decálogos. Loliví
    ( semisótano arquitectos)

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