LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y LA CORRUPCIÓN DEL URBANISMO


Los profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna Víctor Jerez, Pedro Martín y Ramón Pérez, han publicado recientemente, un artículo titulado "Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España". Los autores han “medido y analizado algunas de las características principales de la corrupción urbanística municipal en España” a través de las noticias aparecidas en la prensa digital entre 2000 y 2008 dando cuenta de 676 “… casos de corrupción o de irregularidades urbanísticas denunciadas por todo tipo de agentes sociales…”

Venimos defendiendo que los problemas derivados de la acción urbanística no son sólo, ni fundamentalmente, consecuencia de acciones punibles que acaban en manos de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de los Tribunales de Justicia, a veces entre protestas y muestras de desagrado de los vecinos que no entienden el porqué del castigo a los infractores. La principal causa de los problemas urbanísticos que padecemos es la corrupción del urbanismo (ver el artículo de F. Gaja ¿Corrupción urbanística o corrupción del urbanismo?), que básicamente se manifiesta en el hecho de que el planeamiento urbanístico ha dejado de ser una garantía de racionalidad territorial para convertirse en un instrumento al servicio de los intereses económicos.

A lo largo del tiempo, y muy especialmente en los últimos quinquenios, los mayores disparates en las propuestas de crecimiento urbano y ordenación territorial están perfectamente acomodados a la ley y han sido “bendecidos” por el planeamiento. No se trata de pequeñas o grandes “golferías” de agentes locales y concejales corruptos. Estamos ante una perversión del sistema, permitida por una sociedad que no parece ser consciente de que el territorio es un bien necesario, con valor por sí mismo, limitado y no siempre recuperable, que debe ser utilizado con criterios de racionalidad y que garanticen un desarrollo sostenible. El afán por exprimir todas las plusvalías, construyéndolo todo, no es exclusivo de los que se saltan la ley. Está instalado en todas las administraciones y en el conjunto de la sociedad. No hay más que ver las propuestas de crecimiento de los Planes Generales aprobados por todas y cada una de las diferentes instancias, cualquiera que sea el grupo político que las gobierne.(*)

Como en cualquier otro ámbito de la vida social, de los que infringen la ley ha de encargarse la justicia, pero la responsabilidad de devolver al planeamiento urbanístico su función de velar por un uso racional y sostenible del territorio, por la equidad y la eficiencia económica, por la prevalencia de los intereses colectivos sobre los individuales, corresponde a toda la sociedad, pero muy especialmente a los profesionales del urbanismo y a quienes desde la Academia están obligados a analizar la realidad urbanística y a crear y difundir conocimiento en beneficio del interés general.
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(*) J. Vinuesa y B. Martín, han escrito el artículo, “La (sobre)dimensión del crecimiento residencial en Madrid. El planeamiento urbanístico como coartada”, que se publicará próximamente en la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica, en el que se analiza la “irracionalidad territorial” del Planeamiento Urbanístico aprobado durante los diez últimos años en la Comunidad de Madrid, a través de las desmesuradas e interesadas propuestas de crecimiento demográfico y de nuevos desarrollos residenciales.

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