El proceso de ordenación territorial materializado más intensamente en los últimos años que nos ha conducido al proceso conocido como “burbuja inmobiliaria”, tiene diferentes elementos que lo han configurado.
El primero está basado en el abuso del desarrollo de suelo urbano. Sería necesario también abordar porqué hablamos de abusos. Seguramente el proceso se inicia antes de lo que pensamos en nuestras imágenes recientes, con varios elementos que configuran dichos “abusos”. Debemos partir de la desregulación del suelo, pasando por las competencias descentralizadas en las comunidades autónomas, como consecuencia de la sentencia de 1997 del Tribunal Constitucional que atribuye, prácticamente en solitario, las competencias en materia de urbanismo, además incorporamos presupuestos municipales basados en un incremento que no requería de la participación individual de los ciudadanos a través de impuestos directos, encontrando un mecanismo de recaudación indirecto a partir de la capacidad de decisión sobre qué suelo es urbanizable y cual no. Tanto promotores como constructores han pagado ampliamente la obtención de la calificación de suelo urbanizable. Lo que seguramente no ha sido reflexionado convenientemente es que este mecanismo indirecto ha terminado siendo repercutido en el precio de la vivienda, con el necesario concurso del sistema financiero, que evidentemente pagan sus compradores.
Los Ayuntamientos a través del Planeamiento General, con la connivencia de los Gobiernos Regionales, han clasificado de manera sistemática mucho más suelo urbanizable del que racionalmente podría considerarse necesario. Pero hay algunas claves sobre las que convendría reflexionar, porque no es tan evidente que los únicos responsables sean los poderes públicos. La actividad financiera ha tenido su parte de responsabilidad, posiblemente la más importante, pues era difícil mantener los beneficios habituales con intereses bajos, con una gran liquidez de masa monetaria, y por si fuera poco la entrada en funcionamiento del euro que refuerza dichos mecanismos. No parece necesario abundar en la responsabilidad del sector inmobiliario.
Parte del proceso se inicia con la incorporación de deducciones fiscales por la adquisición de viviendas en 1979, con la UCD en el poder, que a partir de la reforma fiscal de la recién nacida democracia, nace el conocido IRPF, que incorpora una deducción del 15% en la adquisición de vivienda habitual, a lo que más tarde se añade la deducción por las cuentas de ahorro para vivienda. Por tener un parámetro de este coste fiscal paso de 230 millones en 1980 a algo más de 6000 millones en el año 2007.
Más tarde la bajada en los tipos de interés, y la integración de nuestra economía en el euro, pasando de un tipo del 11,5% en 1995 a un 3,5% a partir de 2002/3, contribuye de manera considerable al endeudamiento de las familias, que ven una vía razonablemente rápida para resolver el acceso a la vivienda convirtiéndose en propietarios con una buena perspectiva de revalorización que parecía nunca se acabaría, obviándose que tarde o temprano una solución basada en la especulación y vinculada a los beneficios económicos, difícilmente puede abordar la solución de un problema con raíz social. Las miles de viviendas construidas y que ahora constituyen el factor más negro de la crisis, con los desahucios como factor social más evidente, que no se pueden pagar, que se mantienen vacías sin resolver ningún problema, ni el financiero, ni el social, ni tan siquiera disminuyen el problema de mantenimiento de los municipios en esos espacios construidos.
En el ámbito político nadie quiere asumir la responsabilidad, pero todo el que ha tenido oportunidad de gobierno sobre el territorio, de norte a sur y de este a oeste (como tuvimos oportunidad de verificar en la sesión inicial de este curso el pasado 27 de noviembre) ha participado en el proceso, indistintamente del color político, de la izquierda a la derecha, incluyendo a los nacionalismos.
Seguramente el elemento que acelera con mayor fuerza este proceso es la Ley 6/1998 sobre el régimen del suelo y valoraciones, pero también hay que reconocer que cuando más viviendas se desarrollan es entre 2004 y 2008, sin que ninguna administración moviera un dedo para impedir el desaguisado que se estaba materializando al amparo de la creación de empleo.
Todos estos factores hacen que sea difícil determinar en que momento aparece la burbuja, pero lo que si es evidente es que 2007 es considerado el año en que se “pincha” la burbuja. En octubre de 2011, Marco Buti, Director General de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, afirma que entre 1995 y 2007, los precios de la vivienda en España crecieron un 155% (Irlanda lo hizo en un 172% y Malta en un 157%).
Lo grave es que a estas alturas del proceso sigue existiendo un acentuado empeño en soportar una parte importante de la recuperación del empleo en el mantenimiento del modelo de “deterioro territorial”.
Parece evidente que este proceso se materializa con el consentimiento del conjunto de la sociedad. Todos éramos partícipes del proceso, nos parecía magnífico que nuestras propiedades, especialmente las viviendas, adquirieran un valor muy por encima de lo que habíamos pagado por ellas.
En 2008 comienza un brusco descenso en el precio de la vivienda. Aparece un fenómeno determinante como la falta de financiación, que junto a otros factores, hace que la economía sea incapaz de asumir el exceso de viviendas sin vender.
Todo el mundo responsabiliza a “otros” del proceso de especulación del suelo, pero lo concreto es que todos en mayor o menor grado hemos tenido responsabilidad en la materialización de este abuso desarrollista.
En todo este proceso se han desarrollado múltiples Planes Generales, que lejos de tener criterios homologables y especialmente coordinados, han florecido dependiendo de puntos de vista que poco tenían que ver con las necesidades concretas del crecimiento de las ciudades, y mucho con la competencia con el planteamiento de que los municipios próximos eran capaces de definir. La última “novedad”, en Planes Generales, es la “flexibilidad”, que pretenden resolver los problemas que se suscitan en las ciudades con la urgencia que requiere la civilización actual, pero con un elemento que habitualmente no aparece como proceso, necesariamente, previo: ausencia de un Plan Regional de Estrategia Territorial. Mediante este empeño en que se pretende recualificar la ciudad, producir el suelo necesario para que cada actividad pueda acceder en el momento necesario, recuperar espacios y proteger otros, se incorpora la necesidad de actuaciones en el marco de la rehabilitación, más allá del tradicional casco histórico, incorporándose barrios que absorbieron la emigración de mediados del siglo XX.
La falta de información influye en la dificultad para la toma de decisiones. No por mucho que digamos y repitamos el argumento parece que seamos capaces de corregirlo, pero hay que insistir que la falta de datos fiables con los que tomar las decisiones en el ámbito del urbanismo, especialmente sobre la vivienda, hace difícil articular políticas coherentes con las necesidades que, en esa materia, tenemos las personas.
Este curso y esta sesión nacen con la intención del Grupo Territorio Racional y Sostenible de contribuir a aportar soluciones a unas incógnitas difíciles de resolver, y esperamos que al menos seamos capaces de dar más luz a las siguientes cuestiones:
¿Qué se puede hacer con esa enorme cantidad de suelo clasificado, pendiente de desarrollo, a medio urbanizar y, siempre, innecesario?
¿Cómo corregir las actitudes desarrollistas?
¿Cómo conseguir que los poderes públicos asuman el mandato constitucional de regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”?
José María de la Riva Ámez
Profesor de Geografía
No hay comentarios:
Publicar un comentario