domingo, 18 de enero de 2015

ENLACES DE INTERÉS: MEGAPROYECTOS INÚTILES: DESPILFARRO PÚBLICO Y LUCRO PRIVADO

Como preámbulo de la tercera sesión del Curso titulada: Megaproyectos inútiles: Despilfarro público y lucro privado, ponemos a disposición los siguientes enlaces y publicaciones:

Libros:

- Schulz-Dornburg, J. (2012). Ruinas Modernas. Una topografía del lucro. Editorial: Àmbit. Barcelona, España.


"Ruinas modernas, una topografía de lucro es un inventario fotográfico de la construcción especulativa en España. Se retratan parajes ocupados por urbanizaciones abandonadas; paisajes residuo que muestran la herencia en el territorio del estallido de la burbuja inmobiliaria."

- Moix, L. (2010). Arquitectura milagrosa. Hazañas de los arquitectos estrella en la España del Guggenheim. Editorial Anagrama, S. A. Barcelona, España. 



"La apertura del Museo Guggenheim diseñado por Frank Gehry obró milagros en Bilbao. Gracias a este prodigio de la arquitectura icónica, la ciudad voló de la grisura posindustrial a los brillos de la economía terciaria. Alcaldes y presidentes autonómicos de toda España vieron en el ejemplo bilbaíno la llave de su futuro. Un edificio espectacular con firma de postín –Calatrava, Hadid, Herzog & De Meuron, Foster, Eisenman...– les pareció garantía de visibilidad global, imán de turistas y estímulo para la economía local. Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona o Santiago experimentaron este frenesí. Contrataron a los astros del firmamento arquitectónico internacional, descuidando la proporción entre la necesidad y el precio de las monumentales obras que les encargaron. Llàtzer Moix revisa estos años enfebrecidos y sus obras impresionantes pero, en ocasiones, insensatas. Lo hace mediante un reportaje, armado tras viajar a los escenarios de estos episodios y entrevistar a sus protagonistas, que lo confirma como una referencia en el ámbito del periodismo cultural".

- Estaban, I. (2007). El efecto Guggenheim. Del espacio basura al ornamento. Editorial Anagrama, S.A. Barcelona, España. 



"La idea del museo como espacio de recogimiento dedicado a la muestra y contemplación de obras de arte ha perdido su anclaje en la realidad. Los museos se construyen ahora para regenerar el espacio urbano, promover la industria turística y conseguir réditos políticos y de imagen con la operación. Esto es lo que ha sucedido con el Guggenheim de Bilbao. Según el autor, el museo ha lavado la cara de una ciudad antaño feísta y mugrienta, y ha transformado la roña de los viejos almacenes portuarios en brillantes reflejos de metal pulido. Esteban reconstruye en este libro la historia del museo y analiza los elementos que más controversia han causado, desde la falta de una colección permanente y las exposiciones dedicadas a las motocicletas y al modisto Giorgio Armani hasta su lugar en el imaginario nacionalista."

- Albertos Puebla, J. y Sánchez Hernández, JL. (coords.) (2014). Geografía de la Crisis Económica en España. Universitat de Valencia. Servei de Publicacions. Valencia, España. 


"Transcurridos más de cinco años desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, son ya numerosos los trabajos científicos que, desde distintas disciplinas, han tratado el origen, el desarrollo y el impacto de la Gran Recesión, así como sus implicaciones políticas, estratégicas, económicas, sociales, culturales o ambientales. Sin embargo, para el caso español al menos, se echaba en falta una visión de conjunto que permitiera trazar una geografía de la crisis económica que indagara sobre las causas de la muy diferente capacidad de resistencia que las regiones españolas están demostrando ante el hundimiento del modelo de crecimiento inmobiliario-financiero. Este libro quiere contribuir a este debate. Y es que la crisis económica en España no tiene idénticos efectos ni en todo el territorio ni sobre toda la población."

Artículos publicados por Eugenio Burriel de Orueta:

- "Subversion of land-use plans and the housing bubble in Spain”, Urban Research & Practice, vol. 4, nº 3, 2011, pp. 232-249.

- “El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio”, en ALBERTOS PUEBLA, Juan M. y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José L. (coords.), Geografía de la crisis económica en España, Valencia, PUV, Universitat de València, 2014, pp. 101-140


- En colaboración con ALBERTOS, J. M.: “Infraestructuras y medios de transporte” en GIL OLCINA, A. y GOMEZ MENDOZA, J.: Geografía de España, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 501-520

- “Las políticas de rehabilitación urbana del centro histórico de Valencia”, en MACIÀ BLÁZQUEZ y otros (Coords.): Geografía y Territorio. El papel del geógrafo en la escala local, Palma de Mallorca, 2002, Universitat de les Illes Balears, pp. 103-118

- “Ciudad y urbanización en la fachada mediterránea de la Península Ibérica”. Actas del Curso de Verano de la Universidad de Lisboa, Julio 2000. “Cidade e urbanismo na Peninsula Iberica”, en prensa.

- “La década prodigiosa del urbanismo español (1997-2006)”, Scripta Nova, Vol. XII, num. 270 (64), 1 de agosto de 2008.

- "Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano”, Documents d’Analisi Geografica, 2009, nº 53, pp. 32-54

- “La Unión Europea y el urbanismo valenciano. ¿Conflicto jurídico o político?”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2009, nº 49, pp. 5-23.

- “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana (1986-2009)”, Scripta Nova, Vol. XIII, num. 306, 1 de diciembre de 2009.

- "Planificación urbanística y ciudad”, en HERMOSILLA, J. (Coord.), La ciudad de Valencia. Historia, Geografía y Arte, Valencia, Universidad de Valencia, 2009, pp. 144-171.

Material n'UNDO:

- Blog n´UNDO : http://nundoblog.org/

- Reportaje n´UNDO: http://nundoblog.org/2014/11/19/reportaje-la-aventura-del-saber/

PONENTES Y COLECTIVO PARTICIPANTE DE LA TERCERA SESIÓN

Esta tercera sesión centrará principalmente el debate en torno a una de las costumbres urbanísticas más extendidas en el territorio español: la sobredimensión de las infraestructuras y equipamientos en el territorio sin necesidad. Se mostrarán sus implicaciones, el papel de los distintos actores y posibles propuestas a futuro para un cambio de modelo. Para ello contaremos con la participación de:


David Porras Alfaro. Licenciado en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y Máster Universitario en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Actualmente, desarrolla el período de investigación del Doctorado en Geografía en este mismo Departamento, dentro del Grupo de Investigación: Estudios Urbanos y del Turismo (URByTUR).

Ha participado en Planes de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana desde entidades públicas y privadas, proyectos de investigación y en la redacción de artículos. Cuenta con experiencia docente y participación en ponencias y foros.


Eugenio Burriel de Orueta. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia (1967); Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (1967); Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia (1970).

Catedrático de Universidad (Geografía) desde el 18-12-1972. Actualmente es profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de Valencia.

Ha impartido docencia en las Universidades Autónoma de Madrid, La Laguna, Autónoma de Barcelona, y Valencia. Cuenta con un amplio número de publicaciones e investigaciones en torno a la ordenación del territorio, planificación urbana, demografía y geografía de la población.

Ha desempañado diversos cargos de responsabilidad política: 
  • Gobernador Civil de Valencia y Delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana (diciembre 1982 - diciembre 1989).
  • Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (enero 1990 - junio1995).
  • Secretario de Estado de Administración Pública (julio 1995 – mayo 1996).


José Segovia Pérez. Catedrático jubilado de Filosofía de Bachillerato. Fue Director General de Enseñanzas Medias y de Promoción Educativa en el Ministerio de Educación (1982-1988). Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. Entre sus últimas publicaciones destaca: Albert Camus. Cien años de honradez desesperada (La Hoja del Monte, noviembre, 2013).

Colectivo invitado a participar:




Surge como una actitud, una manera de (des)hacer re-arquitectura, interviniendo en el territorio y la ciudad desde la No Construcción, la Minimización, la Reutilización y el Desmantelamiento. Su trabajo se fundamenta en la crítica, el debate y la reflexión, desde donde desarrolla su base teórica, la cual tiene como consecución diversas prácticas y actuaciones urbanas y territoriales, basadas en la participación y la multidisciplinariedad.

n´UNDO ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, dirigiendo talleres, impartiendo ponencias, como parte de debates y mesas redondas y como profesores invitados en diversas universidades. Su práctica contempla, entre otras actividades, la publicación de artículos, el desarrollo de planes urbanos n´UNDO, la organización de concursos, la elaboración de informes técnicos y la colaboración con diferentes organizaciones y colectivos. Entre los premios y menciones recibidos, se encuentra la Bienal de Arquitectura BAUXII y los recientes dos primeros premios en Europan2012.


Verónica Sánchez Carrera. Arquitecta y Urbanista (UPM) desde 2003, Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad (UAH). Investigadora en la UAH, ha realizado estudios de postgrado en la Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica (UPM) y es Experta en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional y Emergencias (UAH). Doctorando en el Grupo de Investigación aplicada a la Cooperación al Desarrollo, COOPUAH del Departamento de Arquitectura (UAH).

Desarrolla su trabajo como profesional liberal, en edificación y planeamiento desde 2007, compaginándolo con la docencia y la cooperación internacional, donde ha trabajado en diferentes países y contextos. Imparte clases en diferentes cursos de postgrado y máster en Madrid y Barcelona. Actualmente está desarrollando el proyecto n'UNDO.

Alejandro del Castillo Sánchez. Arquitecto por la ETSAM (UPM). Cursa estudios en Urban Planning en la Oxford Brookes University. Recibe la Suficiencia Investigadora en 2009 (ETSAM) con el trabajo Arquitecturas de alojamiento masivo. Ha realizado Cursos de Postgrado en la Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica de la UPM y de Ciudad y Medio Ambiente.

Es Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional y Emergencias (UAH). Ha desarrollado su trabajo como profesional liberal, compaginando estas labores con la docencia y la cooperación internacional en África y América Central. Actualmente está desarrollando el proyecto n'UNDO.

MEGAPROYECTOS INÚTILES: DESPILFARRO PÚBLICO Y LUCRO PRIVADO

Jueves, 29 de enero. 19:00 h.

Tercera sesión del Curso: “Propuestas para combatir el despilfarro urbanístico”, en La Casa Encendida.

Megaproyectos inútiles: Despilfarro público y lucro privado

Las grandes infraestructuras y los equipamientos sobredimensionados e infructuosos son otra de las caras del modelo urbanístico despilfarrador de territorio y de todo tipo de recursos. Los poderes públicos han actuado animados por el “enriquecimiento” de las arcas públicas que estaba produciendo el boom, guiados por unas políticas irresponsables de “venta de falsas necesidades” y en un clima de estéril competencia interterritorial. Y todo ello ante la mirada complaciente del conjunto de la sociedad.

Para debatir sobre estos temas contaremos con la participación como ponentes de Eugenio Burriel de Orueta y José Segovia Pérez, con la moderación de David Porras Alfaro. Bajo el planteamiento de este curso, de incorporar la participación de colectivos, tendremos la intervención de n'UNDO.

Tras la presentación de los ponentes habrá un debate abierto con los demás Colectivos Participantes Invitados y el público asistente.

jueves, 15 de enero de 2015

LOS “ÍMPETUS INMOBILIARIOS” FRENTE A LA REALIDAD GEODEMOGRÁFICA

La actividad inmobiliaria, al amparo y con el estímulo de un modelo de planeamiento urbanístico desarrollista a ultranza, se ha caracterizado –y no sólo durante la última burbuja inmobiliaria- por un total desprecio hacia las llamadas a la contención que la dinámica de la población española viene emitiendo desde hace decenios. Incluso, con todas las heridas de los excesos del boom abiertas, no faltan las invocaciones a una recuperación de pasados ritmos de construcción de viviendas, apoyadas en ficticias expectativas demográficas.

En los últimos años ya hemos incorporado al Blog varias entradas: sobre los resultados de algunas proyecciones de hogares, para hacer algunas acotaciones sobre la cuantificación de las necesidades de nuevas viviendas, para rebatir algunos falsos argumentos demográficos y, siempre, para reclamar un cambio de modelo que diferencie, desde el planeamiento urbanístico, las “necesidades de vivienda” como alojamiento y la “demanda de vivienda” como activo-económico-financiero

Decíamos en A vueltas con la vivienda que la construcción de muchas más de las necesarias no ha sido un error por sobreestimación de la demanda de viviendas para alojamiento, ha sido un proceso coherente con el modelo económico, justificado por el peso de la actividad inmobiliaria y de la construcción en el PIB, por su relevancia en la financiación de las haciendas locales y regionales y por las expectativas de enriquecimiento que generaba en las economías familiares. Simplemente no se han querido escuchar los “aguafiestas” avisos de la demografía que, entre otros, llamaban a la contención. 

Volvemos a apoyarnos ahora en los resultados de un nuevo ejercicio de prospectiva demográfica: se trata de las primeras Proyecciones de hogares publicadas en octubre de 2014 por el INE, que “proporcionan una simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada comunidad autónoma y de cada provincia, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados.”

Los resultados de estas primeras Proyecciones de hogares, para el periodo 2014-2029, vienen a confirmar, en lo fundamental, las estimaciones que hemos presentado en anteriores ocasiones: estamos ante una drástica e inevitable tendencia decreciente de la formación de nuevos hogares en la población española. En las estimaciones que hicimos en 2012, concluíamos que no cabía esperar crecimientos muy por encima de los 71.000 hogares al año hasta 2021. Las proyecciones que ahora presenta el INE estiman, tras incorporar las nuevas tendencias migratorias, un incremento medio de menos de 61.000 hogares al año para el periodo 2015 a 2029. 

martes, 13 de enero de 2015

LA NECESIDAD DE RECUPERAR EL ANÁLISIS TERRITORIAL COMO CRITERIO DE RACIONALIDAD CIENTÍFICA EN EL PLANEAMIENTO

Blanca Martín Cortés,
Geógrafa e Ingeniera Técnico Agrícola
Diploma en Estudios Avanzados en "Medioambiente, Territorio y Sociedad" 
Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental
Consultora en planificación y desarrollo territorial

Con motivo de la celebración del curso "Propuestas para combatir el despilfarro urbanístico”, y dentro del marco de la sesión celebrada el 18 de diciembre bajo el título: “Los abusos del desarrollismo urbanístico” intentaré dar respuesta a las preguntas planteadas acerca de ¿Cómo corregir las actitudes desarrollistas? ¿Cómo conseguir que los poderes públicos asuman el mandato constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación?

Partiendo del concepto de que existen abusos vinculados al desarrollismo urbanístico cabe preguntarse acerca de las causas que han provocado esta situación y quién y cómo se han permitido estos abusos.

En principio el planeamiento urbanístico es la práctica y el instrumento legal para la clasificación y calificación de suelo con el objetivo básico de satisfacer la demanda potencial de viviendas y de suelo para actividades económicas. Los resultados de esta práctica, es decir, las propuestas de planeamiento, deberían basarse, atendiendo a los principios neopositivistas que rigen el urbanismo, plasmados en la Carta de Atenas, en principios no sólo de índole político (puesto que el urbanismo es ante todo una función social y pública y como tal dotada de una inevitable impronta política), si no de índole científico técnico, de tal manera que la incorporación del conocimiento de la realidad territorial desde una variable científico técnico sea la clave que garantice la racionalidad científica del planeamiento. 

Sin embargo, la realidad territorial que conocemos, muestra como resultados una serie de abusos sobre el territorio e incongruencias urbanísticas que no se corresponden con la aplicación de los principios científico técnicos de racionalidad territorial. 

Teóricamente, y según recoge el desarrollo legislativo de la práctica urbanística en nuestro país, la documentación de los planes urbanísticos (Memoria Informativa-Justificativa-Normativa-Planos) debe mantener una coherencia, fundamentada en el análisis de la realidad territorial, que ha de sentar las bases de las futuras propuestas. 

Cabe plantearse entonces dónde está el fallo, en qué punto se pierde esa coherencia y por qué sucede esto. ¿Dónde queda el análisis de la realidad territorial en el planeamiento urbanístico? ¿Qué consecuencias tiene la inadecuada consideración de éste sobre las propuestas? Desde aquí creo fehacientemente en la necesidad de recuperar el análisis científico-técnico del territorio y su verdadera incorporación al planeamiento para recuperar su racionalidad científica y dotarlo de verdadera utilidad recuperando su función original social.

jueves, 8 de enero de 2015

VÍDEO: LOS ABUSOS DEL DESARROLLISMO URBANÍSTICO

- Vídeo de la segunda sesión:


Intervenciones de: Enrique Bardají Álvarez, José María de la Riva Ámez y Blanca Martín Cortés.
Colectivo Invitado: Otropunto. Ignacio Suárez-Llanos Aguirre y Eduardo Blanco Oliva. Día: 18/12/14.


LOS ABUSOS DEL DESARROLLISMO URBANÍSTICO. ¿CÓMO ABORDAR EL FUTURO?

Enrique Bardají Álvarez, 
Arquitecto, Profesor Ad Honorem de la Universidad Politécnica de Madrid

(Conferencia en el Curso “Propuestas para combatir el despilfarro urbanístico”. La Casa Encendida -Universidad Autónoma de Madrid. 18 DE DICIEMBRE DE 2014)

Permítaseme iniciar estas notas con una auto-cita de un texto que publiqué en la revista Ciudad y Territorio en el año 2011:
“Estamos en momentos, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, de valorar los resultados que la aplicación de las Normas Urbanísticas, han dejado en nuestras ciudades. Sin matices, podemos afirmar que los resultados de la actividad común en construcción, transformación y ampliación de ciudades y pueblos en España en los últimos cincuenta años es, en términos generales (con las excepciones meritorias suficientemente publicitadas), un campo de mediocridad, despilfarro, simplicidad, insostenibilidad, depredación del territorio y fealdad arquitectónica insuperables. Y casi por igual en todo el territorio español, con independencia de las diferentes regulaciones legales en cada una de las Comunidades Autónomas”.
En este curso, orientado a discutir las propuestas para combatir el despilfarro urbanístico, me parece de interés partir del reconocimiento de que, además de los factores económicos y políticos, nuestras Normas Territoriales y Urbanísticas (reflejo de aquellos) no han servido para evitar los desmanes edificados sobre el territorio español. Y ello a pesar de que todas las exposiciones de motivos de las diferentes regulaciones destacaban los objetivos de protección de nuestro patrimonio y de mejora de vida de los ciudadanos en nuestras ciudades.

Intentaré en esta presentación esbozar los caminos que pueden plantear escenarios de futuro algo más esperanzadores que los que se deducen del análisis de la situación actual.

Mi aproximación hará hincapié en la organización de los mecanismos de ordenación del territorio y de planeamiento para la regulación de las acciones con efectos físicos sobre el territorio y en el crecimiento y transformación de las ciudades y no en aquellos otros aspectos que sin duda tienen una gran relevancia para condicionar la vida en las ciudades (políticas locales, políticas de información, orientación de la economía, sistemas educativos, etc…) pero que quedan lejos de mis conocimientos.

martes, 6 de enero de 2015

ALGO SE MUEVE EN LA INFORMACIÓN SOBRE LAS VIVIENDAS

Hace años que venimos denunciando la falta de información y de trasparencia sobre el estado y el uso del parque de viviendas, que es especialmente grave cuando se trata de las viviendas de propiedad pública o que fueron promovidas o construidas con dinero público. Siempre hemos calificado esta deficiencia como injustificable y especialmente lesiva para la eficacia de las políticas de vivienda. El informe monográfico de la oficina del Defensor del Pueblo en marzo de 2013 sobre Vivienda Protegida Vacía vino a sumarse a estas denuncias, poniendo de manifiesto el incumplimiento de esta responsabilidad de las Comunidades Autónomas.

En el País Vasco y en Cataluña hay un cierto bagaje de estudios especialmente dirigidos a fundamentar políticas que buscan fomentar la puesta en uso de las viviendas vacías. El Plan Director de Vivienda 2013-2016 del País Vasco, dirige uno de sus “Ejes Estratégicos” a la “disminución de viviendas deshabitadas” para lo que propone como una de sus “líneas de actuación” “mejorar los sistemas de detección e identificación de las viviendas deshabitadas”.

Mas recientemente, siempre tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y ante el cariz que ha ido tomando la reacción mediática y social frente a los desahucios, algunas Comunidades Autónomas han anunciado, por primera vez desde que asumieron las competencias en materia de vivienda hace más de 30 años, su voluntad de producir información sobre las viviendas vacías. Simplemente a título de ejemplo, comentaremos lo que están planteando algunas Comunidades Autónomas, gobernadas por agrupaciones de distinto signo político: 

En Andalucía, tras la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda, la "Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda", regula la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas y, a tal efecto, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está poniendo en marcha en la actualidad un proyecto para desarrollar el Sistema de Información del Parque Residencial de Andalucía (SIPRA), cuyo objetivo es “constituir una base de información constantemente actualizada sobre las viviendas existentes, así como su efectiva ocupación, que permita realizar un diagnóstico habitacional de Andalucía con nivel de detalle de vivienda y posibilite el desarrollo de políticas basadas en el conocimiento exhaustivo del parque residencial”.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 2/2014, de 20 de junio, “de modificación de la Ley 2/2003 y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda”, regula la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas como “instrumento básico para el control y seguimiento de las viviendas que … hayan sido declaradas deshabitadas y ello al servicio del ejercicio de las potestades sancionadoras y de las medidas de fomento que reconoce la presente ley. El objetivo es “penalizar las casas vacías para incentivar que salgan en alquiler y abaratar el mercado”.

Un tercer ejemplo es el de la Región de Murcia cuyo Gobierno se propone desarrollar el Sistema de Información de Viviendas (SIVMURCIA), como un geoportal temático integrado en el Sistema de Información Territorial (SITMURCIA), mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos para facilitar la toma de decisiones en la política de vivienda. Se trata de crear un censo de viviendas vacías, interrelacionando bases de datos georreferenciados de diversos organismos y entidades, como son los de catastro, servicio de vivienda y empresas suministradoras, que permita la elaboración de análisis y diagnósticos que sirvan de base para la redacción de planes y estrategias en materia de vivienda.

Por último, en la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, “de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra” también se regula la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas. “La declaración de una vivienda como deshabitada supone su inscripción en este registro, así como la notificación de este hecho al ayuntamiento correspondiente para, en su caso, aplicarle un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Esperemos que estas iniciativas no se queden en algo puntual, que no sólo busquen atenuar los efectos de las criticas y la conflictividad producidos por el dramatismo de los desahucios reflejados en los medios. No vamos a entrar ahora en el complejo problema de dar una definición normativa de “vivienda vacía” que sea aplicable en la práctica, simplemente vamos a limitarnos a comentar lo que se supone que son proyectos para mejorar la información sobre las viviendas. 

Son iniciativas que no serían novedosas ni tendría especial interés si, como lamentablemente puede deducirse de algunos de los ejemplos presentados, sólo pretendieran apoyar el proceso de penalizar económicamente a través del IBI a los propietarios de viviendas vacías. Una de las mayores amenazas para la consolidación y la permanencia de los sistema de información que se necesitan sería que se les quisiera dar, o que sean percibidos por la sociedad, como simples herramientas confiscatorias.

Sólo tendrían interés si, como se anuncia en los casos de Andalucía y Murcia, se hace con la voluntad de crear sistemas de información, con vocación de continuidad y con el propósito de que sirvan de soporte imprescindible sobre los que fundamentar mejoras en las políticas de vivienda. 

Sería muy importante que este propósito de conocer la situación del parque residencial, con objeto de iluminar decisiones de planeamiento urbanístico y sobre todo, garantizar el derecho universal a un alojamiento digno y adecuado, comenzase por registrar todas aquellas viviendas propiedad de organismos públicos, las que han sido promovidas por administraciones públicas, las que se han construido o, en general, han disfrutado de algún tipo de ayuda de dinero público. Podría servir como “piloto” para tratar después de extenderlo a todo el parque de viviendas.

Además de que las Administraciones Regionales se doten de normativa legal e implementen los recursos económicos y humanos necesarios para la puesta en marcha de estos sistemas de información, será imprescindible contar con la colaboración de otras Administraciones, especialmente de los Ayuntamientos.

Obviamente, la información que venimos demandando sobre el parque de vivienda, sobre su realidad física y sobre su uso, debería cubrir todo el territorio nacional para evitar indeseables “efectos frontera” y, en todo caso, debería estar sujeta a las máximas exigencias de transparencia. Ha de ser una información, completa, fiable, permanentemente actualizada y fácilmente accesible para toda la sociedad. (JVA).

miércoles, 17 de diciembre de 2014

LOS ABUSOS DEL DESARROLLISMO URBANÍSTICO

El proceso de ordenación territorial materializado más intensamente en los últimos años que nos ha conducido al proceso conocido como “burbuja inmobiliaria”, tiene diferentes elementos que lo han configurado.

El primero está basado en el abuso del desarrollo de suelo urbano. Sería necesario también abordar porqué hablamos de abusos. Seguramente el proceso se inicia antes de lo que pensamos en nuestras imágenes recientes, con varios elementos que configuran dichos “abusos”. Debemos partir de la desregulación del suelo, pasando por las competencias descentralizadas en las comunidades autónomas, como consecuencia de la sentencia de 1997 del Tribunal Constitucional que atribuye, prácticamente en solitario, las competencias en materia de urbanismo, además incorporamos presupuestos municipales basados en un incremento que no requería de la participación individual de los ciudadanos a través de impuestos directos, encontrando un mecanismo de recaudación indirecto a partir de la capacidad de decisión sobre qué suelo es urbanizable y cual no. Tanto promotores como constructores han pagado ampliamente la obtención de la calificación de suelo urbanizable. Lo que seguramente no ha sido reflexionado convenientemente es que este mecanismo indirecto ha terminado siendo repercutido en el precio de la vivienda, con el necesario concurso del sistema financiero, que evidentemente pagan sus compradores. 

Si aceptamos como parte del discurso la definición de burbuja inmobiliaria como un proceso económico en el marco de la especulación, observamos que dicho proceso produce la revalorización continua de un bien al margen de la lógica económica, durante un largo periodo de tiempo y con tal intensidad que necesariamente se tiene que producir una caída importante de su valor. Debemos por tanto considerar que es la especulación el fenómeno que desarrolla la formación de la burbuja.

Los Ayuntamientos a través del Planeamiento General, con la connivencia de los Gobiernos Regionales, han clasificado de manera sistemática mucho más suelo urbanizable del que racionalmente podría considerarse necesario. Pero hay algunas claves sobre las que convendría reflexionar, porque no es tan evidente que los únicos responsables sean los poderes públicos. La actividad financiera ha tenido su parte de responsabilidad, posiblemente la más importante, pues era difícil mantener los beneficios habituales con intereses bajos, con una gran liquidez de masa monetaria, y por si fuera poco la entrada en funcionamiento del euro que refuerza dichos mecanismos. No parece necesario abundar en la responsabilidad del sector inmobiliario.

Parte del proceso se inicia con la incorporación de deducciones fiscales por la adquisición de viviendas en 1979, con la UCD en el poder, que a partir de la reforma fiscal de la recién nacida democracia, nace el conocido IRPF, que incorpora una deducción del 15% en la adquisición de vivienda habitual, a lo que más tarde se añade la deducción por las cuentas de ahorro para vivienda. Por tener un parámetro de este coste fiscal paso de 230 millones en 1980 a algo más de 6000 millones en el año 2007. 

Más tarde la bajada en los tipos de interés, y la integración de nuestra economía en el euro, pasando de un tipo del 11,5% en 1995 a un 3,5% a partir de 2002/3, contribuye de manera considerable al endeudamiento de las familias, que ven una vía razonablemente rápida para resolver el acceso a la vivienda convirtiéndose en propietarios con una buena perspectiva de revalorización que parecía nunca se acabaría, obviándose que tarde o temprano una solución basada en la especulación y vinculada a los beneficios económicos, difícilmente puede abordar la solución de un problema con raíz social. Las miles de viviendas construidas y que ahora constituyen el factor más negro de la crisis, con los desahucios como factor social más evidente, que no se pueden pagar, que se mantienen vacías sin resolver ningún problema, ni el financiero, ni el social, ni tan siquiera disminuyen el problema de mantenimiento de los municipios en esos espacios construidos. 

En el ámbito político nadie quiere asumir la responsabilidad, pero todo el que ha tenido oportunidad de gobierno sobre el territorio, de norte a sur y de este a oeste (como tuvimos oportunidad de verificar en la sesión inicial de este curso el pasado 27 de noviembre) ha participado en el proceso, indistintamente del color político, de la izquierda a la derecha, incluyendo a los nacionalismos. 

Seguramente el elemento que acelera con mayor fuerza este proceso es la Ley 6/1998 sobre el régimen del suelo y valoraciones, pero también hay que reconocer que cuando más viviendas se desarrollan es entre 2004 y 2008, sin que ninguna administración moviera un dedo para impedir el desaguisado que se estaba materializando al amparo de la creación de empleo.

Todos estos factores hacen que sea difícil determinar en que momento aparece la burbuja, pero lo que si es evidente es que 2007 es considerado el año en que se “pincha” la burbuja. En octubre de 2011, Marco Buti, Director General de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, afirma que entre 1995 y 2007, los precios de la vivienda en España crecieron un 155% (Irlanda lo hizo en un 172% y Malta en un 157%).

Lo grave es que a estas alturas del proceso sigue existiendo un acentuado empeño en soportar una parte importante de la recuperación del empleo en el mantenimiento del modelo de “deterioro territorial”.

Parece evidente que este proceso se materializa con el consentimiento del conjunto de la sociedad. Todos éramos partícipes del proceso, nos parecía magnífico que nuestras propiedades, especialmente las viviendas, adquirieran un valor muy por encima de lo que habíamos pagado por ellas. 

En 2008 comienza un brusco descenso en el precio de la vivienda. Aparece un fenómeno determinante como la falta de financiación, que junto a otros factores, hace que la economía sea incapaz de asumir el exceso de viviendas sin vender. 

Todo el mundo responsabiliza a “otros” del proceso de especulación del suelo, pero lo concreto es que todos en mayor o menor grado hemos tenido responsabilidad en la materialización de este abuso desarrollista.

En todo este proceso se han desarrollado múltiples Planes Generales, que lejos de tener criterios homologables y especialmente coordinados, han florecido dependiendo de puntos de vista que poco tenían que ver con las necesidades concretas del crecimiento de las ciudades, y mucho con la competencia con el planteamiento de que los municipios próximos eran capaces de definir. La última “novedad”, en Planes Generales, es la “flexibilidad”, que pretenden resolver los problemas que se suscitan en las ciudades con la urgencia que requiere la civilización actual, pero con un elemento que habitualmente no aparece como proceso, necesariamente, previo: ausencia de un Plan Regional de Estrategia Territorial. Mediante este empeño en que se pretende recualificar la ciudad, producir el suelo necesario para que cada actividad pueda acceder en el momento necesario, recuperar espacios y proteger otros, se incorpora la necesidad de actuaciones en el marco de la rehabilitación, más allá del tradicional casco histórico, incorporándose barrios que absorbieron la emigración de mediados del siglo XX. 

La falta de información influye en la dificultad para la toma de decisiones. No por mucho que digamos y repitamos el argumento parece que seamos capaces de corregirlo, pero hay que insistir que la falta de datos fiables con los que tomar las decisiones en el ámbito del urbanismo, especialmente sobre la vivienda, hace difícil articular políticas coherentes con las necesidades que, en esa materia, tenemos las personas.

Este curso y esta sesión nacen con la intención del Grupo Territorio Racional y Sostenible de contribuir a aportar soluciones a unas incógnitas difíciles de resolver, y esperamos que al menos seamos capaces de dar más luz a las siguientes cuestiones:

¿Qué se puede hacer con esa enorme cantidad de suelo clasificado, pendiente de desarrollo, a medio urbanizar y, siempre, innecesario? 

¿Cómo corregir las actitudes desarrollistas? 

¿Cómo conseguir que los poderes públicos asuman el mandato constitucional de regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”?

José María de la Riva Ámez
Profesor de Geografía