LA NECESIDAD DE RECUPERAR EL ANÁLISIS TERRITORIAL COMO CRITERIO DE RACIONALIDAD CIENTÍFICA EN EL PLANEAMIENTO

Blanca Martín Cortés,
Geógrafa e Ingeniera Técnico Agrícola
Diploma en Estudios Avanzados en "Medioambiente, Territorio y Sociedad" 
Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental
Consultora en planificación y desarrollo territorial

Con motivo de la celebración del curso "Propuestas para combatir el despilfarro urbanístico”, y dentro del marco de la sesión celebrada el 18 de diciembre bajo el título: “Los abusos del desarrollismo urbanístico” intentaré dar respuesta a las preguntas planteadas acerca de ¿Cómo corregir las actitudes desarrollistas? ¿Cómo conseguir que los poderes públicos asuman el mandato constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación?

Partiendo del concepto de que existen abusos vinculados al desarrollismo urbanístico cabe preguntarse acerca de las causas que han provocado esta situación y quién y cómo se han permitido estos abusos.

En principio el planeamiento urbanístico es la práctica y el instrumento legal para la clasificación y calificación de suelo con el objetivo básico de satisfacer la demanda potencial de viviendas y de suelo para actividades económicas. Los resultados de esta práctica, es decir, las propuestas de planeamiento, deberían basarse, atendiendo a los principios neopositivistas que rigen el urbanismo, plasmados en la Carta de Atenas, en principios no sólo de índole político (puesto que el urbanismo es ante todo una función social y pública y como tal dotada de una inevitable impronta política), si no de índole científico técnico, de tal manera que la incorporación del conocimiento de la realidad territorial desde una variable científico técnico sea la clave que garantice la racionalidad científica del planeamiento. 

Sin embargo, la realidad territorial que conocemos, muestra como resultados una serie de abusos sobre el territorio e incongruencias urbanísticas que no se corresponden con la aplicación de los principios científico técnicos de racionalidad territorial. 

Teóricamente, y según recoge el desarrollo legislativo de la práctica urbanística en nuestro país, la documentación de los planes urbanísticos (Memoria Informativa-Justificativa-Normativa-Planos) debe mantener una coherencia, fundamentada en el análisis de la realidad territorial, que ha de sentar las bases de las futuras propuestas. 

Cabe plantearse entonces dónde está el fallo, en qué punto se pierde esa coherencia y por qué sucede esto. ¿Dónde queda el análisis de la realidad territorial en el planeamiento urbanístico? ¿Qué consecuencias tiene la inadecuada consideración de éste sobre las propuestas? Desde aquí creo fehacientemente en la necesidad de recuperar el análisis científico-técnico del territorio y su verdadera incorporación al planeamiento para recuperar su racionalidad científica y dotarlo de verdadera utilidad recuperando su función original social.
Los resultados de una reciente investigación sobre 19 planes generales de la periferia metropolitana madrileña pusieron de manifiesto la absoluta falta de solidez y de coherencia metodológica y de rigor técnico de los estudios demográficos que se traducen en, prácticamente la totalidad de los casos, en un simple compendio de información estadística sin análisis alguno o en aquellos en los que existía análisis, éste presentaba numerosas inconsistencias técnicas, especialmente en el análisis relativo a las proyecciones demográficas (aspecto clave para determinar la capacidad residencial de un municipio a futuro), dando lugar a argumentaciones incongruentes y carentes de cualquier rigor científico (ej.: “el crecimiento de la población crecerá a consecuencia del aumento del número de viviendas” o “Dado que la ciudad de Madrid ha crecido en los últimos años lo mismo sucederá en el municipio”).

En prácticamente todos los planes se ha encontrado la intencionalidad de “demostrar” la necesidad o conveniencia de provocar enormes crecimientos residenciales, sin atender a las necesidades reales derivadas de la dinámica demográfica y siempre desde una perspectiva local. 

Los 19 planes analizados (el 10% de los municipios de la Comunidad de Madrid) clasifican 195 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, lo que supone duplicar la superficie ocupada por el suelo urbano existente, y se traduce en una capacidad edificatoria de 145.000 viviendas que supondría unos 400.000 nuevos residentes en tan sólo 19 municipios de la periferia madrileña (aplicando un tamaño medio del hogar de 2.88 según Censo 2001). 

Estos datos ponen de manifiesto la irracionalidad científica sobre la que se apoyan muchas decisiones convirtiendo al planeamiento urbanístico en un instrumento o respaldo técnico al servicio de los planteamientos que identifican urbanismo con desarrollo económico, legitimando además aquello que debería combatir. 

A pesar de que los planes analizados han sido aprobados recientemente (entre 2001-2010) y por tanto deberían ser representativos de las actualizaciones metodológicas en la materia planificadora, el análisis científico técnico del territorio ha sido sistemática y progresivamente despreciado o infravalorado, motivándose las decisiones por criterios de índole política o económica prioritarios sobre los criterios científico técnicos. Esta situación contribuye al progresivo desprestigio del planeamiento al no dar respuesta a su objeto teórico básico de buscar la equidad, la cohesión social y la sostenibilidad.

Existen varias causas que han podido contribuir a este progresivo descrédito del análisis territorial como base clave del planeamiento para dotarle racionalidad. Entre ellas destacan:

- La falta de voluntad política para recuperar el valor del criterio técnico frente a otros criterios de índole política y/o económica que dan lugar a resultados más insostenibles sobre el territorio a nivel económico, social, funcional y ecológico.

- La incapacidad técnica de los redactores del planeamiento que no disponen de las herramientas ni los recursos necesarios para llevar a cabo trabajos analíticos de calidad y actualizados.

- La falta de cultura territorial de la sociedad que provoca un desentendimiento ante los procesos que tienen lugar sobre el territorio al no ser conscientes de las consecuencias del urbanismo sobre el territorio y la ausencia de mecanismos para fomentar esa cultura territorial, especialmente a través de la formación de los agentes implicados en las decisiones de política territorial.

- El mal funcionamiento de los procesos de participación pública en la toma de decisiones, que contribuyen a que el ciudadano se aleje cada vez más de la toma de decisiones y del poder público. 

- La obsolescencia y rigidez del marco regulatorio del que se deriva una metodología forzada para la redacción de planes urbanísticos, de la cual es difícil salirse y que sin embargo no satisface las necesidades para dar solución a los requisitos del planeamiento.

- Ausencia de metodología clara y específica de análisis territorial para el planeamiento en la que se detallen fuentes de información, procedimientos da análisis, resultados esperados, vinculación con propuestas y con indicadores.

- La dificultad de acceso a fuentes de información permanentemente actualizadas, en formato digital y de libre disposición que permitan su fácil tratamiento.

- La inexistencia de mecanismos de control y fiscalización eficaces y rígidos bajo criterios científico técnicos acerca de las decisiones de planeamiento más allá de la consulta interadministrativa y los procedimientos de consulta pública.

- La ausencia de instrumentos de planeamiento y coordinación territorial que superen la visión local del planeamiento y establezcan unas directrices racionales que promuevan la sostenibilidad integral del territorio nacional.

Parece necesario aprovechar este momento de impasse urbanístico para reflexionar sobre esta situación, sobre las posibles causas que alejan cada vez más al planeamiento urbanístico de su objeto prioritario, habiéndose convertido en un instrumento legal al servicio de la irracionalidad territorial. Como solución principal ante esta situación y con el objeto de prevenir futuros abusos urbanísticos se plantea:

- Recuperar el análisis científico técnico del territorio como criterio clave de racionalidad científica y que éste sea el criterio prioritario frente a otros de índole política y económica ya que es en la falta de rigor científico donde se inicia la perversión de la naturaleza del planeamiento urbanístico. Para ello se requiere voluntad política que devuelva la racionalidad al planeamiento y lo reconduzca hacia el interés general. 

- Prestar más atención desde las distintas disciplinas científicas partícipes en la redacción de planes urbanísticos al desarrollo de los planteamientos conceptuales y metodológicos necesarios para una práctica más correcta del análisis territorial. Hay que reconocer, no obstante, los avances en esta línea a través de la puesta a disposición de los equipos redactores de Instrumentos y Normas Técnicas de Planificación por parte de ciertas Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, etc.)

- Incorporar realmente la variable de la sostenibilidad al planeamiento desde sus tres perspectivas: social, ambiental y económica, contribuyendo a que éste resuelva la problemática del acceso a la vivienda, limitando el consumo de suelo, desvinculando la clasificación de suelo con su valoración económica, limitando las ingentes plusvalías derivadas del proceso de planificación y buscando alternativas a la generación de recursos para las haciendas locales.

- Revisar la función del planeamiento urbanístico ya que parece que se ha convertido en un simple instrumento legal al servicio de los planteamientos que identifican urbanismo y desarrollo económico en vez de ser el instrumento encargado de resolver los problemas urbanos.

- Perseguir la coordinación, cooperación y transparencia entre agentes sociales, ciudadanos y administradores en pro de fomentar la cultura urbanística con objeto de permitir a la sociedad valorar los efectos del urbanismo sobre el territorio y ser partícipes en la toma de decisiones. 

- Exigir directrices territoriales que garanticen la racionalidad de los desarrollos urbanísticos.

Blanca Martín Cortés.

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